La imagen del OS-7 de Carabineros llegando a allanar la lujosa residencia del director de la PDI, Sergio Muñoz, en calle Camino La Viña, Las Condes, misma arteria donde viviera tantos años el ex Presidente Sebastián Piñera, con una orden de registro del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y simultáneamente su oficina de calle General Mackenna, es el hecho político más grave derivado del caso Audios, la polémica grabación filtrada por Ciper Chile de una destapada conversación entre el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos en la cual se concertan para cometer presuntos delitos de corrupción y sobornos a funcionarios de la CMF y el SII.

Pericias al teléfono celular de Hermosilla dieron con una conversación entre el abogado y el PDI Muñoz, con el primero en su rol de defensor del exdirector Héctor Espinosa Valenzuela, quien enfrenta un juicio por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público, por los cuales la Fiscalía pide 20 años de cárcel. ¿Qué había en esas conversaciones? Muñoz alertaba al abogado Hermosilla de los pasos del Ministerio Público. Por lo mismo, será formalizado este martes por el delito de infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción Artículo 246 del Código Penal que sanciona el lavado y blanqueo de activos.

Sergio Muñoz Yáñez, el primer "detective de calle" que llegó hasta la cúspide de la PDI, exjefe policial de la Región de Antofagasta y también de Valparaíso, zona en la cual armó un variopinto círculo de confianza que incluía políticos, empresarios y otros personeros, se negó a renunciar durante casi todo el día viernes, cosa que sólo hizo al caer la noche en el Palacio de La Moneda, arrastrando irresponsablemente a su institución a un abismo de fría desconfianza cuando la población más la necesita.

Como bien lo expresó el director de Radio Bío Bío Tomás Mosciatti, el hundimiento institucional es desolador: cuatro exComandantes en Jefe del Ejército procesados (Oviedo, Fuente-Alba, Izurieta y Martínez) y uno condenado (Cheyre); tres exGenerales Directores de Carabineros formalizados (Gordon, González Jure y Villalobos) y dos que serán formalizados (Rozas y el actual, Ricardo Yáñez). Si a ello se suma el actual contexto de crisis de seguridad que vive el país, la suerte de Muñoz, removido antes de la mitad de su período, así como la de su amigo y antecesor Espinosa, solo dan cuenta de que la PDI está podrida.

En las últimas semanas, el Gobierno ha avanzado en la discusión sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), aunque con diversas consideraciones sobre el alcance de esta medida. Esto representa un cambio significativo en el financiamiento de la educación superior. Desde su creación en 2006, el CAE ha financiado los estudios de 1.128.362 personas; de estas, 818 mil están en etapa de pago, de las cuales el 77% ha egresado de instituciones de educación superior y el 23% ha desertado. De los 818 mil beneficiarios en etapa de pago, el 46% está al día y 54% está en mora. Esta situación no siempre fue así, ya que hasta el 2015 la tendencia era una caída en los morosos, pero después del 2016 está comenzó a crecer, hasta que el 2022 superó el porcentaje de beneficiarios al día. Los beneficiarios activos pagan en promedio $52.333, con un 47% pagando $19.744 mensuales. La cuota para quienes solicitaron el crédito después de 2012 es contingente al ingreso, con un tope del 10% y una tasa de interés limitada al UF+2%. En 2022, el Fisco desembolsó US$ 77 millones por estos beneficios.

La condonación del CAE tiene importantes implicaciones macroeconómicas, con distintos escenarios de costos fiscales según el enfoque de la medida. Para contextualizar, si esta fuera universal, abarcando las 1.112.378 personas, implicaría desembolsar del orden de US$11.270 millones (3,7% del PIB). Un siguiente escenario apunta a beneficiar a quienes tengan una deuda que supera el valor inicial del crédito, lo que alcanza a 522.104 personas. En este caso, el costo fiscal sería de US$5.160 millones (1,7% del PIB). Si se quiere focalizar a quienes tienen deuda con saldo remanente pre-2012, el monto a financiar llega a US$4.240 millones, abarcando un universo de 343.025 personas (1,4%).

También se simula para quienes tienen una deuda de aquellos con garantía ejecutada de US$ 3.200 millones (1,1%). Quienes están en esta situación son 332.443. Y por último figuran quienes tienen deuda, pero desertaron de sus estudios. Los beneficiarios serían 176.289, con un costo de US$1.240 millones (0,4% del PIB)

El desembolso es significativo por lo que debe ser cuidadosamente evaluado, considerando prioridades y alternativas, como la reactivación educativa pospandemia. Por ejemplo, la condonación universal del CAE equivale a 37 veces el presupuesto destinado al proyecto de sala cuna universal, una necesidad de gasto incluida en el pacto fiscal promovido por Hacienda y equivalente al 0,1% del PIB. Asimismo, esta condonación sería equivalente a 40 veces el presupuesto asignado al plan de reactivación educativa anunciado por la actual administración, que ascendió a US$288 millones para el año 2023.

Un aspecto crucial para considerar es que no todos los beneficiarios del CAE son iguales; muchos de ellos probablemente obtendrán ingresos personales significativamente más altos que aquellos que no han cursado estudios universitarios. La investigación demuestra una correlación positiva entre la educación superior y los ingresos laborales. Esto implica que aquellos con educación superior completa probablemente se sitúen en el percentil 80 de ingresos laborales, evidenciando el impacto positivo de la educación superior en la movilidad económica y la mejora de las oportunidades laborales.

De los aproximadamente 2 millones de emprendimientos que existen en Chile, más de la mitad son informales. Esta cifra ha aumentado de manera progresiva y sostenida en los últimos años, lo que hace evidente la tendencia hacia la no formalización. ¿Cómo podemos, como Estado, revertir esta situación? Fuimos invitados a la visita de una delegación del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay en el Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viña del Mar. Ahí compartieron su experiencia en la implementación del monotributo y los efectos positivos que esto ha tenido en la formalización. Esto se condice con los datos de la OIT, que señalan la medida como una de las más relevantes para enfrentar la informalidad en todas sus dimensiones.

Desde Fosis impulsamos la generación de ingresos a través del emprendimiento para que las personas puedan aumentar, proyectar y estabilizar los ingresos familiares a través de una idea de negocio nueva o existente. El desafío radica en darle continuidad a este proceso de instalación y que, en definitiva, el emprendimiento persista a través de diversos mecanismos de acompañamiento del Estado que estimulen la iniciativa y su crecimiento.

El desafío de la formalización va de la mano con una política de incentivos para acogerse a un régimen determinado, que logre compatibilizar los beneficios del largo plazo con las necesidades urgentes y cotidianas de las personas. En esa línea, el modelo del monotributo para pyme busca generar un impuesto único y de pago simplificado, sustituyendo el impuesto a la renta, el IVA y obligaciones previsionales. Esto, con el fin de que represente un sustento y respaldo a miles de emprendedores de nuestro país que buscan mejorar su calidad de vida a través de ingresos de carácter estable y duraderos con beneficios de seguridad social.

El monotributo está contemplado en el Pacto Fiscal impulsado por el gobierno del Presidente Boric, y fija una ruta del emprendimiento para establecer un sistema claro, que entregue certezas para que quienes emprenden puedan hacerlo en condiciones de dignidad, con régimen de protección social que se enfoque en la calidad de las prestaciones, accesibilidad e información clara sobre la modalidad a la cual se acogerán los emprendedores.

En esa tarea, el desafío de la información es crucial; la construcción con y para las personas representa un paso indispensable para la concepción del modelo. La experiencia de participantes es fundamental para que, tal como ha ocurrido en otros países en desarrollo, el monotributo se convierta en una herramienta eficaz para la formalización y signifique, junto a otros beneficios, la ampliación de cobertura de seguridad social que contribuya a la universalización.