Cristián Rojas M.

Por el delito de cohecho fue formalizada ayer, en el Juzgado de Garantía de La Calera, la administradora municipal de Nogales, Paola Moya Córdova, mano derecha de la alcaldesa de dicha comuna, Margarita Osorio, quien está formalizada por estafas reiteradas en otra causa y se mantiene con arresto domiciliario nocturno. En la ocasión también fue formalizado el empresario de la construcción Leonardo Guerra Herrera por soborno. Ambos quedaron con arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 150 días.

En la audiencia, el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), Claudio Rebeco, detalló que desde 2017, Moya, quien ha tenido diversos cargos en el municipio, entre ellos el de jefa de gabinete de la alcaldesa, y actualmente administradora municipal, "ha ejercido tales funciones estando siempre dentro de la esfera de confianza la alcaldesa, doña Margarita Osorio Pizarro, autoridad que se ha mantenido en el cargo desde su primera elección, en diciembre del año 2016".

Funciones claves

Asimismo, indicó que mediante decreto alcaldicio, "el 2 de noviembre del 2017 se autoriza delegación de funciones a Paola Moya para ejercer la siguientes funciones en el Departamento de Salud Municipal: supervisión o fiscalización de materias financieras y contables; revisión previa de procesos de compras o adquisiciones; supervisión en la administración de los recursos humanos materiales y financieros del Departamento de Salud".

Por otra parte, el fiscal detalló que Guerra "es dueño y representante legal de Mantenciones y Obras Civiles Leonardo Guerra Herrera E.I.R.L. (...) Desde el año 2017 y al menos hasta el año 2020, la referida empresa prestó servicios propios de giro a la Municipalidad Nogales, incluido el Departamento de Salud y otras áreas municipales, siendo contratado por el municipio en el marco de licitaciones y tratos directos".

Rebeco precisó que "en el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y mayo de 2020, Paola Moya Córdova, desde las funciones municipales descritas en la Ilustre Municipalidad de Nogales, aceptó recibir del particular Leonardo Guerra (...) diversas sumas de dinero en razón del cargo y de las funciones que aquella debía cumplir, cantidades de dinero que el particular mencionado ofreció y entregó a la empleada municipal".

Agilizar estados de pago

Advirtió que "los traspasos de dinero se realizaron sin que exista una causa como no sea la intención de Guerra de congraciarse con la funcionaria municipal Paola Moya, quien por su posición dentro de la estructura y organización del municipio, contaba, en los hechos, con la posibilidad de adoptar decisiones, impartir instrucciones o ejercer influencia para que otros funcionarios municipales realizarán gestiones en favor de la citada empresa, como por ejemplo, cursar o acelerar estados de pago".

Rebeco también precisó que en el periodo indicado, la empresa de Guerra "mantenía contratos vigentes con la entidad municipal", y en 2019 y 2020 sumó varios contratos más. Además, detalló las diversas transferencias de dinero desde la cuenta bancaria de Guerra hacia la de Moya.

La magistrada Celeste Serrano tuvo presente que ambos imputados tienen irreprochable conducta anterior, por lo que "el tribunal accede a lo solicitado por el Ministerio Público, en cuanto se decreta como medida cautelar el arraigo nacional mientras dure la investigación".

"Desde las funciones municipales (...) aceptó recibir del particular Leonardo Guerra diversas sumas de dinero",

Claudio Rebeco, Fiscal jefe de la URAC

"Se decreta como medida cautelar el arraigo nacional mientras dure la investigación".

Celeste Serrano, Jueza

El Juzgado de Garantía de La Ligua formalizó ayer al exministro de Justicia del expresidente Piñera, Felipe Bulnes, por el delito de lesiones graves, imponiéndole la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima de la riña que protagonizó a inicios de este año en el restaurant "César", ubicado en la comuna de Zapallar.

La restricción que el tribunal le aplicó a Bulnes fue la misma que para su cuñado, Marcelo de Moras, quien precisamente es hermano de su esposa, la exconductora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras. Cabe recordar que ambos fueron formalizados por el delito de lesiones graves por haber golpeado al empresario Jonás Gómez en Zapallar.

Además de establecer un radio de protección de 200 metros para la víctima, la magistrada Margarita Riquelme accedió a la petición de salida alternativa propuesta por el ente persecutor, fijando la audiencia de suspensión condicional para el próximo 29 de diciembre, a las 09.00 horas. Junto a ello, la jueza decretó un plazo de 60 días para realizar la investigación del caso.

Salida alternativa

Por su parte, fiscal adjunto de La Ligua, Mauricio Díaz, dio detalles sobre la salida alternativa que se buscará en este caso. Contó que "luego de haber comunicado cargos a don Felipe Bulnes y a don Rodrigo de Moras, a propósito de su participación en el delito de lesiones graves, el objetivo que se planteó a continuación dice relación con fijar fecha de audiencia de salida alternativa".

Se trata, agregó, "eventualmente de una suspensión condicional del procedimiento, que implica, en definitiva, de alguna manera, recoger el parecer de la víctima, quien también estuvo presente a través del señor querellante, y en ese sentido, promover una forma de término de la nueva audiencia que ya se fijó".

En prisión preventiva quedó ayer uno de los cuatro involucrados en el violento asalto perpetrado la mañana de este lunes a una joyería ubicada en la Galería Cristal, de Viña del Mar, atraco en el cual los delincuentes se enfrentaron a tiros con efectivos de la PDI al ser sorprendidos in fraganti.

El hecho ocurrió cerca de las 10.45 horas y afectó al local Cartier, hasta donde los sujetos llegaron con armas de fuego y cortantes, además de elementos contundentes para romper las vitrinas.

En un amplio operativo se logró la detención de Tomás Enrique Santos Ruiz, quien ayer fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por los delitos de robo con intimidación, homicidio frustrado a personal policial y porte ilegal de arma de fuego. "El sólo delito de robo con intimidación tiene un rango de pena que va desde cinco años y un día a 20 años de privación de libertad, y no es sólo ese delito por el que fue formalizado", precisó en la audiencia el juez Rodolfo Moreno, quien estimó que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de la investigación se fijó en 180 días.