Sebastián Mejías O.

A un mes de dejar el cargo de contralor general de la República, tras ocho años en ejercicio, Jorge Bermúdez desató ayer un verdadero terremoto que caló hondo en las estructuras del Gobierno central y los gobiernos regionales, al denunciar en detalle, frente a la comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputados, todas las irregularidades que se cometieron y que se replican en prácticamente todos los territorios del país, incluyendo la Región de Valparaíso.

Problemáticas detectadas en traspasos "a dedo" realizados por la seremi Minvu y el Serviu Valparaíso, que llevarán a la Contraloría a ejecutar un sumario, así como a enviar el informe con los hallazgos tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado ante hechos que podrían ser constitutivos de delito, son parte de las acciones a seguir.

Fue en una exposición que se desarrolló durante más de tres horas, que el contralor dejó en evidencia no sólo las múltiples debilidades que tiene el sistema a través del cual el Ministerio de Vivienda, sus respectivas seremis regionales, Serviu y los gobiernos regionales, traspasan recursos a fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil vía trato directo.

Todas estas falencias estructurales, según el informe regional emanado ayer por la propia Contraloría, ponen en duda la legitimidad de los doce convenios que la seremi Minvu y el Serviu Valparaíso firmaron en los últimos años. De los múltiples mecanismos que a nivel de los gobiernos regionales podrían configurarse en posibles irregularidades en las asignaciones de recursos, resta todavía que la Contraloría finalice su indagatoria en el Gore de Valparaíso.

Irregularidades minvu

Uno de los puntos críticos del informe final de la Contraloría en su búsqueda de irregularidades en los convenios firmados por la seremi Minvu y el Serviu Valparaíso en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, es que no hubo mecanismos de licitación en ninguna de los doce acuerdos con fundaciones, sino que todas se concretaron por asignación directa de recursos, "a dedo". Según señala el documento, tampoco se justificó el método de otorgamiento en ninguno de los casos.

En total, doce convenios de transferencias de recursos por más de $2.189 millones -cinco de ellos firmados por el actual Gobierno- que, además de otorgarse sin concurso, carecen de garantías para su cumplimiento. Ni un "vale vista, póliza de seguro, boletas de garantía u otro documento que garantice que los fondos públicos otorgados a terceros privados serán usados en los fines y en los plazos establecidos en los respectivos acuerdos", indica el informe.

Asimismo, el resultado de las indagatorias realizadas por el ente fiscalizador constató que la seremi Minvu de Valparaíso no ha definido todavía "algún mecanismo o procedimiento de control necesario para el correcto uso y destino de los fondos públicos otorgados a entidades privadas, a fin de evitar un eventual conflicto de interés entre la entidad a la que se le transfieren fondos públicos y una sociedad que le presta servicios, implicando el riesgo de afectar la eficacia y la eficiencia del programa".

Caso a caso

ProCultura ha sido una de las fundaciones más cuestionadas a nivel nacional y, de hecho, está en la mira del Ministerio Público por varios convenios, incluyendo el que firmó con la seremi regional por un total de $248 millones para el diseño de loteo, especialidades, obras de confianza y expediente de expropiación en el campamento Lomas de Bellavista, Manzana 33 y las Viñas de Irene Frei, de la comuna de Villa Alemana.

Sobre este convenio, además de que diputados pusieran en entredicho los $124 millones que el Gobierno le adelantó a la fundación sin ningún tipo de avance, la Contraloría confirmó una situación que se repitió en innumerables oportunidades. Al momento de suscribir el contrato por $248 millones, ProCultura "no contaba con el giro concerniente a la construcción de proyectos encomendados por la entidad pública, giro que tampoco aparece incorporado en su acta de constitución".

El propio Jorge Bermúdez aseguró, en base a lo que ocurrió con ProCultura y otros casos similares en todo Chile, que "no estaban bien fundados los actos administrativos que aprueban los convenios, es decir, por qué se contrata a esa fundación". Junto a ello, habló de "una falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que se le encargan, en muchos casos no había experiencia".

En el caso de la fundación Enred y los tres programas por $508 millones que se adjudicó a fines de 2022 para diagnóstico socioterritorial de campamentos, es sabido que en agosto pasado la Seremi de Valparaíso inició el procedimiento de término anticipado y solicitud de devolución de prácticamente la mitad de los recursos por incumplimientos de la organización. Confirmando aquello, Contraloría exigió a la seremi ordenar, en un plazo de 60 días, el trámite para "obtener las restitución total o parcial de los fondos transferidos, en observancia de los principios de eficiencia, eficacia y control".

De los recursos asignados a Posible Otro Chile, Arquiduc, Techo para Chile y Vivienda - que en su mayoría se sellaron en el Gobierno anterior- el ente contralor acusó que "no se aportaron antecedentes sobre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar, las especificaciones técnicas y sus tiempos de ejecución".

"No contemplan la entrega de vale vista, póliza de seguro, boletas de garantía u otro documento que garantice que los fondos públicos otorgados serán usados en los fines y en los plazos establecidos".

Informe de Contraloría, Convenios seremi Minvu- Serviu

"Hay una falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que se le encargan, en muchos casos no había experiencia".

Jorge Bermúdez, Contralor general de la República

"El contralor reconoce y afirma que el virus de la corrupción ya ha penetrado en las instituciones. El problema es que las instituciones, léase, el Gobierno, no están haciendo nada para combatirlo".

Chiara Barchiesi, Diputada (Partido Republicano)