"Esta reforma viene a resguardar independencia del Poder Judicial"
Un proyecto de reforma constitucional "que viene a aportar, a resguardar y a blindar la independencia del Poder Judicial", presentó la diputada Indp. - PPD, Camila Musante, luego de que se revelara la supuesta injerencia del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema y de Apelaciones.
La iniciativa propone la creación de un Consejo Judicial autónomo, técnico y colegiado, para encargarse en forma exclusiva de la formación, función disciplinaria y nombramiento y designación de ministras y ministros de Corte, de Fiscales Judiciales de Corte, y jueces letrados pertenecientes a los Tribunales de Justicia que integran el Poder Judicial.
Integración del consejo
El Consejo estaría compuesto por 19 integrantes, ocho de ellos del Poder Judicial; tres nombrados por el Senado y tres por la Cámara, previa elaboración de terna por concurso público; tres provendrían de facultades de Derecho y dos serían nombrados por el Presidente.
Esta reforma, plantea la parlamentaria, resguarda no sólo la independencia externa del Poder Judicial, vale decir, de los poderes que intenten influir en las decisiones de los jueces, sino también la propia independencia interna, por lo que llamó a parlamentarios y al Ejecutivo a sumarse a esta iniciativa "para poner fin a las influencias de los 'hermosillas' que existen en nuestro país".
Quién debe dirigir
Acerca de las razones por las cuales no se ha modificado el sistema de nombramiento de ministros, fiscales judiciales y jueces, a pesar del alto grado de acuerdo que existe al respecto, Musante se declara convencida de que el Gobierno Judicial es un problema complejo.
"En primer lugar porque el Poder Judicial, para el ejercicio de su función jurisdiccional, requiere de independencia y al mismo tiempo, al ser un poder del Estado debe estar sujeto a determinados mecanismos que lo incorporen a los procesos democráticos, principio que no aparece en algunas propuestas sobre la necesidad de modificar el sistema de nombramientos, por ejemplo", subraya.
A juicio de la diputada, "deberíamos explicitar mejor la interrogante de fondo, que es quién debe dirigir la justicia. ¿Confiamos todo ese poder a los jueces? ¿A un órgano técnico que se presuma autónomo? ¿Lo dejamos en manos del Ejecutivo?".
Dice que su propuesta, "que ha logrado apoyo transversal y de la Asociación de Magistrados, establece vías de comunicación entre todas las partes en aras a la consecución de un pluralismo institucional en el Gobierno de la Justicia, esencial para asegurar los principios democráticos en un ámbito tan crucial para nuestro Estado de Derecho".
- Su proyecto radica en un Consejo Judicial de 19 miembros el nombramiento y designación de los mismos. ¿Qué pasa con la función no jurisdiccional?
- Parte de las reformas que demanda el Poder Judicial tiene que ver con la separación de la función jurisdiccional de la no jurisdiccional o administrativa. La creación del Consejo de justicia apunta precisamente a ese objetivo. En cuanto a esas competencias: nombramiento, destino, traslado y promoción, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria, deben quedar sujetas al Consejo mismo, reservándose al Ministerio de Justicia atribuciones propiamente materiales y de asignación de recursos.
- La propuesta de la Comisión Experta apuntaba a cuatro órganos autónomos encargados de los nombramientos y otras tres funciones. ¿No le parece pertinente?
- Me parece relevante recoger la posición de los magistrados y magistradas, quienes administran justicia en nuestro país y conocen mejor que nadie cuáles son los desafíos que enfrenta el poder judicial en el ejercicio de dicha función.
Convergencia de poderes
- El exministro Hernán Larraín dice que donde se ha instalado un consejo de la magistratura, ha generado una concentración muy fuerte de poder y eso atrae la politización. ¿Es evitable?
- El Poder Judicial es uno de los tres poderes políticos de los Estados. En España, por ejemplo, lamentablemente se ha suscitado una situación compleja y podría entenderse desde la lógica que plantea el exministro. Sin embargo, se debe a que se requieren mayorías muy altas para su composición y nombramiento, y se generan dinámicas de chantaje por parte de la minoría, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Más allá de esa situación, sigue siendo un buen sistema porque convergen todos los poderes del Estado.
- El ministro Luis Cordero plantea que no necesariamente con modificar la ley se van a solucionar malas prácticas, y que eso implica cambios de conductas, culturales y de desarrollo institucional.
- El ministro tiene razón en varios aspectos, pero no es menos cierto que la legislación impacta en el comportamiento de los sujetos. Creo firmemente que ley es capaz de transformar la realidad en la que vivimos. Existen diversos desafíos que trabajar al mismo tiempo, la organización de los tribunales, su financiación, la debida actualización tecnológica, la necesaria transformación digital y también, mecanismos de rebaja en la sobrecarga del sistema. Quizás la desjudicialización de algunas conflictividades por su escasa cuantía o por su naturaleza, podría abrir espacios a formas alternativas de resolución de controversias, como la conciliación, la mediación o el arbitraje. Lo importante es abrir la conversación y ser serios en las decisiones que se tomen.
- Igualmente, Larraín indica que "el proyecto base para esta discusión está en el Congreso desde el 16 de abril de 2021, hace tres años". ¿Hay voluntad política para el cambio?
- Esperemos que la haya. Estamos atravesando un momento muy complejo como país donde las instituciones están siendo cuestionadas. La justicia tiene que ser capaz de lo propio: dar a cada uno lo suyo. Y eso significa hacer efectiva la responsabilidad de quienes hoy entorpecen la justicia, por ejemplo filtrando información clave en una investigación penal. Me refiero al caso audios o Hermosilla. La ciudadanía espera que los políticos seamos capaces de aunar voluntades y llegar a consensos para los cambios necesarios, sobre todo, los que van en miras a proteger nuestro Estado de derecho. Hay que entender que este es un momento donde debemos responderle al país.
- ¿Qué riesgos o amenazas considera usted que entraña dejar las cosas tal como están?
- La reproducción de los problemas que hoy se han hecho públicos, pero que llevan años arrastrándose generan desconcierto en la ciudadanía y una desconfianza que ya empiezan a mostrar distintos estudios de opinión pública. Actualmente, el sistema de justicia necesita de una mayor legitimidad, y esta dependerá -tengo la convicción- del grado de opinión y satisfacción que los usuarios sienten acerca de la misma.