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-¿Hoy cuáles son las cárceles más complejas de manera por la sobrepoblación y perfil delictual?

-La Región Metropolitana destaca entre ellas, Valparaíso, Concepción. En el norte La Serena, Arica, que ha sido la frontera para las inmigraciones y se ha elevado considerablemente la población penal extranjera. También tenemos Copiapó, donde hay un hacinamiento extremo, le hemos pedido a la autoridad que ponga atención a ese tema. Esas son las cárceles que revisten mayor preocupación. No desatender que las unidades penales albergan personas que han cometido delitos y que un juez determinó que son un peligro para la sociedad y por lo cual tenemos que hacernos cargo de ellos.

-¿Cuáles son, a juicio de la Agech, las estrategias más efectivas para disminuir los delitos en las cárceles?

-Creo que lo principal, mientras no exista una mejora en la infraestructura, es segregar. Tener diferenciados a los reos de mayor peligrosidad respecto de los que no lo son. Con el nivel de hacinamiento, con el aumento de la prisión preventiva, con la infraestructura actual, se nos hace bastante difícil tener esa segregación. Creo que ahí hay que apuntar, a un plan de infraestructura que permita tener un trabajo diferenciado de la población penal. Y en la práctica, esperaríamos que se lleven a cabo políticas de reinserción seria, que tiendan a modelar la conducta de los reos en libertad. Hoy no se está avanzando en materia de reinserción y los planes son insuficientes para cortar la cadena del delito y modelar la conducta de un condenado.

-¿Qué tipo de amenazas reciben los gendarmes y qué resguardos han tomado respecto a sus familias?

-El personal de Gendarmería a diario puede sufrir algún tipo de amenaza de la población penal, pero nosotros sabemos que es parte de tratar de inhibir la acción de los funcionarios. Estamos expuestos, sabemos que existen riesgos respecto de nuestra función y la institución tiene que apoyar con apoyo jurídico cuando este tipo de situaciones pasan. Esperamos que eso no se extrapole a la familia de nuestros funcionarios. Al día de hoy no conocemos de situaciones que sean graves.

-¿Cree que funcionaría en Chile un "estilo Bukele" como en El Salvador?

-Creo que en Chile sí hace falta una cárcel de máxima seguridad. Tenemos una población penal de alto compromiso delictual que, insisto, debería tener un trato diferenciado respecto de población penal que sí se debiese intervenir en materia de reinserción. Debiese existir una cárcel diferenciada con un régimen interno más estricto.

-¿Qué tan cerca estamos de situaciones de motines en cárceles como los de Ecuador o Venezuela, o de Rosario en Argentina?

-Nuestra posición es que el sistema penitenciario chileno no se asemeja al de los países que usted está señalando, conforme a que solamente por las imágenes de televisión se podía ver internos que están armados (con armas de fuego), que tienen el control absoluto del régimen interno. Aquí en Chile eso no pasa en ninguna parte. Motines han existido siempre en la historia penitenciaria, pero han sido controlados.

-¿Qué siente cuando dicen que Gendarmería ha perdido el control de las unidades penales?

-Generalmente lo dice gente que desconoce cómo opera el sistema penitenciario. Nos duele, sí. Al personal le molesta, porque la realidad de las cárceles la conocemos nosotros y hoy cualquier autoridad política del país puede visitar una cárcel y va a salir sin ver dañada su integridad física como ocurre en países vecinos. Eso da cuenta de que tenemos el control. Se tienen que seguir evitando situaciones como la comisión de delitos, pero para eso necesitamos que se invierta en tecnología como se está haciendo ahora y, en la medida que eso se haga, por cierto que mejora la función pública de nuestro personal.

"La tenencia de celulares es un tema complejo (...) Hay que considerar que las cárceles hoy están al interior de los radios urbanos, donde es fácil que, a través de lanzamientos sobre la muralla, se coordine el envío de elementos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares. Son muchos los factores. Tampoco hay que desconocer que hay funcionarios lamentablemente involucrados".

Caso Convenios: Carlos Contreras sufre duro revés y deberá seguir en la cárcel

INVESTIGACIÓN. Corte de Apelaciones de Antofagasta consideró que los antecedentes aportados por Fiscalía apuntan a la existencia de fraude al Fisco.
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta decretó prisión preventiva para el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien se encuentra formalizado por la Fiscalía de Antofagasta por fraude al fisco reiterado en la llamada arista TomArte del Caso Convenios.

De esta forma, Contreras regresa a la cárcel y permanecerá allí los 75 días decretados para la investigación.

Anteriormente, Contreras, junto a Daniel Andrade, representante de la Fundación Democracia Viva, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, pero tras una revisión, ambos recibieron arresto domiciliario y arraigo nacional.

"La Fiscalía comunica que el día de hoy, una vez procedida la vista del recurso, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió confirmar la resolución que dispuso la prisión preventiva de el exseremi Carlos Contreras por estimar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad", señaló el fiscal Cristian Aguilar.

Según el tribunal de alzada, de acuerdo a los antecedentes expuestos existe la presunción de la existencia del delito investigado y de la participación de Contreras como autor. Además que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

"La referida resolución hace mención que comparte los argumentos del juez de garantía recurrido en el sentido que existen antecedentes suficientes para presumir que los hechos configuran el delito de fraude al fisco, que tienen a su vez antecedente la celebración de cuatro convenios en favor de la Fundación TomArte, hechos ocurridos en el año 2022 por un total de 456 millones", agregó el fiscal Aguilar.

Entrega de dineros

Los cuatro convenios con la Fundación TomArte y que se están investigando, se firmaron entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de 2022.

Los convenios con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda fueron parte del programa Asentamientos Precarios por los cuales la fundación recibió los 456 millones de pesos, destinados a los campamentos Sol Naciente, Juanita Cruchaga y Arian Coni, en donde se invertirían $400 millones, más $56 millones destinados a realizar diagnósticos sociales en diversos campamentos de Antofagasta.

Antes de conocerse la resolución, el exseremi había afirmado hace algunos días que "se me responsabiliza otra vez de las prácticas adoptadas por Verónica Serrano (tía de Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda) durante su gestión como jefa Nacional del programa Asentamientos Precarios. Estoy tranquilo y espero que la investigación considere los antecedentes del manual de transferencias y establezca que no tuve potestad administrativa para cometer fraude".

El denominado Caso Convenios se dio a conocer el 16 de junio de 2023, cuando el medio Timeline reveló la entrega directa de millonarios montos de dinero a la Fundación Democracia Viva y así evadir la fiscalización de Contraloría, donde participaban diversos dirigentes del partido Revolución Democrática.

Este caso abrió una línea de investigación que incluye a 53 fundaciones de todo el país y que tenían procedimientos similares. Según la Fiscalía, el monto total de la defraudación llegaría a los 14 mil millones de pesos.

Oficialismo presentó sus candidatos para competir por la alcaldía de Providencia

MUNICIPALES. Una de las postulantes es Josefa Errázuriz, exalcaldesa (2012-2016).
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La Agrupación Alcaldía Ciudadana por Providencia, conformada por partidos oficialistas y grupos independientes, dieron a conocer sus precandidatos para competir por el sillón municipal.

El PPD presentó como precandidata a la exalcaldesa de la comuna, Josefa Errázuriz, cuya gestión fue cuestionada por el uso de recursos y por haber facilitado el edificio consistorial para el matrimonio civil de un sobrino durante su mandato (2012-2016).

"No ha habido absolutamente ningún peso derivado de los fondos municipales a proyectos personales de algunos colaboradores o el mío propio", aseguró Errázuriz.

Los otros precandidatos son Pedro Araya (PC), Giovanka Luego (FREVS), Bartolomé Reus (PL), Macarena Fernández (CS) y María Villegas (PS).