Cristián Rojas M.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para Humberto Elizardo Fuenzalida Ojeda, formalizado por el Ministerio Público como autor del delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes con resultado de muerte, y el delito de huir del lugar del accidente, no detener la marcha ni dar aviso a la autoridad competente, ilícitos perpetrados a las 7 de la mañana del lunes en el cerro Cordillera, donde falleció atropellado el adolescente Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante de octavo básico del Liceo Eduardo de la Barra.

En la audiencia de formalización, la magistrada Ingrid Alvial tuvo en consideración que el tribunal cuenta con "el test que se realiza a pocas horas de ocurrido el hecho y que dice relación con que el imputado se encontraría manejando bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, en específico cocaína".

También dijo tener "presente la declaración de la testigo que dice que siente como un salto, y luego increpan al conductor, ante lo que éste continúa su marcha. (...) Si bien pudo no percatarse y efectivamente se podría haber dado esa hipótesis, el conductor fue increpado por los pasajeros sin detener su marcha, no observando lo que había realizado y estando consciente que se encontraba manejando bajo la influencia de sustancias psicotrópicas".

Por su parte, el fiscal Felipe González detalló que "las pericias y gestiones que están siendo desarrolladas por parte del Ministerio Público suponen un plazo de investigación que el tribunal ponderó en 90 días, dentro de las cuales podremos contar con los elementos que permitirán sustentar el futuro juicio oral respecto de esta persona".

Padres piden legislar

Antes de ingresar a la audiencia, el padre de Alberto, Mauro Gómez, dijo que "nosotros pedimos en primer lugar que se haga justicia, que se condene por el delito, por la gravedad, pero también queremos que sea un precedente para que en Chile se legisle al respecto, los conductores de transporte público deben tener controles, en una micro caben más de 30 personas, la vida de 30 personas está bajo la responsabilidad de una persona, y esa persona es responsable de esas vidas y de otras más, por lo tanto, no puede ir bajo los efectos ni del alcohol ni de las drogas".

Por su parte, la madre del niño, Jennifer Estay, subrayó que "pedimos legislar, así como hay una Ley Emilia, que haya una Ley Alberto donde haya una real supervisión a los choferes de micro. Valparaíso es una de las ciudades con más altos índices de pobreza, el transporte público es una mierda, entonces que no haya más Albertos, porque si siguen los choferes con coca, si sigue el transporte así, va a haber más Albertos, y no le deseo a nadie el dolor que estoy viviendo".

Anunció que también interpondrán una querella y quiso agradecer "a la pasajera que se bajó y asistió en los primeros momentos a Mauro, le agradezco al colegio, y más que sentir rabia contra esta persona, tengo demasiado dolor".

Reunión con seremi

A raíz del trágico hecho, la diputada Carolina Marzán, junto a apoderados y estudiantes del Liceo Eduardo de La Barra, se reunió con el Seremi de Transportes, Edgardo Piqué, para pedirle mayor fiscalización a conductores del transporte colectivo.

Tras la reunión, Piqué anunció que "este próximo lunes vamos a conformar una Mesa de Transportes con una serie de organismos públicos, para poder hacer un control preventivo en materia de consumo de drogas y alcohol en conductores de la locomoción pública, y para también incorporarlos a un sistema de rehabilitación, para aquellos que estén llanos a incorporarse al sistema de rehabilitación. Pero eso no es suficiente si es que finalmente no tenemos la participación de los mismos conductores y también la participación de sus empresarios y empleadores".

Aquello, precisó, se hará en coordinación con Senda, "quienes son los que poseen los kits de control de consumo de drogas y alcohol. Por lo tanto, según la disponibilidad que ellos tengan, vamos a poder diseñar un plan de control preventivo, ya sea en las calles, en los terminales y garitas respectivas".

En tanto, la diputada Marzán indicó que "estamos desarrollando un proyecto de ley que tiene que ver con la responsabilidad de los empresarios de la locomoción pública, quienes tendrán que, cada seis meses hacerle un test de drogas a los choferes".

Explicó que el costo de los test deberá ser asumido por los empresarios y espera que el Gobierno se sume a la iniciativa dándole suma urgencia.

También estuvo en la reunión la vocera del Centro de Estudiantes del Liceo Eduardo de La Barra, Mia Matus, quien señaló que "pedimos justicia para Alberto, y también que se hagan cargo de poder hacer fiscalizaciones a los empresarios y también a los choferes, porque no es posible que tengan estos tratos, no solamente con la situación de Alberto, sino que es constante el abuso y el maltrato hacia los estudiantes".

Protestas en colegios

En tanto, Lenka Montenegro, vocera de la Asociación de Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados y Presidenta del Centro General de Madres, Padres y Apoderados del Liceo Eduardo de la Barra, destacó que ayer "nuestros establecimientos educacionales se levantaron en protesta con pancartas en las puertas de sus escuelas y liceos para demostrar nuestro dolor. Por eso queremos que la autoridad se haga cargo. Hoy día nos vamos con una respuesta que esperamos que el Gobierno le ponga suma urgencia y que el empresariado se haga responsable".

En paralelo, el diputado Luis Cuello presentó un proyecto de ley que busca que los conductores de microbuses tengan controles obligatorios de alcohol y drogas todos los días, a la entrada y salida de su jornada laboral, realizados en sus terminales.

Cuello advirtió que hechos como el que le costó la vida a Alberto "no son aislados", y catalogó como "insuficientes" a los narcotest que se hacen.

"El conductor fue increpado por los pasajeros sin detener su marcha, no observando lo que había realizado".

Ingrid Alvial, Jueza

En el Juzgado de Garantía de Valparaíso se llevó a cabo ayer la audiencia de suspensión condicional del procedimiento en la causa por la muerte de la pequeña Amelia Salazar Jorquera, el 4 de julio de 2018, cuando tenía 6 años de edad, por un virus respiratorio. Por el deceso de la niña fue formalizada en agosto del año pasado, por cuasidelito de homicidio, la doctora Elisa Rojas, a quien los padres de la víctima apuntan como la responsable de haber negado una cama que, según les comentó posteriormente un funcionario del Hospital Van Buren, sí estaba disponible, hecho que le costó la destitución a Rojas, quien rechazó la salida alternativa.

Tras la audiencia, la madre de Amelia, Camila Jorquera, señaló que "la Fiscalía propuso esta salida, nosotros no estábamos de acuerdo; sin embargo, decidimos transar y poder dialogar, nosotros queremos que se nos den disculpas, ni siquiera públicas, pero esta médica, Elisa Rojas, no quiere llegar a un acuerdo con nosotros, por lo tanto, el día 27 de mayo se va a hacer una audiencia de fin del juicio, donde probablemente se va a acusar a ella, y quedaremos a la espera de un juicio oral si la causa no es sobreseída".

Largo proceso

En tanto, el padre de Amelia, Mauricio Salazar, planteó que "ningún acuerdo nos va a dejar tranquilos hasta que no veamos un verdadero sentimiento de arrepentimiento por parte de la doctora y de los equipos que fallaron en la muerte de Amelia, porque a Amelia le fallaron tanto en vida, como después de fallecida, hay que recordar que después de tres meses de su muerte tuvimos que exhumarla porque se nos negó la autopsia, y desde ahí hemos tenido cambio más de tres veces de fiscal. Uno de esos fiscales nos señala que cuando ellos tuvieron que enviar un CD al Servicio Médico Legal, ese CD a Santiago llegó roto, y esto pasó tres veces, algo inaudito, entonces vemos como sigue siendo inhumano el sistema con nosotros y queremos terminar esto luego, porque nos seguimos revictimizando y nos duele, y como digo, no hay acuerdo, no hay plata que nos deje tranquilos".

"no nos mira a la cara"

Sobre la imputada, Camila comentó que "ella no ha demostrado empatía con nosotros en ningún momento, no nos mira a la cara, no ha tenido ninguna intención de poder demostrar que existe un arrepentimiento, o una reflexión respecto a todo esto que ha pasado. Son seis años que llevamos en esta búsqueda de justicia y no hay ningún acto de empatía con nosotros, entonces hoy (ayer) que iba probablemente a suceder, y que a nosotros nos costó mucho poder llegar a darle una salida al juicio, ella no accede, no nos quiere dar disculpas, no nos quiere mirar a la cara y prefiere ir a un juicio oral, que para nosotros es mucho es mucho mejor, sin duda".

Mauricio destacó que "a raíz de la muerte de Amelia, peleamos por la transformación del sistema de salud, para que no vuelvan a suceder estas cosas, y para que también los doctores y las doctoras se humanicen y empaticen mucho más con las personas que están atendiendo".