Los costos del caso Convenios
El informe de Contraloría demuestra que no se trata de una práctica aislada, sino de un mecanismo de largo alcance. Más allá de las investigaciones administrativas y judiciales, la confianza ciudadana mancillada por el caso exige algo más que puras y simples explicaciones.
Un informe presentado por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para el caso Convenios reinstaló los cuestionamientos a los tratos directos suscritos entre el Ministerio de Vivienda y varias fundaciones contratadas para ejecutar proyectos que atendían necesidades habitacionales, desde saneamiento de campamentos hasta estudios sobre terrenos. Para la región, el reporte de Bermúdez puso en duda la legitimidad de doce acuerdos firmados por la Seremi Minvu y el Serviu Valparaíso para el Programa de Asentamientos Precarios, los que sin licitación alguna adjudicaron más de $ 2 mil millones a doce fundaciones. Cinco de dichos tratos fueros suscritos por el actual gobierno y siete por la administración anterior, en una evidencia de que este mecanismo de asignación de fondos es una falencia estructural del sistema que debe ser abordada de forma urgente, con una mirada que vaya más allá de los casos puntuales ocurridos en Vivienda. Más grave aún es que dichos contratos, de acuerdo a Contraloría, carecen de salvaguardas adecuadas para su cumplimiento, porque no exigen vales vista, pólizas de seguro, boletas de garantía u otros documentos que avalen el uso de los fondos públicos otorgados a terceros privados en los fines y en los plazos establecidos en los respectivos acuerdos. ¿Nadie va a asumir alguna responsabilidad por estas irregularidades?
Más allá de las investigaciones administrativas que le corresponden a la Contraloría y las indagaciones penales que haga el Consejo de Defensa del Estado, cuando corresponda, la confianza ciudadana afectada por estos casos exige algo más que puras y simples explicaciones por parte de la autoridad. La reacción debe ser rápida, antes que el caso enlode y arrastre a todos los organismos públicos y privados encargados de dar una solución al drama habitacional.