Conclusiones sobre el caso Socavones
El presidente de la comisión investigadora de diputados, Tomás de Rementería, dice que hubo permisos de obras mal otorgados.
A seis meses de ocurridos los socavones que afectaron el campo dunar de Cochoa y obligaron a la evacuación de 200 residentes de 110 de departamentos pertenecientes a los edificios Kandinsky, Miramar Reñaca y Santorini Norte, la Comisión Especial Investigadora (CEI) comienza a esbozar sus primeras conclusiones sobre las causas de dicho desastre y las responsabilidades asociadas. Al menos así lo anunció el presidente de la instancia, el diputado independiente afiliado a la bancada del PS Tomás de Rementería, quien luego de una inspección en terreno planteó la posibilidad de que "haya habido urbanizaciones que no debiesen haberse hecho y que sobrecargaron el sistema de aguas lluvias, a través de permisos que no se deberían haber otorgado". Enmarcado de esta forma, el análisis del problema carga las responsabilidades a las administraciones municipales anteriores, que emitieron esos permisos de obras y luego cumplieron con las recepciones correspondientes en los tres edificios afectados. Este argumento suma en su camino a todas las autoridades que, de alguna y otra manera, estuvieron involucradas en el desarrollo inmobiliario sobre las dunas y cumple con alinearse perfectamente a la tesis inicial del Frente Amplio y del propio diputado De Rementería, que desde el inicio estuvo alineada al cuestionamientos de cualquier edificación en el lugar. Sin embargo, esta conclusión es parcial y encierra el riesgo de llegar a una solución final equivocada. Aunque el proceso vivido en Concón y Viña del Mar en los últimos veinte años ha encerrado varios excesos inmobiliarios, clausurar cualquier posibilidad de expansión urbana sería un despropósito con más perjuicios que ventajas y se alejaría de los reales anhelos de la ciudadanía que busca un buen lugar para vivir. Una interpretación distinta a la causa de los socavones revelaría que el problema surge en verdad de la falta de coordinación entre las distintas entidades públicas a cargo de garantizar la seguridad del crecimiento urbano y, por tanto, la manera de prevenir nuevos desastres de este tipo es alinear a las autoridades responsables en un camino de mayor diálogo y cooperación, antes que en una espiral de prohibiciones a rajatabla.