Sebastián Mejías O.

Que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aprovechara la primera noche del Festival para levantar un cartel pidiendo una "ley de incendios ¡ahora!" incomodó a quienes sienten que la jefa comunal está desmarcándose de sus responsabilidades y de la ausencia de planes comunales de emergencia al momento de ocurrido el megaincendio del 2 y 3 de febrero pasado.

Según el arquitecto y urbanista Iván Poduje, al poner el énfasis en esta ley, lo que intenta la alcaldesa es "tapar su negligencia de haber presentado un plan de emergencia básicamente plagiado, que fue objetado por Contraloría, así como no presentar un plan en tiempo y forma", advirtiendo que por eso "ella tiene una responsabilidad política y, eventualmente, penal". "Al comportarse como activista trata de desviar la atención y culpar al empedrado, apelando a una ley que no resuelve nada", añadió.

A su juicio, "la ley no sirve porque asume que los campos los queman los inmobiliarios y la mayoría de los incendios parten en áreas rurales donde no se pueden construir edificios, porque están fuera del límite urbano".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) cuestionó que una "autoridad municipal utilice una palestra que es cultural, familiar e incluso social, como lo es el Festival de Viña del Mar, para hacer farándula política".

Cree que "no es correcto que allí se haga publicidad a un proyecto presentado por el Ejecutivo, en vez de enfocarse en la labor propia que le compete como alcaldesa". Que se remita "a hacerse cargo de su área, como por ejemplo en este caso, a actualizar los planes de emergencia cuanto antes", instó Teao a la jefa comunal.

Proyecto del ejecutivo

Precisamente, como señaló el diputado, el proyecto de ley de incendios con mayores probabilidades de avanzar en el corto plazo es uno que fue priorizado por el Gobierno y aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, quedando listo para ser tramitado en sala apenas se retome la actividad parlamentaria en marzo.

Impulsado por el Ministerio de Agricultura, la iniciativa regula la prevención de emergencias forestales y rurales. Propone definir en los planes reguladores intercomunales zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF), que concentran un 80% de la población y en las que ocurren un 60% de los incendios del país. El objetivo es avanzar hacia medidas destinadas a proteger a la población, sus bienes, la infraestructura y los ecosistemas, evitando la propagación de incendios.

El proyecto busca, además, fortalecer los instrumentos de gestión forestal (IGF), para así clasificar el territorio según los niveles de amenaza de ocurrencia de incendios forestales y rurales, generando una pauta de prescripciones técnicas obligatoria para su prevención. Todo predio con plantaciones forestales, bosque nativo o formaciones xerofíticas que no cuente con un instrumento de gestión forestal aprobado y que esté un área crítica de amenaza de incendio, deberá contar con un plan de manejo preventivo.

Asimismo, se delimitarán zonas de amortiguación forestal en áreas rurales colindantes con los límites urbanos, con la idea de abordar, en el corto plazo, la gestión del riesgo de incendios en áreas especialmente vulnerables. Por último, se fortalece el rol fiscalizador y se le dan facultades sancionatorias al nuevo Servicio Nacional Forestal.

Nuevas obligaciones

El compromiso que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, espera se cumpla, es que el proyecto se "votaría el primer día de una nueva sesión del pleno de la Cámara de Diputados". Si obtiene un resultado favorable, la iniciativa pasará al Senado para ser mejorada, con la expectativa de tener "esta ley, ojalá, antes del 30 de abril y operativa para septiembre, cuando se pidan los planes preventivos a los distintos municipios del país".

Lo fundamental del proyecto, aseguró, es su capacidad "de obligar a distintos actores a tener despejados los terrenos con cortafuegos obligatorios y también despejada la interfaz urbano-rural".

Dudas de senapred

Escéptico de los efectos que tendría la medida y respondiendo al llamado de la alcaldesa, el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, aclaró que ninguna ley "actúa por sí sola. (...) No porque se escriba en un papel, automáticamente van a quedar todos los problemas solucionados y todo debe ser trabajado en una forma integral".

A diferencia de Ripamonti y el ministro de Agricultura, no está convencido de "porque tengamos una nueva ley, que es relevante e importante, marca una diferencia, (...) porque todo debe ser analizado desde un conjunto". No hay que "generar estas expectativas de que porque salga la ley, o cualquier otra ley, todo esto va a cambiar de la noche a la mañana", aclaró.

Alternativa opositora

En la oposición, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) ve "algunos elementos interesantes" en el proyecto del Gobierno, "pero en general no creo que ayude mucho a resolver los problemas que hemos vivido con los incendios en Viña".

Por ese motivo, aseguró estar trabajando con sus asesores en "un nuevo proyecto de ley que aborde tres elementos: establecer claramente la responsabilidad de la municipalidad en ejecutar cortafuegos y limpieza de quebradas, establecer sanciones para quienes no cumplan con esto y establecer también que, para estos casos, la normativa de protección medioambiental no podrá ser impedimento a la ejecución de cortafuegos".

"No porque se escriba en un papel, automáticamente van a quedar todos los problemas solucionados".

Álvaro Hormazábal, Director de Senapred

"Con esto se obliga a distintos actores a tener despejados los terrenos con cortafuegos obligatorios y también despejada la interfaz urbano-rural".

Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura

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