Alberto Chang fue detenido y acusado de fraude con tarjetas de crédito en Malta, país en el que se radicó en 2016 luego de enfrentar en Chile un proceso judicial por estafas piramidales.

Según indicó el medio Malta Today, una persona presentó una denuncia ante la policía del país europeo tras recibir una notificación sobre un cobro de más de 500 euros (514 mil pesos chilenos) desde un hotel en el que no estaba.

La policía hizo las averiguaciones en el hotel respectivo, desde donde informaron que la transacción había sido realizada por el chileno Alberto Chang.

Durante la investigación, los agentes descubrieron una "cantidad sustancial" de otras transacciones sospechosas, incluido un informe de fraude de otro hotel en 2022.

Inversor "jubilado"

Por esto Chang compareció ayer ante la justicia maltesa, ante la cual el acusado, de 50 años, se identificó como un "inversor financiero jubilado" en una audiencia que, según la prensa local, también hubo personal del Consulado de Chile.

Durante la audiencia, la Fiscalía acusó al chileno de haber defraudado a un hotel por más de 5.000 euros (5.140.000 pesos chilenos) y de haber tomado fraudulentamente una cantidad superior a 5.000 euros de un empresario maltés que lo ayudó en un proceso judicial anterior.

Chang también fue acusado de hurto agravado, posesión de objetos relacionados con fraude y "uso de un instrumento de pago incorpóreo distinto del efectivo falsificado".

Pese a que el chileno se declaró "no culpable" de los cargos, su abogada, Ilona Schembri, desechó pedir la libertad bajo fianza de su cliente, pues afirmó que "no tiene domicilio fijo, es extranjero y no tiene dinero".

Tras conocerse la noticia, el canciller Alberto Van Klaveren manifestó que Chang "solicitó asistencia consular. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a solicitar asistencia judicial. Existe la posibilidad, como habría cometido un delito en Malta, de una deportación".

Casos en Chile

Alberto Chang fue protagonista de uno de los casos judiciales más mediáticos del último tiempo en nuestro país. Como dueño del Grupo Arcano fue acusado de liderar una trama de estafas piramidales de unos 100 millones de dólares (más de 94 mil millones de pesos).

Chang creó su primera empresa en octubre el 2001, cuando tenía 27 años: la mencionada Arcano, que fundó junto a su madre, Verónica Rajii Krebs.

Construyó una extensa red de contactos y a captar inversiones de cerca de 10 mil personas a las que prometía multiplicar su dinero, relato que mantuvo hasta mediados de 2015. Sin embargo, su negocio comenzó a desmoronarse, por lo que Chang salió el 12 de marzo de 2015 del país para establecerse en Europa.

Se reveló que había orquestado un esquema piramidal de gran escala unos meses antes de su huida. Sus negocios dejaron de ser rentables. Se iniciaron los retrasos en los pagos, las llamadas no respondidas, renuncia de ejecutivos y pagos cesados. Estallado el caso, Chang huyó a Malta, cuya justicia rechazó en 2018 la solicitud de extradición de Chile y lo dejó en libertad.

Una disputa en el corazón del Gobierno se inició a causa del llamado del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), a que militares ayuden en tareas de seguridad pública y su liderazgo en la demolición de varias casas en la toma ubicada en Camino a Melipilla donde fue encontrado el cadáver del exmilitar venezolano Ronald Ojeda: ayer el jefe municipal de Recoleta, Daniel Jadue (PC), criticó duramente a su homólogo.

En el espacio de YouTube "Sin maquillaje", el excandidato presidencial dijo lamentar "profundamente las declaraciones de algunos y algunas de mis colegas, porque siento que como van a la reelección y hay problemas de seguridad en sus comunas, empiezan a sentir desesperación y a mimetizarse con los discursos de la ultraderecha".

"Yo jamás he sido partidario de desplegar a las fuerzas militares en las calles, nunca lo seré", complementó.

En respuesta, el militante de Revolución Democrática explicó que su petición viene de "un proyecto de izquierda que entiende la angustia, los miedos y las necesidades de la gente".

Llamado de Orrego

Por su lado, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, respaldó que haya presencia militar en las calles. En radio Cooperativa, dijo que "en circunstancias excepcionales uno requiere medidas excepcionales".

Reconoció que "el rol fundamental de los militares es cuidar la seguridad externa de un país. Pero en tiempos en que las principales amenazas a la seguridad de un país vienen desde adentro, no de afuera, ya sean actos terroristas o crimen organizado que amenazan las bases de la institucionalidad, sería muy inexplicable que, teniendo como país unas FF.AA. con gran cantidad no solamente de dotación, de equipamiento e inteligencia, no pudiésemos ocupar esos recursos en una batalla interna, que a ratos se pone cuesta arriba".