Mientras en Santiago los dirigentes empresariales más importantes del país se reunían en la Enade 2024 bajo el título de "Contra el inmovilismo" y planteaban al Presidente Gabriel Boric, presente en la actividad, la necesidad de reactivar la inversión de todo tipo para movilizar el músculo productivo y volver a niveles de crecimiento que mejoren la calidad de vida de las personas, en Viña del Mar se conocían las palabras que entregó el presidente de empresas Copec, Roberto Angelini, a los accionistas del holding, en las cuales criticó la falta de colaboración de las autoridades del país y la comuna para sacar adelante grandes proyectos de inversión, como el plan de remediación ambiental propuesto por la firma para el paño de terreno ubicado en el sector de Las Salinas, frente al mar.

"Hace años que las autoridades locales ni siquiera nos reciben", se quejó el principal ejecutivo del conglomerado que aglutina pesqueras, forestales y negocios inmobiliarios, además de la importación, distribución y comercialización de combustibles. Angelini planteó que "es difícil entender el sentido de ponerle tanto obstáculos a una iniciativa de este tipo, que cuenta con el respaldo técnico de destacados científicos y universidades, tanto locales como internacionales, y que es un aporte indudable para la Ciudad Jardín".

Así como le pasa al líder de Copec le debe pasar a muchos viñamarinos, que no entienden por qué el municipio se resta de entregar su apoyo -o al menos, no obstaculizar- una iniciativa que plantea la remoción del material contaminante que aún se encuentra en el subsuelo del terreno que por más de 70 años ocuparon distintas empresas petroleras -y antes de ellas, las productoras salineras que le dieron su nombre al sector-, y prefiera escuchar a grupos que cuestionan procesos, metodologías y estudios realizados por científicos de renombre, revisados y aprobados por los ministros del mismo Gobierno al que dice adherir.

El estancamiento es parte de ese alto costo que deben pagar la comuna, el país o las comunidades cuando la oposición a cualquier proyecto, idea o emprendimiento se transforma en una actividad irreflexiva, incluso barata de practicar. El problema es que en este juego de suma cero perdemos todos.

El Día de la Convivencia Escolar surgió como un recordatorio de la importancia de fomentar la inclusión, participación y justicia en nuestras comunidades educativas. La violencia escolar, la ausencia de estudiantes y el aumento de licencias médicas evidencian la urgencia de tomar medidas administrativas y pedagógicas que aborden estos desafíos de manera integral.

En medio de un contexto marcado por episodios de violencia que llegan a la esfera pública, con lamentables casos de vulneración de derechos y tragedias humanas, es esperable que surja el clamor por leyes más severas y castigos más duros. Sin embargo, ¿dónde queda la formación y la educación en todo esto? Recordemos las sabias palabras de un presidente docente: "Gobernar es educar".

Es cierto que la injusticia nos indigna frente a estos actos, pero ceder ante la tentación de promover leyes punitivas sólo nos sumirá en un ciclo interminable de violencia. La violencia no se erradica con castigos, sino con una disciplina que eduque, que forme ciudadanos y fomente la civilidad.

Es momento de recordar que la solución no radica únicamente en sancionar, sino en cultivar la democracia desde las aulas, en promover el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. La construcción de una convivencia escolar democrática, inclusiva y que avanza hacia una paz duradera requiere de un compromiso colectivo del país.

Los resultados de una investigación Fondecyt de cuatro años liderada por Verónica López, muestran que un alto nivel de aplicación las medidas disciplinares punitivas -llenar los libros de clases de anotaciones negativas para justificar un alto número de suspensiones, condicionalidades de matrícula, no renovaciones de matrícula y aplicación de la Ley Aula Segura- no producen el aprendizaje de convivencia democrática, pues no generan diálogo ni reparación; suelen no ser aplicadas de manera imparcial, pues quienes más las reciben son estudiantes varones, más pobres que sus otros compañeros, repitentes de curso y que tienen déficit atencional; y afectan negativamente las trayectorias educativas no sólo de esos estudiantes, sino del establecimiento educativo en su conjunto: peor rendimiento académico y menor probabilidad de ingreso a educación superior.

Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando pedimos detectores de metales, cuando acudimos a la Ley Aula Segura como respuesta inmediata? Estamos afectando las condiciones y posibilidades para una convivencia que nos enseñe a vivir en sociedad. Es hora de reflexionar y actuar con sensibilidad, evitando caer en la trampa de respuestas simplistas y punitivas. La educación es el camino hacia una sociedad más justa y pacífica y es nuestra tarea como educadores y ciudadanos promoverla con convicción y compromiso.