La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó ayer la realización de vuelos de expulsión de inmigrantes en situación irregular en viajes de la Fuerza Aérea (FACh) y vuelos comerciales. "En los flujos migratorios, sobre todo cuando son masivos, se meten entre medio personas que vienen con una agenda criminal y en este caso además organizaciones criminales y ante eso no se puede ser ingenuo", señaló Tohá, consultada por la necesidad de concretar expulsiones.

"En ese caso, no se puede dar un trato solamente con la mirada de la migración, hay que dar un trato con la mirada de la seguridad, la integridad y la protección del país", agregó la secretaria de Estado.

Durante los últimos días, el Gobierno ha sido presionado por la oposición para expulsar a 12.000 inmigrantes irregulares antes de fin de año, línea que fue criticada por el propio mandatario al señalar que es "materialmente imposible".

En radio Duna, la jefa del gabinete detalló el curso que seguirán las expulsiones, acción que contempla una inyección de 1.400 millones de pesos para dos vuelos comerciales y uno de la FACh hacia Venezuela y Colombia o República Dominicana.

"El tema es que la legislación internacional exige que por cada persona que se expulsa haya dos personas de la policía que los escolta. Entonces, efectivamente esto tiene costos muy importantes, porque hay que pagar esos pasajes también, y distrae funcionarios", explicó Tohá.

"Eso no es un obstáculo para expulsar. En todo este tiempo no hemos estado limitados por los recursos ni por los funcionarios, lo que nos limita son los requisitos que son tan complejos", agregó.

Según datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) al Observatorio de la Migración Responsable en septiembre pasado, casi 35.000 personas ingresaron de forma irregular a Chile desde enero hasta agosto de este año, proyectando superar los 50.000 para fin del periodo.

"no genera puentes"

En radio Cooperativa, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) criticó las peleas entre las autoridades de Gobierno y parlamentarios de oposición por la agenda de seguridad. "Tenemos que renunciar a nuestra pequeña cuota de ego y poner al país por delante", dijo y aseguró que "la violencia está descontrolada en Chile".

También llamó a la ministra Tohá a que "se dedique a generar confianzas, a aunar criterios para poder solucionar el tema, más que a generar diferencias", porque "cada vez que viene a la Cámara de Diputados, demuestra su intolerancia y desazón. Nos trata en forma injusta, no genera los puentes que debe generar".

Coincidió con Undurraga el diputado UDI Cristian Labbé, quien afirmó que "el gobierno no puede solo, los parlamentarios no podemos solos y Chile no puede solo, (...) no podemos estar atrincherados en nuestras tonteras, en nuestro ego e ideologías políticas".

Tohá responde

Sobre las críticas, la ministra Tohá respondió que "en estrategias de ese tipo, que lo que quieren es personalizar en mí no sé qué cosa o armar diferencias dentro del equipo de Interior o tratar de construir conflictos políticos al interior del gobierno, yo no participo".

Explicó además que el subsecretario Manuel Monsalve "es el que los convocó (a los ex subsecretarios de oposición) a las reuniones del viernes y del lunes".

"Esas polémicas, si a ellos se les invita y no quieren asistir, bueno, que den cuenta de por qué no asisten. Nosotros no los hemos invitado agresivamente, solamente hemos dicho que nos parece preocupante que esta tradición que hay en Chile tan valiosa de que las exautoridades, cuando los gobiernos las convocan, colaboran, contribuyen, se interrumpa", agregó.

"Si alguien tiene una discusión sobre mi tono, que lo plantee. (...) No me parece que tengamos que entrar en una calificación de las personas", finalizó.

La Asociación de Clínicas de Chile advirtió ayer que la implementación del fallo GES (Garantías Explícitas en Salud), que implica que las isapres deben reducir los precios de sus planes a los aplicados entre 2019 y 2022, "comprometerá gravemente la continuidad de atención a los pacientes".

Según el cálculo de la Superintendencia de Salud, la aplicación del fallo GES generaría una caída de 12,7% en los ingresos mensuales de las aseguradoras. Y después de que la Corte Suprema se negara a aplazar la entrada en vigencia de esta resolución, el gremio remarcó que la misma impactará "especialmente a los que tengan necesidades de salud impostergables o tratamientos en curso".

La declaración de las clínicas agrega que la aplicación del fallo "al mismo tiempo, provocará un efecto negativo en la operación de los prestadores privados de salud, agravando la incertidumbre y la sostenibilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones".

Por lo anterior, sostienen que "se generará un impacto en cadena en el sistema de salud en general, con efectos en el sistema público, y una potencial crisis sanitaria que impactará directamente a las personas".

"Insistimos imperativamente en que los tiempos se agotan y que debemos poner en el centro de la discusión a los pacientes y sus necesidades, para lo cual la autoridad de salud debe proveer mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de los fallos, sin que ello ponga en jaque la salud de los chilenos y chilenas", cierra el escrito.

Tras la publicación de esa carta, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, respondió que "lo quiero decir con claridad para deslindar la responsabilidad del Ministerio de Salud en este tema. Por cierto que nuestra preocupación son los pacientes y nos parece complicada la declaración de las clínicas privadas, por supuesto que lo tenemos en cuenta".