La sorpresiva irrupción del actor Reinaldo Vallejo Navarro, padre de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo Dowling, como candidato del Partido Comunista para la alcaldía de Algarrobo salpimentó el fin de semana político en la Región de Valparaíso.

Su currículo muestra presencias en series, películas y telenovelas como Bianca Vidal, Alguien por quien vivir, Matrimonio de Papel, Secreto de familia, La huella, Machos, Héroes, No y Talión. De origen viñamarino, Liceo Guillermo Rivera, un breve paso por la Armada e ingeniería eléctrica en la PUCV, y larga militancia comunista, es hermano del también actor y sindicalista Hernán Vallejo, e hijo de Laureano Vallejo Ladrón de Guevara, abogado y secretario general de la Empresa Portuaria de Valparaíso en tiempos de Salvador Allende. Estudió Teatro en la Universidad de Chile, donde -según recordó en una entrevista de hace más de una década- fue compañero de Coca Guazzini y Gonzalo Robles, además de compartir pensión con Patricio Torres, y experimentó en la compañía de teatro El Riel. Desde hace años, trabaja en la instalación de calefacción central, aire acondicionado y colectores en loteos de bodega a través de la empresa Valldow Ltda., que conforma con su esposa, Mariela Dowling, pyme acusada de haber postulado y ganado una millonaria licitación en 2015 para calefaccionar el Palacio de La Moneda, algo que habría sido desmentido por Contraloría tras un oficio de la entonces diputada Vallejo.

Algarrobo, comuna dirigida hoy por el alcalde Marco Antonio González (RN), designado por el Concejo Municipal tras la destitución del exjefe comunal José Luis Yáñez (UDI), en presión preventiva y a la espera de juicio como autor de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y cohecho, ilícitos que realizó mientras ejercía su cargo, y que superarían los mil millones de pesos, pasa así a ser una de las vedettes electorales, con la posible inscripción de la animadora de televisión, Katherine Salosny, con el apoyo de la DC.

Comenzando el año 2023, hace casi dos años, el Presidente de la República anunciaba el lanzamiento del Plan de Reactivación Educativa, una medida de emergencia para intentar paliar y revertir los efectos perniciosos del prolongado cierre de las escuelas durante la pandemia. Si bien varias de sus iniciativas van en la dirección correcta, estas han sido rezagadas y han carecido de alcance, presupuesto y de un mecanismo de seguimiento claro que permita evaluar su efectividad.

La situación es alarmante: en 2023 aumentaron las denuncias de convivencia a la Superintendencia de Educación; casi 200 mil alumnos perdieron más de la mitad del año escolar; aumentó la cantidad de estudiantes que desertaron del sistema; disminuyó la asistencia promedio a los establecimientos dependientes de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP); y los puntajes Simce siguen por debajo de los niveles prepandemia.

El Plan de Reactivación contempla políticas para abordar cada uno de los problemas aludidos, pero estas no cuentan con la escala necesaria ni con evidencia suficiente que las avale. En un intento por mitigar los crecientes problemas de convivencia escolar, el Mineduc amplió el alcance del plan Habilidades para la Vida, el cual, paradójicamente, no reporta un impacto significativo sobre sus beneficiarios (De Chaisemartin y Navarrete, 2023). Por otro lado, ante el alarmante número de alumnos que desertaron el sistema, el presupuesto para contratar equipos de revinculadores fue limitado: actualmente, 167 comunas del país (el 54,9% no forma parte de un SLEP) no cuentan con un profesional para sus equipos de revinculación.

Finalmente, los esfuerzos por levantar los aprendizajes están lejos de tener una cobertura deseable. Las tutorías de lectoescritura implementadas en 2023 abarcaron a 21 mil estudiantes, apenas un 0,6% de la matrícula escolar subvencionada. Además, la Estrategia de Reactivación de la Matemática asistió a tan sólo el 4,1% de los docentes vinculados a una escuela en 2023. ¿Se trata entonces de un déficit de recursos de la cartera de educación en general? Ciertamente, no. El presupuesto fiscal para el año 2024 deja las prioridades claras: el gasto designado a la educación superior aumentó en más de $313 mil millones, mientras que el monto asignado exclusivamente a la reactivación escolar fue cercano a los $31 mil millones (9,8 veces menos). Para colmo, en el nivel parvulario se recortaron los aportes estatales.

A la fecha, la reactivación educativa ha sido una promesa incumplida y ha estado lejos de ser una prioridad para el Ministerio de Educación. Es inadmisible permitir que se normalice la aguda crisis que enfrenta el sistema educativo. Hacen falta recursos y sistemas de monitoreo activos que permitan tanto expandir las iniciativas exitosas como reformular las infructuosas; de lo contrario, seguiremos cargando gran parte de la reactivación educativa sobre las ya exigidas comunidades escolares.