A cuatro meses del megaincendio que provocó 137 muertos y cuando un nuevo socavón amenaza al edificio Euromarina II, ubicado en el sector El Encanto, en Reñaca, surgen voces que piden a las autoridades atender a las causas de fondo de estas tragedias al mismo tiempo y con el mismo esfuerzo que enfrentan las contingencias derivadas de dichos eventos. Aunque reconocen que es difícil cumplir con todas las condiciones, debido a la premura que exigen el desamparo de los damnificados, los especialistas advierten que las soluciones dadas o admitidas ante los últimos desastres ocurridos en la zona, bien podrían incubar catástrofes peores en el futuro.

Uno de esos expertos es el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y Ph. D. en Seguridad Contra Incendios, Pedro Reszka, quien sobre los procesos desarrollados tras el megaincendio de Viña del Mar y Quilpué alerta que "parece que la reconstrucción está siendo apresurada (...) En mi opinión, la reconstrucción va a reproducir muchos de los defectos que nos llevaron a esta tragedia".

Esto significa que no bastará con mejorar la coordinación de los equipos de emergencia para mitigar los impactos de un próximo siniestro de gran magnitud si en la instalación de las nuevas viviendas, en el diseño de los barrios que serán reconstruidos y, principalmente, en la elección de los terrenos designados, no se aplican criterios adecuados o no se implementan las medidas adecuadas para reducir su condición de riesgo. En este punto clave vale la pena preguntar qué ha pasado con los planes reguladores urbanos en Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y Limache, la zona del Gran Valparaíso que en verano se convierte en un cordón de fuego cada vez más difícil de enfrentar. Del avance y actualización de dichos instrumentos de regulación territorial dependerá que el crecimiento urbano inevitable de los próximos años no colisione de frente con los riesgos que imponen el cambio climático y la acción delincuencial de pirómanos e incendiarios.

El sector de las telecomunicaciones atraviesa por un momento complejo en Hispanoamérica. Los actores que participamos en esta industria enfrentamos diversos retos para garantizar nuestra sostenibilidad financiera y continuar desplegando las redes fijas de fibra óptica al hogar (FTTH) y las redes móviles 5G que la región requiere para mantener su competitividad y aspirar a convertirse en un actor relevante de la creciente economía digital global.

En Chile, probablemente el mercado de telecomunicaciones más avanzado de Hispanoamérica, existe ya un amplio consenso sobre la difícil situación financiera del sector y no es un secreto que más de un operador confronta importantes desafíos existenciales. No parece extraño, en este contexto, que haya sido el propio regulador sectorial (Subtel) quien haya reconocido la necesidad de revisar un marco regulatorio que "tiende a asfixiar a la industria". No se trata de una situación excepcional la del mercado chileno. En Colombia, a lo largo del año 2023, las autoridades gubernamentales han entendido la necesidad de ajustar el precio del espectro a las exigentes condiciones del mercado actual como medida imprescindible para sostener la inversión y la competencia. Estas decisiones han mejorado el panorama en Colombia, pero los desafíos de sostenibilidad subsisten en toda Latinoamérica: en México, en Panamá, en Perú, es posible identificar situaciones semejantes.

No se trata de un problema que deba preocupar únicamente a los operadores de telecomunicaciones o a sus accionistas. La pandemia puso de manifiesto la importancia del acceso a internet: en las zonas rurales, donde la conectividad escaseaba y se hizo imposible proveer educación remota, los niños y jóvenes tuvieron que asumir costos que tomará muchos años y esfuerzo recuperar. Lo mismo ocurrió con la actividad económica, el trabajo a distancia o la salud en las zonas con déficit de cobertura. Invertir en la expansión y el mejoramiento de las infraestructuras de telecomunicaciones es probablemente la mejor estrategia que pueden seguir nuestros países para acelerar la reducción de las desigualdades sociales e incrementar la productividad de nuestras economías.

Pero si los beneficios sociales y económicos de la conectividad digital son tan evidentes, ¿cómo podemos enfrentar los desafíos del momento actual, de modo que las inversiones continúen fluyendo al sector? En primer lugar, los operadores de telecomunicaciones tenemos que reinventar nuestros modelos de negocio para recuperar la rentabilidad que demandan los mercados de capitales. En segundo lugar, es imprescindible que este esfuerzo de transformación industrial sea promovido y acompañado por las autoridades de gobierno y por los reguladores sectoriales. Estoy convencido de que el camino de reforma que han decidido acometer Chile y Colombia inspirará movimientos semejantes en el resto de países de la región.

No nos olvidemos de nuestros ciudadanos, en especial de aquellos que todavía no pueden conectarse a internet: ellos requieren de redes que sólo podrán ser construidas por empresas con capacidad financiera y operativa para cubrir los inmensos territorios en los que operamos y ofrecer la mejor experiencia de servicio.