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dormía en un domicilio ubicado a la altura del paradero número 15 en Olmué. La víctima fue trasladada al Cesfam de la comuna y luego al Hospital Biprovincial Quillota Petorca, donde falleció.

Y el 28 de junio fueron encontrados dos cadáveres con heridas de bala, correspondientes a hombres presumiblemente dominicanos, en un sector despoblado cercano a la vía F366, en la comuna de La Cruz. Los disparos habrían sido percutados en ese lugar y los cuerpos fueron arrojados a un barranco.

ASALTO a CASA DEL ALCALDE

También en 2023, en la madrugada del 5 de julio, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, sufrió un violento asalto en su su casa, ubicada en el condominio La Higuera.

Un grupo de cinco sujetos armados irrumpió por una ventana en el inmueble donde el alcalde estaba durmiendo junto a su esposa y sus tres hijos. Los delincuentes lo golpearon violentamente y amarraron de pies y manos, sustrayendo diversas especies, entre ellas celulares, tarjetas de crédito y una camioneta en la cual huyeron, la que fue hallada dos días después, quemada, en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar.

El 16 de octubre fueron detenidos seis sujetos, presumiblemente integrantes de la banda, y el 12 de diciembre fueron formalizados por 11 delitos en el Juzgado de Garantía de La Ligua. La banda, describió el fiscal a cargo, cometió los ilícitos entre junio y julio del año pasado, y más de una treintena de personas fueron víctimas de esa asociación ilícita.

Mayor violencia

Tras la primera reunión técnica de seguridad ciudadana organizada por la Fiscalía Local de Limache, el 28 de diciembre del año pasado, se dio a conocer que al 30 de noviembre, los delitos de mayor connotación social en Limache y Olmué registraban un aumento de 17% respecto del mismo período del año anterior, en tanto que la categoría de homicidio presentaba un alza del 150%: de dos casos subió a cinco.

José Uribe, fiscal jefe de la Unidad Regional de Análisis Criminal y Focos, quien además está a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, que comenzó a operar en noviembre de 2023, señala que a partir de los cinco casos de homicidio se puede hablar de un aumento de la violencia en múltiples aspectos, pero no en contexto de crimen organizado, pues dos de ellos fueron frustrados y los otros tienen distintas motivaciones, como el robo.

"Lo que sí tenemos como regla general es que hay un aumento de la violencia, y ese incremento en comunas pequeñas o rurales tiene múltiples causales, no es que esté asociado a crimen organizado", indica el jefe de la URAC y ECOH.

Aun cuando con sus más de 229 mil habitantes no se puede hablar de comuna pequeña o rural, Quillota es motivo de preocupación, a pesar de que entre 2022 y 2023 bajaron de cinco a dos los casos de homicidios en contexto de crimen organizado. En lo que va de 2024 se registra un caso de esta naturaleza y la unidad especializada del Ministerio Público mantiene una investigación vigente que ya tiene cuatro personas en prisión preventiva.

Otra es la problemática en sectores cordilleranos de la provincia de Petorca, donde todos los años se detectan grandes plantaciones de marihuana. La policía reporta entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 la incautación de casi 70 mil plantas y más de 31 toneladas del producto elaborado, así como de una escopeta con 20 tiros.

"Preocupa bastante la zona de Petorca vinculada con la parte sur de la Región de Coquimbo. Se trata de sectores cordilleranos de difícil acceso donde hay grandes cultivos de cannabis sativa. En 2023 logramos buenas detenciones, más allá de las incautaciones que hacen Carabineros y PDI, que es un número importante, pero no el principal. A nosotros nos interesa desbaratar las organizaciones criminales que se dedican a eso, en eso estamos trabajando", detalla el fiscal Uribe.

Preocupación en la zona

La expansión de la violencia delictual y eventualmente del crimen organizado a localidades más pequeñas y/o alejadas de grandes núcleos urbanos preocupa en especial a los alcaldes y a la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, a la que están afiliadas 29 de los 38 comunas de la Región de Valparaíso.

Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado y secretario general de AMUR, declaró en una publicación de El Mercurio sobre el tema, que "estamos haciendo todas las gestiones posibles para que se tomen las medidas orientadas a evitar que el crimen organizado pase de ser una amenaza a una realidad en nuestra comuna, que tiene un amplio territorio", de modo que "perfectamente podrían venir a radicarse algunas de estas bandas que van buscando donde resguardarse".

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, plantea que la delincuencia y el crimen organizado "ya están en todas partes, en las principales ciudades y ahora también acotados a zonas rurales, donde hay menos presencia policial, porque es allí donde los delincuentes se van a residir y desde allí se organizan. Los cabecillas habitualmente se instalan en esas zonas".

Dice que el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en territorios donde podría no tener los resultados esperados, como es el caso de comunas incorporadas al Plan calles sin violencia a causa de los homicidios que concentran, en circunstancias que los victimarios no necesariamente residen en ellas.

"Lo anterior nos hace concluir que cada vez notaremos más la presencia de delincuentes en zonas rurales, porque allí es donde están residiendo hoy día, y eso debe tenerlo claro el Gobierno", sostiene.

El diputado Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, coincide en que "los sectores rurales están siendo un escondite perfecto para aquellos delincuentes que quieren estar aislados y delinquir impunemente al tener espacios mucho más amplios y menos resguardados para esconderse también de la persecución policial".

Por eso, agrega, en esas zonas "no solamente hay que redoblar la labor policial y de persecución, sino también las labores relacionadas a inteligencia, sobre todo a bandas del crimen organizado que aprovechan lugares como Olmué o Limache para delinquir más tranquilamente. Esto debe ser un foco de atención por parte de las policías, pero en particular del Ministerio del Interior porque este fenómeno se está extendiendo a lo largo de toda la región".

El diputado ejemplifica con lo que ocurre al interior de Petorca, por las plantaciones de droga, o en Cabildo, "donde el alcalde está muy preocupado, y que son focos a los cuales no se les está dando tratamiento respecto a un plan específico", sobre todo "cuando se trata de una delincuencia que ha evolucionado" y que afecta además a las personas que se han radicado en sectores rurales por la tranquilidad que brindan. y que ahora son víctimas de delitos.

Más firmeza y decisión

El alcalde de Olmué, Jorge Jil, dice que "la delincuencia es móvil, y a nuestro juicio la movilidad de las zonas urbanas a las rurales, se debe a las políticas públicas que han buscado resguardar la seguridad de los núcleos urbanos, desprotegiendo las zonas rurales, sin haberlas dotado de infraestructura y recursos para enfrentar esta situación".

El jefe comunal atribuye el alza de homicidios en Limache y Olmué a que "la movilidad de la delincuencia ha traído a las zonas rurales a delincuentes más peligrosos y con mayor nivel de agresividad, lo que sorprende a los propios vecinos, dado que no estaban acostumbrados a este tipo de violencia, pero también saben que los municipios del interior no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el déficit de dotación y presencia policial".

"La preocupación está y creo que las autoridades están conscientes y han estudiado este fenómeno, pero aún no se han implementado políticas efectivas para combatir la delincuencia", resume el alcalde, a la vez que plantea la necesidad de "actuar de forma más firme y decidida, creo que falta una respuesta más efectiva por parte de las autoridades". 2

Graves delitos, sin excluir ocurrencia de balaceras que dejan muertos y heridos, generan preocupación en quillota

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Violentos tiroteos y hechos de sangre se han venido registrando en Quillota en los últimos meses, entre ellos una balacera al interior de un local nocturno el 8 de enero de 2023, cuando tres sujetos ingresaron al local abriendo fuego. Los disparos alcanzaron a dos extranjeros, uno de los cuales murió en el lugar producto de un impacto en la cabeza, mientras el otro quedó grave.

El último fin de semana de enero de 2023, cuatro extranjeros indocumentados atacaron al dueño de una propiedad que les arrendaba habitaciones en la ciudad, luego de que se les cobrara el alquiler que adeudaban. Los hechos ocurrieron en una casa de Villa Los Patos donde Luis Ferrada compartía con dos vecinos y amigos.

Hasta ese lugar arribaron los atacantes, quienes agredieron a la víctima con piedras y luego lo apuñalaron, tras lo cual registraron el hogar y robaron 500 mil pesos antes de huir, pero fueron localizados y detenidos en un bus que habían abordado en Quillota y en el cual pretendían llegar a Santiago.

Fueron formalizados por homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, y quedaron en prisión preventiva. La magistrada Laura Catalán señaló que los testimonios fueron "fuertes y contundentes para establecer la agresividad con la que actuaron estas cuatro personas en la muerte de Ferrada que se encontraba en indefensión física cuando fue atacado".

Una nueva balacera se produjo el 5 de noviembre, pasadas las 22 horas, en la Villa Leonardo Da Vinci de la misma comuna. Cuando llegaron los efectivos policiales alertados por los vecinos, encontraron baleados en la calzada a dos jóvenes de 17 y 19 años, con heridas en el abdomen y en la pierna izquierda, respectivamente. Fueron trasladados al Hospital Biprovincial Quillota Petorca, donde se negaron a realizar declaraciones sobre lo ocurrido.

Como secuestro con homicidio se investiga la muerte de un repartidor venezolano de 27 años, en situación migratoria regular, asesinado con al menos siete disparos en un departamento de la Villa Los Aromos, el 19 de enero del año en curso. Ello por cuanto el hermano de la víctima recibió llamadas extorsivas de presuntos miembros de "Los Hijos de Dios", exigiendo $5 millones para el rescate. Se detuvo en Quillota y Lo Prado a cuatro personas, tres venezolanos en situación irregular y un chileno. 2