Tras dictar una clase magistral en la Universidad de Playa Ancha (UPLA) sobre la modernización del mundo laboral en Chile y los desafíos de la educación superior, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), profundizó en entrevista con este Diario algunos factores que inciden en las altas cifras de desempleo que afectan a la zona -ubicada sobre el promedio país en este tema-, así como algunas de las medidas que el Gobierno impulsa para reactivar la economía y la creación de empleos.

En sus palabras, la secretaria de Estado reconoce que la alta cesantía regional no obedece ni a contingencias de la economía ni a efectos de la pandemia, sino que a una situación estructural que se remonta a muchos años, para la cual el Gobierno ha pensado en una estrategia que considera efectiva: acelerar la aprobación de grandes proyectos privados detenidos en la burocracia estatal.

Sin embargo, una mirada más cercana al tema revela que no hay en la zona grandes iniciativas de inversión privada y los megaproyectos pendientes corresponden a mejoras de la infraestructura pública que tienen financiamiento estatal y cuyo atraso proviene de cuestionamientos levantados en muchas oportunidades por personas o colectivos cercanos al Gobierno. Algunas de las iniciativas totalmente privadas -como los parque solares en trámite ambiental- suelen ejecutarse en los plazos previstos, aunque hay casos emblemáticos, como el proyecto Las Salinas, cuyo principal escollo se encuentra, precisamente, en la oposición planteada por personas y parlamentarios cercanos al oficialismo, pese a que cuenta con una aprobación del Comité de Ministros de este mismo Gobierno.

La recuperación del ritmo de crecimiento y la creación de nuevos empleos dependen, en parte, de que el Estado sea capaz de reducir sus instancias burocráticas, pero como ha quedado expuesto aquí, ello es indispensable, pero no suficiente.

La gestión 2023 de Codelco arrojó pérdidas por US$ 600 millones. En el mismo período la gestión de Enami arrojó pérdidas por US$ 200 millones. Un "costo" para los contribuyentes, por mantener estas empresas en condición de públicas, que bien "vale" la pena, de acuerdo al criterio de quienes hoy tienen por deber administrar nuestros impuestos.

El Transantiago arrojó por años pérdidas anuales aproximadas por US$ 1.000 millones, un "costo" a pagar por todos quienes habitan Chile y pagan sus impuestos al valor agregado (IVA) y/o impuestos específicos, desde Putre hasta la Antártica. Sin embargo, el "valor" del servicio de transporte que brinda a quienes habitan Santiago, a juicio de los distintos gobiernos que han ejercido la administración pública desde su creación en 2005, amerita que el país asuma ese "costo".

No obstante el probable menor "costo" del flete naviero entre puertos nacionales, es decir, el cabotaje, que se podría generar al abrir esta actividad a armadores de naves de banderas extranjeras, es materia de ardua discusión e incierta conclusión. Lo que sí es seguro es que su impacto negativo en el "valor" para la soberanía nacional sería devastador. La experiencia de las principales naciones marítimas de la tierra, respecto de reservar la actividad de cabotaje para naves de sus respectivas banderas y tripuladas por sus connacionales, incluso imponiendo que las naves se construyan y mantengan en sus propios astilleros, es vasta y así lo demuestra.

La obvia alternativa es explorar medidas para hacer más eficiente el ciclo logístico integral del cual forma parte el cabotaje, de tal suerte de incrementar la cadena de valor y traspasar los menores costos a los consumidores finales, sin afectar la soberanía nacional.

Bueno es tener presente que los primeros pasos para crear una Marina Mercante que asegurara el transporte entre los incipientes puertos de apoyo a los centros poblados costeros de esta naciente nación datan de 1811. Desde entonces, distintas circunstancias y avatares por las cuales ha transitado nuestra historia, han demostrado la conveniencia de contar con una flota naviera de cabotaje bajo bandera, dotación y legislación chilena.

La Liga Marítima de Chile, desde 1914 resguardando nuestros intereses marítimos, sugiere a este respecto que la evaluación de una capacidad marítima vital para un país de condición geográfica esencial de carácter insular, como lo es Chile, debe contemplar muchos más factores que los resultados que arroja una tabla Excel.