El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco impuso una sentencia de 23 años de cárcel para el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego de haberlo declarado culpable de diversos delitos en la Macrozona Sur.

La principal figura de la orgánica de resistencia mapuche había sido condenado el 22 de abril y se le aplicaron tres penas. La primera fue de 15 años de presidio efectivo por el delito consumado y reiterado contra el orden público, bajo la Ley de Seguridad del Estado.

A esto se le sumaron penas de 5 años de presidio y al pago de una multa de 11 UTM como autor del delito consumado de hurto y a 3 años como autor del delito consumado de atentado en contra de la autoridad.

Adicionalmente, el líder de la CAM deberá pagar una multa de 15 UTM como autor del delito reiterado de usurpación.

La Fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellante de la causa, pedían 25 años de cárcel para el dirigente mapuche, quien hoy tiene 56 años y permanece en prisión preventiva desde agosto de 2022, periodo que se le descontará de las penas de cárcel.

Fiscalía "conforme"

Al término de la audiencia, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, destacó que la pena otorgada por la justicia tiene "una cercanía importante entre lo que la Fiscalía había planteado, como la pena que se condecía con la gravedad de los hechos y la cantidad de delitos también que fueron atribuidos y que fueron acreditados durante este proceso".

El persecutor, que también es jefe de la investigación por el crimen de tres carabineros en Cañete hace 10 días, añadió que "desde nuestro punto de vista estamos conformes con el trabajo realizado. Creo que la investigación fue muy acuciosa. Se realizó en términos objetivos y respetando los derechos de las personas involucradas".

Garrido resaltó además que "es una sentencia muy importante. Marca un precedente relevante en la persecución de las orgánicas criminales que operan en la Macrozona Sur". El juicio, igualmente, "ha permitido demostrar cuál es el verdadero rostro del condenado, cuáles eran verdaderamente sus intenciones y sus acciones".

"Contundente"

A nombre del Gobierno la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que "los 23 años de prisión para Héctor Llaitul son una condena contundente. 15 de ellos por Ley de Seguridad del Estado. Es una confirmación de que todas las capacidades del Estado se han desplegado para frenar la impunidad y se están logrando resultados. Esta condena es uno de ellos. Pero además, esta es una señal de que el Estado de Chile le está cerrando la puerta a la violencia como forma de procesar los conflictos. Y al mismo tiempo está mostrando que hay otros caminos, a través de la paz, la institucionalidad, el diálogo".

"El Gobierno está combatiendo la violencia en la Macrozona Sur, pero con la misma fuerza está buscando caminos para provocar respuestas a los conflictos que dolorosamente ha arrastrado por siglos esa zona. Ambas cosas no sólo son compatibles, sino que son necesarias", añadió la jefa de gabinete en la red social X.

También reaccionaron los parlamentarios de la Región de La Araucanía, como el diputado RN Miguel Mellado, quien dijo que "podemos decir que en parte se hizo justicia y esperamos que él cumpla la totalidad de la pena, sin ninguna garantía ni beneficio intrapenitenciario. Este señor le ha hecho muchísimo daño a Chile, a los chilenos, y especialmente a la región".

El diputado UDI Henry Leal se manifestó contento ya que "con esto se empieza a hacer justicia, se pone fin a la impunidad a esas cientos de personas que fueron atacadas durante muchos años por el líder de una agrupación terrorista".

Andrés Jouannet (Amarillos), afirmó que esta sentencia es una "advertencia para todos los otros grupos terroristas, que en al algún minuto van a ser condenados".

Eric Aedo (DC) acusó a Llaitul de usar la causa del pueblo mapuche para el crimen organizado y aseveró que el líder de la CAM es uno de los personajes que "más violencia, muerte y dolor han generado" en la Macrozona Sur.

La condena a Héctor Llaitul -el tribunal lo condenó a 23 años de cárcel- permite, de alguna forma, recuperar la maltrecha dignidad del Estado frente a quienes, con los más diversos pretextos, declararon combatirlo.

A comienzos del gobierno, la entonces ministra del Interior, responsable del orden público, se hacía solidaria de las reivindicaciones del wallmapu y pretendía visitarlo como una de sus primeras acciones de gobierno, pensando, seguramente, que sería bien recibida. ¿Acaso no era ella y el gobierno del que formaba parte -debió entonces pensar- una aliada de la causa indigenista? Y no obstante que fue recibida a balazos, no mucho tiempo después, otra ministra del gobierno, Jeannette Vega, se esforzaba por comunicarse telefónicamente con Llaitul como si él fuera un interlocutor razonable del Estado, alguien que participaba de las rutinas de la democracia, y ello no obstante que en ese momento, tocado con un pañuelo y empuñando un arma, Llaitul había llamado a "organizar la resistencia armada" frente al estado de excepción que por esos días (esos días de dudas a estas alturas incomprensibles) el Presidente cavilaba si decretar o no. Esos incidentes, algo incómodos de recordar, muestran de manera flagrante cuánta tolerancia objetiva lindante con la connivencia (un resultado de prejuicios ideológicos, temor o simple tontería) hubo entre quienes tenían bajo su responsabilidad el monopolio de la fuerza estatal y aquellos otros que con múltiples pretextos pretendían disputarla.

La puesta en la cárcel de Llaitul (no por sus ideas, sino por los medios que decidió utilizar para promoverlas) repara siquiera en parte la humillación y el ridículo en que las autoridades a cargo del Estado incurrieron tantas veces en su relación con esos grupos en los que se mezcla promiscuamente el reclamo ideológico y el delito y que pretenden transformar el robo, la violencia y la amenaza en acciones que, a pretexto de la motivación política, reclaman o pretenden estar justificadas.

Por supuesto la pena impuesta a Llaitul no pondrá fin al problema y es probable que, como ha ocurrido otras veces y la experiencia comparada lo pone de manifiesto, dé lugar a acciones de protesta o a actos de represalia de parte de quienes integran los grupos que Llaitul lideraba o de sus afines. Suele ocurrir con estos grupos que el castigo penal no los hace escarmentar, sino que, en vez de eso, les confirma sus prejuicios contra el Estado y la democracia y de esa manera al comienzo parece energizarlos (¿Vieron? Pensarán ¿Acaso no hemos dicho siempre que el Estado de Chile es opresor?). Por ello el desafío que ahora experimenta el Estado es aún mayor, puesto que debe ser capaz de reprimir a esos grupos sin dudarlo hasta que la utilidad que obtienen con la amenaza, el robo o el incendio comience a decrecer y les aconseje abandonar la violencia.

En otras palabras, la condena de Llaitul marca el abandono de la ingenuidad del Estado en esta materia, puesto que esa sentencia acredita que las acciones que él alentaba y emprendía no pueden estimarse compatibles con el derecho vigente ni con la democracia. Y establecen el principio (que se acostumbró a olvidar) que todos quienes imiten a Llaitul y crean que es correcto disputar el monopolio de la fuerza estatal al interior de la democracia, deben correr la misma suerte.

Max Weber, en una de sus famosas conferencias, observó que quien se dedicaba a la política aspiraba a tomar la fuerza del Estado en sus manos y que, por eso, debía estar dispuesto a pactar con el diablo. Con ello, Weber quería decir que no se puede tener la conducción del Estado y al mismo tiempo evitar ejercer la fuerza que sus órganos monopolizan. Quien no comprende esto, concluyó, es un niño políticamente hablando.

Por eso es de esperar que esta condena de Llaitul deje definitivamente atrás esos días en que se le telefoneaba a él, o a quienes se le parecen, confiando en persuadirlos, y sea en cambio el inicio del definitivo adiós a la infancia.