El descontrol delincuencial de los últimos días en Viña del Mar, con sendos "turbazos" en el Mall Marina Arauco, uno que concretó un asalto a la tienda Hugo Boss, y un segundo en Almacenes París, que acabó con una batalla campal a fierrazos, pedradas y sillazos en la entrada de 14 Norte con Avenida Libertad, llegó a confirmar tres verdades bastante poco rebatibles: la primera, que la embajada de Estados Unidos tenía razón con su alerta de inseguridad emitida a comienzos de noviembre para Valparaíso y Viña del Mar; la segunda, que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc 2022) y el subsecretario de Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, bastante verdad dicen al develar alzas en todos los niveles de victimización y con características inéditamente violentas; y, tercero, que Viña del Mar comienza peligrosamente a parecerse a Valparaíso, al menos en términos de inseguridad en diversos cuadrantes del plan, en específico en la Plaza O'Higgins, los alrededores del Mall y el Barrio Poniente, incluyendo el desatendido borde costero. ¿Las causas? Pueden contarse, tal como ya está institucionalizada en el Puerto, la renuncia al combate al comercio callejero ilegal, la inentendible tolerancia con las mafias de estacionadores ilegales que propician amedrentamiento y amenazas a automovilistas, además del evidente tráfico de drogas y de delincuentes que se pasean con maletas con prendas robadas a vista y paciencia de todo el mundo por 12 y 13 Norte con 2 y 3 Oriente, con bodegas en las cercanías.

Súmese a ello la ineficacia e inexperiencia de las políticas por parte de la Delegación Presidencial Regional, cuyo delegado de seguridad anda de viaje en Roma, Italia, por estos días anunciando en redes sociales que volverá "¡más comunista y latinoamericanista que nunca!", y la evidente distancia y desidia con la cual la Delegada -también blindada por el Gobierno para no meterse en líos con el PC- interactúa con las policías.

Agréguense, finalmente, jueces garantistas, que dejan en libertad a criminales por falta de méritos o detalles en el procedimiento, un Gobierno que por motivos estrictamente ideológicos le teme solo a la mención de reunir al Cosena o anunciar Estado de Excepción en una zona que no sea La Araucanía, y parlamentarios más preocupados de un nuevo y fallido proyecto constitucional que de resolver los problemas de la gente.

Cuando Yunia Milanes, capitana del equipo nacional de hockey femenino de Cuba, se trasladó a Chile para competir en los Panamericanos, ya tenía claro cuál sería su decisión: fugarse de su delegación y no retornar a la isla con sus compañeros. Lo que desconocía era que no era la única con ese plan. Finalmente, varios deportistas eligieron quedarse y solicitar refugio al Estado chileno y así evitar ser repatriados.

En su relato, la capitana da cuenta de diversas violaciones a sus derechos, siendo una de las más destacadas el hecho de que, desde los 17 años, ha sido parte del equipo nacional y sólo se le permite ver a su familia dos veces al año, y excepcionalmente -con autorización- si tiene algún familiar con una enfermedad grave. Otra vulneración a sus derechos fundamentales que destaca en su entrevista, especialmente por haber ocurrido en Chile, es que la delegación de atletas cubanos era la única a la que no se le permitía utilizar el metro santiaguino para desplazarse libremente, debiendo trasladarse siempre en autobús para estar más vigilados y evitar fugas, como ya ha sucedido en competiciones anteriores.

Dentro de los distintos trabajos que hacemos en Fundación P!ensa está un proyecto llamado "P!ensa tu Constitución" iniciado a fines de 2021 durante el proceso constitucional de la Convención Constitucional. A través de este proyecto nos acercamos a diversas organizaciones de la sociedad civil con el propósito de explicar de manera clara y simple dos aspectos: primero, qué implica la constitución como pacto político y principal norma jurídica, y segundo, cuáles son los contenidos de la propuesta que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.

La dramática situación de los deportistas cubanos ha simplificado nuestra tarea. Transmitir a quienes participan en nuestras charlas la relevancia de los derechos fundamentales, su regulación, protección y cómo el Estado puede vulnerarlos, resulta un desafío. La dificultad radica en que, con frecuencia, las personas a las que visitamos dan por sentado muchos derechos fundamentales, tales como la libertad de desplazamiento dentro del territorio nacional, la posibilidad de salir del país o, simplemente, visitar a sus familiares a su propio arbitrio. Aunque les proporcionamos información detallada sobre los artículos que regulan estos derechos y ejemplificamos las restricciones que se han impuesto a la libertad ambulatoria, especialmente durante la pandemia, a veces esto no resulta suficiente. Sin embargo, al compartir el caso de Yunia y de otros deportistas, los asistentes entienden inmediatamente a lo que nos referimos y se genera empatía con la realidad de aquellos que carecen de estos derechos mínimos en sus países, ya que resulta difícil imaginar que nos priven de la posibilidad de estar cerca de nuestros seres queridos o de salir del país voluntariamente.

El caso de las atletas cubanas grafica por qué es esencial contar con una buena Constitución y una protección adecuada de los derechos fundamentales. El tema constitucional en el que estamos inmersos es demasiado importante como para subestimarlo y es crucial abordarlo con seriedad, independiente de las motivaciones que nos impulsaron a entrar en él. Esperamos nunca encontrarnos en la disyuntiva que describen los atletas cubanos en sus entrevistas.

¿Por qué? Porque la propuesta es buena. Infinitamente mejor que la rechazada el 4 de septiembre de 2022. Ese fue un intento de arrasar con nuestras tradiciones culturales, sociales y constitucionales, dibujando un país distinto al que hemos sido desde nuestra independencia. La actual propuesta respeta nuestra historia, la valora e introduce significativas mejoras respecto de lo que hoy tenemos:

- En derechos de la mujer se avanza en cuanto a que ellas puedan acceder y ser electas para cargos de elección popular, en igualdad salarial, en plan universal de salud, en sala cuna universal, en el reconocimiento a las labores de cuidado. Y que no se diga que el aborto en tres causales está en entredicho por la modificación de alguna norma del actual texto constitucional, porque -nos guste o no- la sentencia del Tribunal Constitucional que visó la ley que lo permite fundó su decisión en que "los derechos de la mujer deben primar".

-En sistema político, para combatir la demagogia, el populismo y la ingobernabilidad, disminuye el número de diputados, en distritos más pequeños que elegirían entre 2 y 6 diputados en vez de entre 3 y 8, para que puedan estar más cerca de sus electores, encargando al Servel, como organismo técnico imparcial, la tarea de diseñar los nuevos distritos, evitando que eso lo hagan los diputados, que son parte interesada.

-En representación política y participación en el proceso de formación de la ley, en iniciativa popular de ley, en foros de deliberación ciudadana, en plebiscitos regionales y locales, en consulta ciudadana convocada por el gobernador o el alcalde sobre prioridades presupuestarias.

-En modernización del Estado, al distinguir entre el gobierno y la administración del Estado, mejorando la confianza institucional al establecer un régimen general de la función y el empleo público.

-En seguridad, al establecer normas sobre inmigración segura y ordenada, sobre terrorismo y estado de sitio, se crea la Defensoría de las Víctimas y se constitucionaliza Gendarmería de Chile.

-En derechos sociales, los artículos 24 y 25 de la propuesta constitucional establecen que el Estado se obliga a concretar la satisfacción de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a su desarrollo progresivo, a la remoción de obstáculos para asegurarlos, al empleo del máximo de recursos disponibles, con responsabilidad fiscal, a través de instituciones estatales y privadas. Las medidas necesarias para su concreción debe determinarlas la ley, permitiendo a los titulares de esos derechos recurrir a la Justicia para exigir su cumplimiento, quedándole a ella prohibido definir o diseñar las políticas públicas para la realización de esos derechos y así evitar el activismo judicial.

Esta propuesta constitucional es positiva para Chile, permitirá salir de la crisis y recuperar la paz perdida, está hecha en democracia, recoge anhelos ciudadanos y asegura estabilidad.