Sebastián Mejías O.

Denunciando que el Serviu no ha proporcionado el financiamiento necesario para ejecutar los Proyectos Habitacionales Brisas de Los Andes y San Cristóbal II de Quilpué, la empresa Icafal Ingeniería y Construcción S.A. pretende terminar anticipadamente ambos contratos, lo que retrasaría la entrega de las viviendas que beneficiarán a 820 familias.

Mediante dos cartas dirigidas al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Rodrigo Uribe, a las cuales este Diario logró tener acceso, la firma constructora consigna que "las obras durante este año se estaban pudiendo ejecutar de manera normal", con un avance que en el caso del proyecto habitacional de 600 viviendas de Los Andes llega al 71,7%, mientras que las 220 que beneficiarán al Comité de la Confederación de Conductores de Quilpué tienen una ejecución del 85%.

El argumento de fondo que la empresa pone sobre la mesa es que "el Serviu no ha dado cumplimiento cabal y oportuno a la condición establecida en la cláusula novena de los señalados contratos, en orden a que los recursos necesarios para completar el financiamiento del proyecto debían estar disponibles con anterioridad a que se agotaran los que originalmente el proyecto disponía". Como dicha condición no se cumplió, añaden, "las partes no podrán hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones que emanan del presente contrato, no pudiendo exigirse pagos ni prestaciones de ninguna especie".

Y es que, según Icafal, bajo las "condiciones actuales, sin que se proporcione el financiamiento establecido en los respectivos contratos de construcción, los cuales fueron debidamente revisados y aprobados al momento de contratar, (…) no nos será posible cumplir en tiempo y forma con el compromiso que asumimos con las más de 800 familias involucradas, por razones absolutamente ajenas a nuestra voluntad".

En una segunda misiva que hicieron llegar al Serviu el pasado 2 de noviembre, la empresa reiteró "lo señalado por carta de 29 de septiembre del presente año, la que aún sigue sin ser contestada". En el marco del desarrollo del Proyecto Habitacional DS. 49 San Cristóbal I de Quilpué, expresaron su "disposición para que, de común acuerdo, se explore la posibilidad de poner término anticipado al vínculo contractual existente, dejando en libertad de acción a ese Servicio para que proceda a efectuar una recontratación de obra".

Amenaza de protestas

Consultamos a la empresa para tener una voz oficial que complemente la molestia que expresaron en ambas cartas, pero no obtuvimos respuesta. Aun así, el presidente del Comité de vivienda de la Confederación de Conductores que se beneficiará del proyecto San Cristóbal II Quilpué, Óscar Cantero, contó que desde el Serviu el propio director, Rodrigo Uribe, le confirmó los reclamos de la constructora.

"El director del Serviu ahora está en el proceso de apurar el pago que falta por parte del Minvu a la constructora y me da la seguridad que, de aquí al fin de semana, ya tendría resuelto el problema para que la empresa siga con las obras", indicó Cantero.

Fue hace exactamente un mes que el comité que el dirigente lidera se enteró que la empresa Icafal quería desistir de las obras por incumplimientos del Serviu. "En ese minuto el ministro de Vivienda, Carlos Montes, firmó una resolución para concretar el pago a la constructora, el cual no se hizo completo y es lo que ahora el Serviu debe resolver", explicó.

De ahí que Cantero advierte que "si finalmente este tema no se resuelve y la empresa se va y paraliza las obras, nosotros vamos a salir a la calle a protestar".

Recursos aprobados

Frente a la incertidumbre de las familias por el devenir de estos proyectos de viviendas sociales, desde el Serviu precisaron que luego de la quiebra de la primera empresa constructora fue que adquirieron el servicio de Icafal. En ese escenario de recontrataciones, sostienen, "Serviu Valparaíso ha gestionado los recursos adicionales que son necesarios en estas situaciones para poder dar continuidad a las obras".

"En ambos casos tenemos aprobado parte de estos recursos económicos. Por lo mismo, continuamos tramitando los montos restantes, mientras se siguen ejecutando las viviendas", comentaron.

Desalojo en quilpué

Con el objetivo de agilizar la última fase del proyecto San Cristóbal II de Quilpué, el Serviu y la Delegación Provincial de Marga Marga concretaron ayer el desalojo de la parte del terreno que se encontraba ocupada irregularmente.

Como Serviu informaron que llevaron "adelante lo estipulado por la sentencia judicial para recuperar el paño y concretar esta construcción que ya lleva un 85% de avance". Fue un trabajo desarrollado "en comunicación con el municipio, Carabineros, la empresa constructora, bajo la coordinación de la Delegación Presidencial, para que la restitución del terreno se realice bajo los términos humanitarios, respetando a las personas y, sobre todo, resguardando el derecho de las familias beneficiarias con esta obra de obtener una vivienda definitiva y digna en Quilpué y Los Andes", señalaron.

"Si este tema no se resuelve y la empresa se va y paraliza las obras, nosotros vamos a salir a la calle a protestar".

Óscar Cantero, Pdte. Comité San Cristóbal II

"Serviu no ha podido dar cumplimiento a su obligación de proporcionar el financiamiento suficiente para ejecutar el proyecto".

Constructora Icafal

El Tribunal Electoral Regional de Valparaíso (TER) rechazó la solicitud del alcalde de Rinconada, Juan Galdames, cuyo objetivo era que los concejales que lo denunciaron por notable abandono de deberes, acusando irregularidades en millonarias compras de terrenos, realicen nuevamente el trámite por errores en la presentación del reclamo.

Alberto Precht, abogado que representa a los ediles de Rinconada que lideran la denuncia, aseguró que el incidente rechazado ayer por el TER fue una estrategia del jefe comunal "que buscaba volviéramos a fojas cero y que no se tuviera por presentada la demanda", "una técnica que claramente se utilizó para dilatar y, por eso, estamos conformes de que el tribunal, en derecho, fallara que esto no correspondía".

Proyectó que desde ahora "se podrá iniciar la fase que nos interesa, que es la presentación de pruebas para que así, efectivamente, podamos tener una resolución del Tribunal Electoral Regional lo antes posible, dentro de los próximos cinco o seis meses".

Estrategia dilatoria

Carlos Montenegro, uno de los ediles que lidera la acción contra Juan Galdames, sabía que la estrategia de la autoridad fallaría, ya que "este era un proceso netamente dilatorio". A juicio del concejal, los abogados de Galdames "ven cada vez con más claridad que el TER lo va destituir, a partir de las pruebas contundentes que presentaremos".

Por su parte, el edil Juan Antonio Castillo insiste en la idea de que "estamos frente a una estrategia por parte del alcalde de querer dilatar el proceso, porque sabe que lo que imputamos es muy grave y lo más probable es que termine sancionado".

Alcalde tranquilo

La determinación del TER de no acoger su solicitud forma parte, según el alcalde Juan Galdames, "del proceso y de la discusión que se registra en el caso judicial". Agregó que "como ya lo he señalado en otra oportunidad, estoy muy tranquilo y dispuesto a afrontar la acusación con la misma transparencia y claridad de siempre".

Por su parte, el director jurídico municipal, Jorge Silva, indicó que "como municipio no estamos de acuerdo con la resolución del TER, al estimar que uno de las funciones de los concejales, dentro de muchas otras, al accionar en los tribunales es personal e intransferible; por lo tanto, creo que el colega Precht no tenía representación activa de los concejales acusadores en este procedimiento". Agregó que como municipio irán "al tribunal superior en función que impere el derecho".

"El alcalde buscaba que volviéramos a fojas cero y que no se tuviera por presentada la demanda".

Alberto Precht, Abogado denunciante