El proyecto de ley que organiza la Superintendencia del Medio Ambiente, que debía discutirse ayer en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, no pudo avanzar luego de que la mayoría de los parlamentarios de la instancia se negaran a iniciar la tramitación con la ministra de la cartera, Maisa Rojas, presente.

"Se rompieron las confianzas", indicaron distintos legisladores después de que se conociera sobre una tercera reunión que tuvo la secretaria de Estado en la casa de Pablo Zalaquett (el 19 de octubre), en el marco del escándalo por citas similares de seis ministros sin que fueran informadas, aunque esta vez fue revelado por ella al registrarlo en la plataforma de lobby. En esta ocasión asistieron empresarios, entre otros, de Antofagasta Minerals, Salmones Blumar y Besalco, con quienes habló "sobre cambio climático y pérdida de biodiversidad".

Rojas intentó explicar los motivos de las citas y dijo que "el año pasado estábamos en general y en particular en una situación de bastante tensión por la última etapa de la discusión de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas con los salmoneros en particular".

"Pero en general, es cosa que lean en la prensa, (había) bastante crítica a un ministerio poco dialogante, a un ministerio y a una ministra en particular que ponía por delante el medio ambiente, que era una traba, las inversiones, etc. Ese es como el contexto y recordemos además de una ministra que viene de un ámbito que es el académico en la cual no tiene mayor relación con el sector privado", agregó.

"tender puentes"

La ministra argumentó que "yo veía la necesidad de tender puentes y en ese sentido yo actué de buena fe y fui a exponer, como ustedes ya me conocen, la triple crisis, la manera que este gobierno tiene de enfrentar la triple crisis, la ley marco también climático, la pérdida de biodiversidad, con el recientemente aprobado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas".

"Esto fue informado ayer (martes), se subió ayer por Ley de lobby en la plataforma y prontamente también vamos a responder a los oficios de Contraloría", sentenció sobre el tema.

Daniel Melo (PS), Félix González (FRVS), Francisco Pulgar (Ind), José Carlos Meza (Republicano) y Marcela Santibáñez fueron los diputados de la comisión que se negaron a seguir el diálogo y decidieron no legislar, postergando la discusión del proyecto de ley.

Además, acordaron enviar al Presidente Gabriel Boric una carta para aclarar la situación, pero además para que se defina un interlocutor entre el Gobierno y el Parlamento, dejando entrever que Rojas quedaría al margen de la discusión.

La ministra Rojas registró esta tercera reunión, que se realizó el 19 de octubre, además de otras dos que ya había ingresado con fechas 13 de noviembre y 20 de agosto.

El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, cuestionó la decisión de los diputados: "Se pueden realizar críticas de distinta naturaleza Es improcedente bajo cualquier circunstancia que se excluya a una ministra del debate parlamentario toda vez que conforme a la ley tienen derecho a participar al igual que lo hacen diputados y senadores".

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a las críticas de la oposición y remarcó que "en este caso nos parece que ajustarnos a la ley, hacer lo que la ley mandata, no se puede considerar soberbia. La ley establece qué es lobby y qué no".

Luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara que iba a revocar al menos 50 pensiones de gracia vía administrativa a quienes están condenados o cuentan con antecedentes penales, parte de su sector cargó contra la idea y el diputado del partido Comunista (PC) Boris Barrera criticó duramente la decisión.

"Parece una aberración estar discutiendo proyectos de ley y acciones del Gobierno que pretenden que se les revoquen las pensiones de gracia a personas víctimas de violación a los derechos humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera, a quienes hayan tenido una condena anterior, eso va en contra de cualquier principio y recomendación internacional en relación con la reparación por violaciones a los derechos humanos", señaló.

El parlamentario afirmó que sería "una aberración sin precedentes, que perpetúa la impunidad, porque estamos hablando de personas a las que se les violaron los derechos humanos, que fueron mutiladas, torturadas, personas muertas, con perdigones en sus cuerpos, que aún no tienen justicia".

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que "cualquier decisión pública genera puntos a favor y resistencias. El Ejecutivo da explicaciones, el Presidente las dio, por qué se va a abordar y de qué manera. Y el Ministerio del Interior, en particular, que está a cargo de la evaluación de cada uno de esos expedientes".

"El Ejecutivo ha sido muy preciso respecto de qué asuntos. Primero, tenía que ver con el tema de la competencia, un asunto que el Ejecutivo ha sido claro desde el principio. Y, lo segundo, que el Ejecutivo está estableciendo cuál es el criterio", añadió.

Dentro del oficialismo siguieron los cuestionamientos y el legislador Matías Ramírez del PC dijo que "es un error abrirse a revisar el otorgamiento y dicha revisión puede constituir un acto ilegal y arbitrario a la luz de los compromisos del Estado Chileno en materia de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos".