Ayer por la mañana, la PDI, en conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, allanó las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Santiago en medio de la investigación por el caso Convenios, en específico por los traspasos de millonarios montos en dineros públicos a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social, vinculadas al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la diligencia fue "fruto de una denuncia que el mismo ministro (Montes) y el ministerio interpuso contra un exfuncionario del ministerio, que renunció cuando asumimos como Gobierno, que venía de la administración anterior y puso su renuncia en mayo del año pasado".

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, detalló que la denuncia se presentó el 14 de agosto debido a "dudas y antecedentes que teníamos respecto a ciertas acciones de un funcionario, información que también entregamos a la comisión investigadora en su momento".

El exfuncionario sería Aldo Bastidas, de acuerdo a medios como Ex-Ante o radio Bío-Bío, arquitecto y exanalista del Departamento de Asentamientos Precarios. Ingresó al Minvu en el primer mandato de Michelle Bachelet y, tras pasar por distintos roles, fue ascendido a su último cargo en la segunda administración de Sebastián Piñera. Renunció en mayo de 2022 y, una vez realizado esto, desde la cartera se enteraron que a la vez era jefe técnico de la fundación EnRed.

"Fiscalía nos ha dicho que quiere complementar la información que entregamos al momento de hacer la denuncia y otra información que llegó. (...) Bueno, la fiscalía de Tarapacá considera que requiere información adicional y por eso es que viene acá, a recabar antecedentes de la Subsecretaría, del programa de Política Habitacional, del programa de Asentamientos Precarios y de la División Administrativa", agregó el secretario de Estado, que además remarcó que "nos parece muy bien, tanto que dimos el consentimiento voluntario de esta acción".

El ministro afirmó que su cartera busca "que se clarifiquen las cosas y que se sancione a los responsables (...) Para un país, lo peor es pensar que un ministerio tan importante como el de Vivienda es corrupto; este no es un ministerio corrupto (...) toda imagen que se da en esa dirección es un error".

"No me voy a ir, no voy a renunciar. Voy a quedarme porque quiero clarificar este caso y seguir trabajando en el programa de Vivienda del Presidente Boric", selló.

Lío del Oficio extraviado

Montes además se refirió a los oficios que requirió la Fiscalía al Minvu para obtener más antecedentes sobre el caso y explicó que de cuatro se respondieron tres "y uno quedó como complementario a los anteriores, quedó extraviado en el camino, pero hoy día se están entregando".

Luego llamó a la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, quien explicó que "cuando se hace la denuncia -cuatro denuncias y una querella- se inician las investigaciones por parte de la Fiscalía, se pide más información con cuatro oficios. Tres de esos oficios se contestan oportunamente, y hay un cuarto oficio que pide información complementaria de los tres que ya se habían contestado".

Aseguró que, al llegar el cuarto, "la funcionaria ve la misma materia y pensó que era el mismo oficio que ya estaba contestado, y eso es lo que se clarificó ahora y se complementó esa investigación".

Más tarde, el fiscal jefe de Fiscalía de Iquique, Eduardo Ríos, confirmó la versión de Montes: "Fue muy bien aclarado por el señor ministro. Estamos conformes con la respuesta".

Ayer también la PDI allanó oficinas del Serviu en la Región de O'Higgins por el caso de la fundación Arquiduc, que se adjudicó por trato directo subvenciones de 56 y 65 millones de pesos en 2021.

En una declaración pública, el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, afirmó que el Gobierno sabía del convenio con la fundación Democracia Viva en esa ciudad desde antes que el medio Timeline diera a conocer el caso el 16 de junio.

En específico, el ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez manifestó que "el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario".

"Digo esto, para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un 'rumor', como dijo en su minuto el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi", complementó.

Esto, luego de que Crispi señalara en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que supo del caso el 7 de junio a través de un "rumor".

Contreras continuó: "En este mismo informe se señala que los funcionarios a nivel regional y nacional de asentamientos precarios, jurídica y administración, siempre dieron por adecuados los procedimientos".

"Es decir, estos procesos fueron propuestos, gestionados y aprobados por las autoridades y jefaturas pertinentes. Fue en este escenario donde a los seremis se nos exigió cumplir y ejecutar el presupuesto asignado anteriormente", aclaró.

Por otro lado, dijo que "desde el primer día me puse a disposición para colaborar con la justicia; voluntariamente entregué mis dispositivos; he estado siempre ubicable. Adicionalmente, yo solicité a través de mis abogados una fecha para declarar en Fiscalía".

Finalmente, el exseremi indicó que "tengo la más clara certeza en que mi declaración esclarecerá y disipará dudas que se han instalado debido a la omisión de antecedentes claves".

"Quiero que la ciudadanía y Ministerio Público sepan que siempre he dicho la verdad, que he actuado correctamente y que cuando declare ante la Fiscalía, aportaré con información valiosa para el proceso", selló.

En la comisión de la Cámara, Crispi afirmó que "el Presidente de la República se enteró el día 16 de junio", nueve días después de la versión que ahora entregó Contreras.