Luciana Lechuga

En una semana política que ya transcurría intensa, el senador comunista Daniel Núñez desvió la agenda con su llamado al Gobierno a "convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante sus reformas". También habló de "ver qué cosas puede hacer por la vía de decretos". Su argumento fue que en el Senado el diálogo se ve difícil tras la elección de la nueva mesa directiva (un "quiebre brutal", dijo), que quedó en manos de la oposición gracias a una alianza entre Chile Vamos y Demócratas.

Distintas autoridades de gobierno, incluida la vocera y su compañera de partido, Camila Vallejo, informaron que no les corresponde llamar a la movilización o presión social. El oficialismo se dividió: el Socialismo Democrático tomó distancia, Revolución Democrática lo apoyó y el presidente del PPD, Jaime Quintana, declaró que el citado quiebre brutal "no se soluciona incitando a la presión social, sino agotando todas las instancias de diálogo".

En la oposición, Chile Vamos emplazó al presidente Gabriel Boric a "defender los principios democráticos y la paz social" y la alcaldesa Evelyn Matthei, primera en las encuestas presidenciales, leyó esta declaración como un llamado a un nuevo "estallido social".

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, cita ejemplos de movilización social aprobadas por la ciudadanía "que le dan normalidad democrática a las movilizaciones y no esta criminalización que la derecha hace, interpretando casi una convocatoria a rebelión social de parte de Daniel Núñez, cuestión que nunca hizo en ese contexto".

-¿Cómo analiza lo que dijo el senador Núñez?

-El contexto es que la derecha rompió su compromiso de palabra de respetar un acuerdo administrativo para la conducción del Senado. La derecha advierte, con esta nueva mayoría que se consigue con los votos de Demócratas, que no va a permitir que avance ningún proyecto de legislación enviado por el Gobierno que no sea de su interés. En este ambiente, por ejemplo, la reforma previsional será frenada y se van a postergar las expectativas legítimas y sanas de la población, así como otros proyectos en beneficio de la gente. Frente a eso, Daniel plantea que hay que buscar qué otros caminos pueden ayudar a construir una correlación que permita que se aprueben. Entre esos, una cosa que además es muy recurrente, como la movilización social que se constituye como un correcto mecanismo de presión, como un factor primero democrático y, después, de construcción de opinión pública. Entonces hay un llamado (desde la oposición) de que esto significa casi en la práctica desestabilizar el país. Y lo dicen en un contexto en que los trabajadores de Huachipato están marchando, exigiendo que el Gobierno atienda sus demandas, y en ese caso todos coincidimos en que es normal que lo hagan, porque son sus fuentes laborales, hay un efecto en la economía de la región, etcétera. Lo mismo hicieron antes los trabajadores de Enami en Paipote. Podemos seguir mostrando una cantidad de ejemplos que le dan normalidad democrática a las movilizaciones y no esta criminalización que la derecha hace, interpretando casi una convocatoria a rebelión social de parte de Daniel Núñez, cuestión que nunca hizo en ese contexto. Luego, les llama a arrebato que pudiera haber avances en las políticas públicas por la vía de decreto, como si eso fuera ilegal, y sin embargo el mundo de forma transversal valora altamente que se haya logrado el Copago Cero. El Copago Cero no fue ley, fue un decreto. Entonces, ¿qué se está construyendo? ¿Están tapando la crisis valórica y de descomposición o la corrupción que anota (Luis) Hermosilla, el jefe de la PDI, que compromete por otro lado al propio (Andrés) Chadwick? ¿Es cambiar el eje y el foco donde concentrar la atención? ¿O de verdad es una preocupación por ver cómo mejor se legisla en favor de la gente?

-Habla de hacer presión social en la calle, con sindicatos. ¿De qué otras maneras es posible?

-En un momento en que hace falta que se generen todas las condiciones para destrabar los frenos que ha puesto la derecha desde el punto de vista legislativo habrá que discurrir tantas maneras como sean parte de una corriente de opinión del punto de vista democrático. Nombro, por ejemplo, a la presidenta (Michelle) Bachelet cuando al final de su segundo gobierno llamó a discutir sobre una nueva Constitución. Y hubo cabildos autoconvocados, informes incluso indicando que sobre 300 mil personas habían participado, y eso no tiene nada de raro en un funcionamiento democrático. Otros se dedican a juntar firmas para que se ponga en debate tal o cual medida que atenta contra el medio ambiente, o las reservas de agua, lo que quieran. ¿Y eso por qué va a ser malo? ¿Por qué no va a poder convivir con el proceso legislativo? Desde esa perspectiva creo que están achicando lo que es la comprensión que cualquier persona debe tener sobre de qué se trata el funcionamiento democrático.

-¿Qué otras reformas emblemáticas corren riesgo, mirando este llamado?

-La reforma previsional es una prioridad, pero también está el pacto fiscal, que tiene que ver con el tema tributario. Ahí está en debate incluso cuál es el corte que debiera existir respecto de quién puede pagar más tributos. La DC hizo un punto y subió esto a cuatro millones y medio como corte base. Hay otro tipo de proyectos que tienen que ver con la seguridad, nuevos ministerios, en fin, que requieren nuevos ingresos fiscales. Y todo eso pasa porque se aprueben en el Congreso los proyectos que envía el Ejecutivo y que dicen relación con la mejor capacidad del Estado,

"La reforma previsional es una prioridad, pero también está el pacto fiscal, que tiene que ver con el tema tributario. Ahí está en debate incluso cuál es el corte que debiera existir respecto de quién puede pagar más tributos". "