Dimensionar la catástrofe de Viña del Mar y Quilpué no se puede reducir sólo a las 135 víctimas del fuego, pese a que cada una de aquellas vidas representan el sinónimo de la indefensión estatal y municipal ante los incendios del 2 de febrero. La herida larga, la de las familias afectadas, damnificadas y golpeadas por la tragedia, tardará años en cicatrizar, ello si es que alguna vez consigue hacerlo.

Ante la excesiva tardanza del Gobierno, muchos ya han comenzado a levantar sus viviendas por iniciativa propia ante la realidad climática otoñal consumada para esta Semana Santa, de noches frías, agresiva llovizna matinal y días húmedos. Las autoridades aseguran entender la "frustración" de los damnificados, pero lo cierto es que la molestia por la ineptitud ya los ha llevado a tribunales, donde once familias consiguieron que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictara una orden de no innovar que paralizó el decreto de demolición municipal para El Olivar. Algo que la alcaldesa Macarena Ripamonti también dice "entender".

Ayer fue el turno de la seremi de Vivienda, Belén Paredes, quien debió poner la cara ante las familias dada la inexplicable ausencia -en términos sociales y operativos- del supuesto gerente para la reconstrucción, el socialista y ex director del IPS, Patricio Coronado, y de la descorazonadora inmovilidad del director del Serviu, Rodrigo Uribe. La seremi Paredes explicó que se reforzarán las obras de habilitación para evitar riesgos de remoción en masa o por pendientes, o sencillamente se relocalizará a las familias, para lo cual es menester generar una nueva oferta habitacional en terrenos mejor ubicados y con mayores áreas de consolidación.

De las eventuales 170 medidas, nadie tiene muy claro si están definidas o no pasan de ser una declaración de principios, como lo esboza el resumen ejecutivo del Plan de Reconstrucción jamás detallado de forma pública. No hay mucho que hacer ahí, por cuanto la burocracia y la ideología juegan sus propias partidas en La Moneda y en el despacho del ministro Carlos Montes. Pero donde la seremi se juega algo más que su cargo es en la promesa solapada de que, si bien el Plan es a cinco años, las viviendas serían abordadas en un máximo de 24 meses. A sólo horas de cumplir los dos primeros, es preciso recordarle que sus palabras garantizan una solución habitacional para los damnificados antes de que el Presidente Boric deje el poder.

Las actuales generaciones hemos estado en elevada medida inmersas en un mundo de progreso acelerado, lo que lleva con facilidad a darlo por descontado, como si se tratara de una ley natural inexorable. En realidad, el progreso veloz ha sido excepcional en la historia de nuestra especie. De los como mínimo 300.000 años que hemos existido, la casi totalidad han sido tiempos de penoso estancamiento. El avance vertiginoso tiene poco más de 200 años, cuando irrumpió la revolución industrial, y el más rápido y universal no más de 40, cuando comenzó la globalización liberal.

Resulta clave identificar qué nos ha permitido tener vidas más largas, saludables, satisfactorias y productivas, y cuidarlo. A mi juicio, hay tres pilares muy relevantes: la ciencia moderna y la tecnología que hace posible, la economía libre y el comercio mundial que la amplifica y la democracia liberal. ¿Cuán saludables están? La ciencia sigue siendo fuente de proezas, como las vacunas contra el covid, que salvaron decenas de millones de vidas, o la inteligencia artificial que, aunque no exenta de riesgos, promete impensadas mejoras. La economía mundial ha mostrado una notable fortaleza aun en tiempos de pandemia y guerras comerciales y militares.

Aunque por fortuna no de manera uniforme en todo el globo, el pilar que parece más averiado es el de la democracia liberal. Damos una mirada a la prensa y nos encontramos con que un senador llama a ejercer presión social sobre el Congreso para conseguir la aprobación de las leyes que promueve. Alcaldes de todos los colores se pelean por reclamar militares en sus calles, cuando se sabe que sólo en casos muy particulares ello contribuye a reducir la delincuencia. El teléfono de un abogado saca a la luz graves transgresiones a la probidad de servidores públicos. Y no menos de mil ciudadanos parecen haber fingido ser víctimas de los incendios de febrero para obtener beneficios materiales.

Las que se presentan como formas alternativas de democracia, supuestamente superiores a la liberal, terminan invariablemente revelando su carácter autocrático, y este tipo de gobierno es siempre, a la corta o a la larga, un lastre para el desarrollo. El único camino viable es fortalecer la democracia liberal. Y, probablemente, la principal forma de hacerlo es recordar algo que a veces olvidamos: que el sistema político que defendemos requiere de un mínimo ineludible de virtudes cívicas, tanto de parte de los principales actores públicos y privados como de la ciudadanía en general.

La lista puede ser larga. Pero el rechazo a la violencia, el respeto por las instituciones y el apego a la legalidad, así como la opción por un debate público honesto, informado y orientado al interés general, están de seguro entre esos mínimos sobre los que debemos volver una y otra vez.