La Fiscalía Centro Norte pidió formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en las Farmacias Populares y se está a la espera que el tribunal fije la fecha para ejecutar este trámite. Ante ello, el jefe municipal expresó sus sospechas de que esto se haga justo en un año electoral y la oposición dijo querer verlo preso.

Desde el Ministerio Público se dio a conocer que la fiscal Giovanna Ahumada le imputará al exprecandidato presidencial los delitos de cohecho, fraude al Fisco, estafa, delito concursal y administración desleal, por lo que las eventuales medidas cautelares tras la audiencia podrían incluso ser las más gravosas si así lo determina el juez de la causa.

Pese a que las indagatorias contemplaban las sospechas de un delito de cohecho, posteriormente se sumaron pesquisas en torno a otros eventuales ilícitos y cargos por presuntas "faltas a la probidad" por parte de la Contraloría General de la República. Y la semana pasada, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, reveló que se encontraban evaluando la presentación de acciones legales por presuntas "conductas ilícitas" del alcalde Jadue, por lo que se espera que se sume durante las próximas como un nuevo actor al caso.

"Completa inocencia"

Tras conocerse esta información, el alcalde Jadue usó su cuenta den la red social X para expresar a través de un video que "tras dos años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar".

De todas maneras, destacó que este proceso es "el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia".

"Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en diez meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré totalmente inocente", cuestionó el excandidato presidencial PC.

"Hostigamiento"

Tras el anuncio, el exministro Marcos Barraza (PC) acusó en radio Cooperativa que su compañero de partido ha sido "sometido a una permanente campaña de hostigamiento" y que durante el proceso podrá "demostrar que ha actuado conforme la norma existente y conforme la ética que corresponde".

En la misma emisora, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, le quitó "toda intencionalidad a los tribunales sobre alguna intención de hostigamiento o de persecución" contra Jadue.

Mucho más duro fue el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien a través de X que "luego de más de 10 años de corrupción, delincuencia y destrucción de Recoleta, por fin la justicia empieza a actuar y se va a formalizar al alcalde comunista Daniel Jadue. Espero que pronto esté en la cárcel".

Desde el Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que "es una investigación de la justicia. Hay que dar todas las facilidades para que se desarrolle, hay que respetar la autonomía de la justicia y no hay que tener estándares distintos según quién sea el investigado. Como Gobierno siempre lo hemos planteado así, cuando la justicia actúa hay que respetarla, tiene un procedimiento, hay que esperar que llegue a sus conclusiones, no adelantarlas ni darle un uso político a estos procesos. Se trata de quien se trate".

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decidió que Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de esa región, debe volver a prisión preventiva, en el marco de una nueva investigación del caso Convenios.

En esta ocasión, la exautoridad fue formalizada por cuatro delitos de fraude al Fisco por convenios suscritos con la Fundación TomArte en 2022.

El 28 de febrero recién pasado Contreras había quedado con arresto domiciliario total por la investigación del caso Democracia Viva luego de haber cumplido con prisión preventiva desde diciembre de 2023.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, "Contreras intervino de manera indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, instruyendo que se invitara a TomArte y consiguiendo que se le incorporara a la nómina de fundaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos el año 2022".

Esta fundación, sin embargo, había sido constituida el 16 de noviembre de 2021, por lo que, a la fecha de tal invitación a suscribir convenios con el Estado, contaba con menos de un año de existencia y no tenía experiencia acreditable para ser receptora de fondos públicos.

La Fiscalía expuso que el exseremi no garantizó el cumplimiento de los convenios suscritos, "sea mediante la entrega de vale vista, póliza de seguro, boleta de garantía u otro documento, para asegurar que los fondos -que fueron entregados en un solo pago- fueren utilizados para los fines que se establecieron".

"Con su actuar, el imputado abusó de su cargo y de la función pública que desempeñaba, con infracción grave de los deberes en la suscripción de convenios de traspaso de fondos a la Fundación TomArte, referentes al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, sin que esta cumpliera con los requisitos mínimos para ello, lo que derivó en la falta de cumplimiento de la ejecución de las obras convenidas, generando un perjuicio fiscal ascendente a 456 millones de pesos", expuso el fiscal Cristián Aguilar.