Cristián Rojas M.

Más de una generación de alumnas egresó de la Escuela Ramón Barros Luco, de Valparaíso, sin lograr conocerla, ya que desde el terremoto de febrero de 2010 que el edificio se encuentra inutilizable, por lo que han debido deambular por la Escuela Uruguay, la Scuola Italiana y ahora el Liceo 1, que facilitó un sector para que funcione allí el establecimiento, cuya reconstrucción no ha podido materializarse debido a licitaciones fallidas y por el abandono de las obras que hizo la empresa que trabajaba en ello.

En estos años el edificio se ha ido deteriorando y ha sido ocupado por personas en situación de calle, las que hace poco fueron desalojadas.

En 2017 el Gobierno Regional (Gore) aprobó 6 mil millones de pesos para apoyar la reconstrucción, y en 2021 aportó otra cifra millonaria. Al respecto, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, planteó que "hemos estado contribuyendo con recursos a algunos colegios que son emblemáticos en la Región de Valparaíso, como la Escuela Ramón Barros Luco donde el año 2021 disponibilizamos más de 2.400 millones de pesos para la conservación de esa escuela, y transcurridos dos años, sus condiciones materiales hoy día son peores que el año 2021, y objetivamente, no es una responsabilidad del Gobierno Regional".

Municipalidad y slep

De los casi 8.400 millones de pesos visados por el Gore, se habrían ejecutado poco más de $4.500 millones. Desde la casa edilicia aseguran que el recinto ya no es de su responsabilidad, porque lo traspasaron al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), incluyendo la entrega de llaves y con todas las cuentas claras.

Sin embargo, desde el SLEP precisaron que "en enero de este año se llegó a un acuerdo con la Seremi de Educación, la Gobernación y la Dirección de Educación Pública para que sea el Servicio Local Valparaíso quien se haga responsable de liderar el necesario proceso de reconstrucción de la Escuela Ramón Barros Luco. Lo anterior, únicamente es posible si se cumple la condición de que la Municipalidad de Valparaíso finiquite el convenio -mediante un contrato de resciliación- que tiene hasta ahora con el Gobierno Regional".

En esa línea, la seremi de Educación Romina Maragaño, confirmó que el SLEP "está a la espera de que finalice el convenio entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Valparaíso, para así poder levantar el proyecto que permita avanzar en la solución definitiva de recuperación del establecimiento".

Exalumnas piden voluntad

La presidenta del Centro de Exalumnas de la Escuela Ramón Barros Luco, Isabel Soto, dijo que "el sentimiento es de angustia porque ya vamos para los 14 años, la escuela ha pasado por tres establecimientos distintos buscando asilo, por así decirlo, y todavía no logramos ver que por fin esté reconstruida. Hace poco hicieron este plan de sacar a la gente que estaba viviendo dentro del inmueble, es poco lo que podemos hacer nosotros con las gestiones, entonces siempre estamos pidiendo la autoridades que se hagan presentes y que más que nada apelen a la voluntad política para poder reconstruirla".

Cuestionó que "hay hartos temas que influyen en cómo está la escuela, uno de esos es la ley que permite que las empresas renuncien, dejen las obras abandonadas y vuelvan a hacer otra empresa, y las licitaciones, a pesar de que son estrictas, siguen dándole chance a estas empresas de que sigan robando plata".

Sobre lo planteado por la Municipalidad, señaló que "no es tan fácil como entregar las llaves del edificio y dejar de hacerse cargo, hay que terminar varios procesos legales que tienen este momento el municipio. El Gore, para que el Servicio Local pueda por fin gestionar la reconstrucción, por así decirlo".

En ese contexto, subrayó que "apostar por la educación pública parte por una buena inversión y una buena fiscalización, no tan sólo la Municipalidad, también todas las instituciones que han estado a lo largo de estos 13 años han fallado, la fiscalización ha sido horrible y la brecha que deja la ley, donde permite que esta empresa, Puerto Principal, no sólo deje abandonadas las obras de la Barros Luco, sino también el ascensor Villaseca, el Teatro Municipal de Viña del Mar. Debe haber un cambio en la legislación para que no siga ocurriendo esto".

"(El SLEP) está a la espera de que finalice el convenio entre el Gore y la Municipalidad, para así poder levantar el proyecto".

Romina Maragaño, Seremi de Educación

"No es tan fácil como entregar las llaves del edificio y dejar de hacerse cargo, hay que terminar varios procesos legales".

Isabel Soto, Pdta. del Centro de Exalumnas

El consejero regional Manuel Millones señaló que "la situación de la Escuela Barros Luco es muy compleja, dado que una vez que se rescilie el contrato, la unidad técnica debe mandarlo a Mideso para su reevaluación, y una vez que se cumpla ese trámite pasa al Consejo Regional para ver el financiamiento extraordinario. Esa escuela ahora está en manos del SLEP, que debe resolver si serán ellos los que van a volver a licitar o el MOP, y esto debe ser resuelto a la brevedad, por cuanto es el Gore el que debe firmar el nuevo convenio mandato para que el SLEP o el MOP licite las obras".

Fue en el año 2002 cuando 160 familias reunieron fondos para comprar un terreno de cuatro hectáreas en la parte alta de Viña del Mar. Desde entonces, los vecinos del Comité de Vivienda 2000 de Villa Dulce han sostenido un largo trabajo para conseguir los subsidios y permisos necesarios para construir un complejo de viviendas sociales. Un sueño que parecía estar ad portas de concretarse, hasta que se interpuso una organización ambientalista.

El proyecto habitacional de cinco edificios, de nombre "Altos del Mar", es una de las prioridades del Plan de Emergencia Habitacional del Minvu y cuenta con la venia de la Dirección de Obras. Sin embargo, un recurso de protección presentado por la agrupación ambientalista "Entre Cerros", obligó a paralizar las faenas. Lo anterior, por la supuesta existencia de un humedal.

Los vecinos de Villa Dulce aseguran que el movimiento ha sido respaldado por la Municipalidad de Viña del Mar, órgano que ha solicitado en dos ocasiones a la Seremi de Medio Ambiente la declaración de humedal urbano, lo que aún se mantiene en análisis técnico. Asimismo, afirman que miembros de "Entre Cerros" trabajan para la casa consistorial.

Cuestiona asociatividad

Junto a las causas que se tramitan en Contraloría, la Corte de Apelaciones y la Seremi de Medio Ambiente, recientemente se sumó una nueva arista penal, luego de que Fiscalía informara que abrió una investigación por "usurpación de terrenos", luego de recibir una denuncia presentada por el Comité de Villa Dulce contra "Entre Cerros".

La denuncia acogida por la Fiscalía cuestiona que la agrupación ambientalista obtuviera fondos por $7 millones desde el Gobierno Regional, a través de una fundación de adultos mayores que no operaría como tal.

"Existe, en apariencia, una asociatividad entre estas tres organizaciones (Entre Cerros, Municipalidad de Viña del Mar y Gobierno Regional) que es imperativo que se investigue a la brevedad posible", acusa el documento, al que pudo acceder este Diario.

Al respecto, el concejal René Lues (DC), señaló que "me parecen graves las acusaciones de las dirigentas del Comité Villa Dulce 2000, (...) pues esto significaría que la municipalidad ha sido juez y parte durante todo este proceso".

En tanto, el diputado Andrés Longton (RN) apuntó a que "lo que está ocurriendo aquí es lo más cercano a una usurpación y financiada por el Gore. No se entiende que una organización se adjudique un proyecto para realizar paseos en un terreno privado". Su par de RN, Andrés Celis, señaló que "aquí hay un delito financiado con fondos públicos y el Gobernador Regional debe hacerse responsable. Definitivamente aquí algo huele mal y debe ser investigado a fondo".

El diputado Tomás Lagomarsino (Ind.-Partido Radical) espera que Contraloría "llegue a las responsabilidades en torno a esta situación que mantiene paralizado el inicio de obras de este proyecto que daría respuesta habitacional a 160 familias".