Cristián Rojas M.

No han sido fáciles los últimos días para la seremi de Vivienda, Belén Paredes, luego de la exposición que hizo el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en la Cámara de Diputados, detallando a la comisión investigadora del caso Convenios sus hallazgos, entre los cuales objetó 12 traspasos firmados en la Región de Valparaíso, cinco de ellos bajo el actual Gobierno, por lo que parlamentarios de oposición incluso pidieron la salida de Paredes.

"Estos 12 traspasos que señala la Contraloría, que se entregaron a fundaciones en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, son parte de un modelo que viene desde el año 2019, y en ese sentido, ya venían cinco convenios en marcha, muchos de ellos terminados, que habían significado una transferencia en años anteriores de más de mil millones de la región para productos específicos de estas fundaciones. Esto fue un proceso de continuidad, finalmente se siguió trabajando con distintas fundaciones en pos de productos determinados", explicó la seremi.

Añadió que "esto que plantea la Contraloría respecto a cómo se determinan las fundaciones parte de un modelo errado, que tiene brechas y que es necesario modificar, y en ese sentido es que existía un mecanismo nacional para esta firma de convenios, que venía mayoritariamente del gobierno anterior y que se enmarcaba en la normativa disponible, y lo que hemos hecho desde mediados de junio, cuando se expone este tema, es reunir todos los antecedentes para analizar exhaustivamente cada uno de estos convenios, poner término a aquellos que no han cumplido y, por supuesto, implementar las mejoras respecto a ello".

- ¿Por qué se eligió esa fórmula de hacer convenios y no licitaciones?

- En este caso fue parte del modelo establecido en su momento, que ya lleva varios años de implementación, y tenía que ver con la urgencia de los asentamientos precarios. Sin embargo, este modelo, a propósito de los cuestionamientos que han ocurrido y de las faltas que puede tener, y de las fallas que tiene el modelo, es que se ha generado una agenda de modernización que busca cambiar totalmente este modelo, y además, a propósito de la creación de nuevos procedimientos de aplicación y formatos de convenio, que pueda revertir esta situación y tomar las medidas necesaria que también instruyó la Contraloría.

- Una de esas medidas era exigirle a la fundación EnRed la restitución del dinero en un plazo de 60 días. ¿Se hizo aquello?

- Lo primero es que la Contraloría detalla varias acciones que debemos tomar a nivel nacional y a nivel regional, muchas de estas ya están implementando por parte del ministerio, se han generado las 19 medidas, todas aquellas tienen que tener un carácter regional también, crear procedimientos, concursabilidad, registros técnicos de la fundaciones, un modelo nuevo de evaluación de las organizaciones ejecutoras también, y en ese sentido, nosotros, a propósito de los convenios que están vigentes, hemos hecho un análisis y hemos puesto término a aquellos que no han cumplido. En este caso, nosotros terminamos el convenio que teníamos con la fundación EnRed y estamos en el proceso de liquidación para la restitución de fondos.

- ¿Y qué pasará con los convenios con la fundación ProCultura, también objetados por el contralor?

- En el caso de ProCultura, que es otro de los convenios vigentes para el Programa de Asentamientos Precarios, se están analizando las características no cumplidas o las condiciones no cumplidas del contrato, para tomar determinación respecto a su continuidad.

- ¿Por qué se le traspasaron fondos a esa fundación sin que tuviera un giro relacionado con el tema?

- En ese caso, ese traspaso, que viene desde el 2019 y que no son sólo estas dos fundaciones, sino un total de siete fundaciones desde el año 2019, tiene que ver principalmente con este problema que tiene el modelo, en que se reclutan estas fundaciones a propósito de planes de trabajo, pero no existe un proceso de concursabilidad, que es lo que se está modificando. Ahora, con las medidas que ha tomado el Ministerio, se está creando un registro de fundaciones que va a poder permitir dar cuenta de todas las características, condiciones mínimas que tienen que tener las fundaciones para ser parte de este programa.

- Otro cuestionamiento del contralor es que no se exigieron boletas de garantía, pólizas de seguro o vale vista para exigir el cumplimiento de lo pactado. ¿Se definió ya algún mecanismo de control?

- Se están definiendo todos los mecanismos de control, principalmente en la concursabilidad, o sea, todas las fundaciones ahora deben pasar por un proceso de concurso para ser objetos del Programa de Asentamientos Precarios. También todas las boletas de garantías y documentaciones de respaldo que van a permitir, finalmente, que los programas comprometidos se ejecuten. Eso es parte de las medidas regionales que estamos tomando y es parte también del proceso de rendiciones que estamos implementando. La Contraloría señala que tiene que haber un sistema informático para aquello, y estamos implementando el sistema de rendiciones con la Contraloría, entonces ya se están tomando todas las medidas para que estos vacíos que existían en el modelo no afecten nuevamente al programa.

- ¿Se va a corregir el hecho de traspasar dinero a fundaciones cuyo giro no esté relacionado con el tema?

- Así es, el que las fundaciones no hayan tenido el giro adecuado es parte del vacío que tenía el modelo, que se llevaba años implementando, entonces lo más relevante de este registro de fundaciones es que todo va a estar reglado y normado respecto al producto que se requiere y al giro que tiene que tener la fundación. Todo esto es producto de una falta de procedimiento que ya el ministro la ha dado a conocer, y que por supuesto ha venido acompañada de medidas inmediatas que hemos tomado como ministerio, medidas serias y que, por supuesto, va en un cambio estructural y también procedimental del programa.

- ¿Cuál es el balance que hace sobre toda esta situación, en la que incluso parlamentarios de oposición pidieron su renuncia por esto?

- Lo que nosotros estamos haciendo el llamado principalmente es poder a poder aportar a la Contraloría a todos los mecanismos de mejora que estamos haciendo, este no es un modelo nuevo, es un modelo que lleva más de cinco años en la región implementándose. Sin embargo, nosotros hemos sido bien exhaustivos en revisar cada uno de los productos de las fundaciones que han entregado, y es por eso que también estamos poniendo término a aquellos que no han cumplido. Esto es parte del proceso, luego de la exposición del Contralor es parte también de aquello que tenemos que estudiar y aquello que tenemos que analizar y corregir. En la región tenemos un compromiso clave y tenemos un camino trazado respecto al Plan de Emergencia Habitacional. Que tenemos que atender esta coyuntura, por supuesto que debemos atenderla con toda la responsabilidad, pero no se nos debe olvidar que como región tenemos un deber a propósito de la crisis habitacional que tenemos.

- ¿A este modelo se le puso término definitivamente o habrá excepciones en algunos casos?

- No, este modelo tiene un cambio radical en lo administrativo, en lo financiero y en lo jurídico. En lo administrativo, a propósito de todos los procedimientos que se generan; en lo financiero, a propósito de todas las rendiciones y de las instrucciones y sistemas de rendiciones también digitalizados; y por supuesto en lo legal, en que tiene que ver con el cumplimiento de todas las organizaciones o instituciones que trabajan con el Estado.

Emergencia habitacional

- Con respecto al tema del Plan de Emergencia Habitacional en la región, ¿en qué etapa está?

- Nosotros tenemos 31.246 viviendas que tenemos que entregar al fin del periodo del Gobierno, nosotros ya a esta altura hemos terminado 9.065 viviendas, lo que considera un 29% de avance en el Plan de Emergencia Habitacional. Tenemos otras 14 mil en ejecución y por iniciar 7.895. Es un desafío difícil en la Región de Valparaíso, pero estamos avanzando. Y también hemos puesto mucho énfasis en los aspectos referidos a la reactivación económica, al rol que tiene el Plan de Emergencia no sólo en lo habitacional, sino que en la creación de empleo en la región, y también lo que nos ha instruido el ministro Carlos Montes es que nuestro horizonte de cumplimiento de trabajo es el Plan de Emergencia Habitacional. Y si bien tenemos que hacernos cargo de todas estas dificultades que están generándose, tenemos que abordar los temas de manera paralela para no generar un incumplimiento con las expectativas de las personas.

- ¿Creen que puedan cumplir la meta en el periodo de gobierno?

- Es un compromiso que tenemos, el ministro lo ha reafirmado, lo reafirmamos en la región: vamos a cumplir la meta. Para eso hemos diversificado distintas formas de llegar a la vivienda, no sólo el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, no sólo el programa de integración social y territorial, estamos prontos a anunciar proyectos en el marco de la industrialización, que es lo que nos permite acortar las brechas en la entrega de la vivienda.

"Existía un mecanismo nacional para esta firma de convenios, que venía mayoritariamente del gobierno anterior y que se enmarcaba en la normativa disponible".

"Nosotros terminamos el convenio que teníamos con la fundación EnRed y estamos en el proceso de liquidación para la restitución de fondos".