Gian Franco Giovines D.

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite un recurso de protección presentado en representación de 21 familias del sector El Olivar de Viña del Mar, quienes se oponen al decreto de demolición municipal N° 3705, que ordena la remoción de los restos de 942 viviendas afectadas por el megaincendio de febrero. Asimismo, se decretó la suspensión inmediata de las obras coordinadas por el MOP, a través de una orden de no innovar emitida por el tribunal de alzada.

La acción judicial en contra de la Municipalidad de Viña del Mar y los ministerios de Vivienda y Obras Públicas fue interpuesta el pasado 10 de abril por la abogada patrocinante Alexandra Diamantidis, en representación de 21 recurrentes que no están conformes con el proceso de demolición, por lo cual solicitan suspender las obras hasta no contar con certezas del proceso de reconstrucción e informes técnicos que acrediten el riesgo de derrumbe de las propiedades señaladas.

La abogada recurrente explica que el decreto emitido, que ordena la demolición de un total de 942 viviendas, vulnera el derecho a la propiedad, ya que "el estudio que dio origen al decreto edilicio incurre en errores de diagnóstico graves del estado de las viviendas".

En este sentido, detalla que el decreto de la Municipalidad de Viña del Mar "no incluye roles de propiedades que deben ser demolidas y, a su vez, incluye roles de propiedades que, de acuerdo con informes de expertos, no debiesen ser objeto de demolición total y fueron llevadas a cabo en contra de la voluntad de los propios dueños, quienes tampoco estaban informados de este proceso".

Este hecho es considerado por Diamantidis como "grave", ya que el catastro municipal que determinó qué viviendas se deben demoler se realizó con drones y no con informes técnicos en terreno. "Dicha tecnología no fue capaz de percibir las características propias de las casas de El Olivar y la dimensión del daño que sufrieron", sostiene.

Por esta razón, los 21 recurrentes consideran que la orden municipal es arbitraria. Ángela Molina, una de las propietarias de El Olivar afectada por este decreto, revela que "hasta el momento no conocemos el motivo de la demolición y tampoco qué se va a reconstruir en el futuro".

No hay certezas

Otra de las razones que motivan la oposición de los vecinos es la falta de claridades respecto de qué va a ocurrir con sus terrenos y, por otro lado, cuál va a ser la solución habitacional que les entregará el Estado.

René Flores, coordinador de reconstrucción del Comité de Crisis El Olivar, señala que "es necesario que el proceso que se lleve a cabo tenga las garantías de que podamos recuperar todo lo que se perdió", dado que "hoy no tenemos la certeza de que lo que se va a reconstruir se mantendrá en nuestra población, porque el proceso no da garantías por parte del Serviu ni tampoco del municipio".

Otra de las imprecisiones, destaca la abogada Diamantidis, es que "acá estamos hablando de 1.200 viviendas afectadas, aproximadamente, pero el Plan de Reconstrucción habla de 864. ¿Qué va a pasar con la diferencia de esos números? Nadie lo sabe".

Por ello, solicita la parte recurrente, a través de la decisión judicial, que "el Serviu o Minvu garanticen mediante la entrega de un certificado de subsidio habitacional a cada propietario la reconstrucción de sus viviendas por el monto de 1.200 UF indicadas en el Plan de Reconstrucción".

Avalúos fiscales

Por otro lado, el recurso de protección también cuestiona el rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la rebaja de los avalúos fiscales de los terrenos siniestrados, aludiendo a que "se aplicó una medida de rebaja de avalúos para propiedad que se encontraban exentas de pago de contribuciones", sin que se entreguen certezas de que, en caso de eventuales expropiaciones en El Olivar, se les pague a los afectados el valor de avalúo fiscal previo al megaincendio.

"No tenemos la certeza de que lo que se va a reconstruir se mantendrá en nuestra población, porque el proceso no da garantías".

René Flores, Comité de Crisis de El Olivar

"Acá estamos hablando de 1.200 viviendas afectadas, pero el plan habla de 864. ¿Qué va a pasar con la diferencia? Nadie lo sabe".

Alexandra Diamantidis, Abogada recurrente

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El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y el alcalde de Limache, Daniel Morales, encabezaron este viernes la entrega de viviendas definitivas a un total de diez familias -seis de Quilpué y cuatro de Viña del Mar- que resultaron afectadas por el megaincendio del pasado 2 y 3 de febrero.

Se trata del condominio El Molino, ubicado en la comuna de Limache, que además ofrecerá otras 20 soluciones habitacionales a otras familias: una de Casablanca, dos de Valparaíso, cuatro de Villa Alemana y 13 de la comuna de Viña del Mar. Todas, a través del Subsidio de Integración Social y Territorial (DS. 19).

En la ceremonia de entrega, el titular de la cartera de Vivienda, Carlos Montes, destacó que se realizó "un gran esfuerzo por responderle a las familias, que es lo que nos ha planteado el Presidente Gabriel Boric, buscar todas las alternativas posibles, sabiendo que los plazos son exigentes".

Añadió en este sentido que "es importante valorar los pasos que se dan y este es un paso que se da a dos meses y medio, un poco menos de los incendios. Y esta alternativa no se agota en estas viviendas, incluso vamos a buscar en distintos lados, estamos hablando con todas las empresas del sector, estamos buscando alternativas para que las familias, cuanto antes, puedan vivir en una vivienda ya definitiva".

Finalmente, Montes dijo que "hoy día se nos presentó un proyecto por un terreno para personas que no van a tener una solución dentro de la zona de reconstrucción, sino que fuera. Ya estamos con el proyecto hoy día para 200 familias y estamos con otro de 400 bastante avanzados".

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, destacó que "se están entregando soluciones de manera rápida, y esto también es porque estamos utilizando todas las herramientas disponibles del Estado", añadiendo que "con ese sentido de articulación y de urgencia vamos a seguir trabajando".

En tanto, el alcalde Daniel Morales se mostró a disposición de las nuevas familias que se sumarán a su comuna.

"Estamos hablando con todas las empresas (...) para que las familias, cuanto antes, puedan vivir en una vivienda ya definitiva".

Carlos Montes, Ministro de Vivienda