Transferencias de recursos públicos a fundaciones y similares sin fines de lucro por más de $2.400 millones, que podrían ser constitutivas de delitos, investiga el Ministerio Público en la Región de Valparaíso, al cumplirse un año desde que se conociera la primera denuncia del llamado Caso Convenios, el 16 de junio de 2023, en el norte del país.

Al exponer el 14 de mayo ante la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, dio a conocer que a nivel nacional se indagan traspasos desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) en 14 regiones, excepto Aysén y Magallanes,por $12.221.799.718.

Pero la suma mayor corresponde a transferencias efectuadas por los gobiernos regionales (Gore) que totalizan $77.740.133.873 en 12 regiones, con la excepción de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Los Ríos.

Así, luego de que el medio digital Timeline de Antofagasta revelara que la Seremi de Vivienda había suscrito convenios por $426 millones con Democracia Viva -fundación de la entonces pareja de la diputada de RD Catalina Pérez-, el monto que actualmente indaga la Fiscalía en el país llega a los casi $90.000 millones y el número de fundaciones y similares investigadas son 40 en el caso de transferencias Minvu, y 67 en el de las realizadas por los Gore.

22 imputados

Junto con subrayar el fuerte crecimiento experimentado por el Caso Convenios, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía señaló que las investigaciones han detectado patrones comunes, como "fundaciones y corporaciones muy novatas, de poca experiencia, con giros comerciales que no guardan relación con lo convenido, con faltas de garantías", características "que llaman la atención".

En su cuenta pública del 26 de abril, en tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, también se refirió al tema, señalando que el esfuerzo por intensificar su enfoque en la lucha contra la corrupción, "ha sido especialmente notable en el tratamiento de las denominadas Causas Convenios Minvu y Gores, donde nuestra unidad ha logrado establecer una colaboración significativa con otras instituciones, facilitando la realización de diligencias oportunas y la organización de jornadas de trabajo con los equipos investigativos".

"Así, en total y a menos de un año desde el inicio de las investigaciones, se ha formalizado a 22 imputados en casos referidos a seis fundaciones, por un monto de perjuicio fiscal que supera los $3.000 millones, detalló el jefe de la Fiscalía.

Situación regional

En materia de traspaso de recursos públicos desde el Minvu, la Región de Valparaíso aparece como la tercera en el país, con $1.853.575.397, después de Antofagasta ($3.173.000.000) y Tarapacá ($2.496.916.823), y antes que la Metropolitana ($1.822.515.316).

Y en cuanto a transferencias desde el Gore, ocupa el noveno lugar de las 12 regiones investigadas, con $562.164.689, después de Antofagasta ($673.517.414) y antes de Magallanes ($543.285.000), en una lista que encabeza La Araucanía, con considerables $44.539.187.304, seguida por Los Lagos ($15.130.154.920) y Biobío ($8.080.178.000).

Es probable que la magnitud de estas cifras explique por qué Minvu y Serviu regionales han sido allanados tres veces -5 de diciembre de 2023, 18 de enero y 13 de junio del presente año, diligencia esta última que incluyó por primera vez al Gore.

Minvu y procultura

En el caso de las transferencias destinadas a ProCultura en Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, las investigaciones las encabeza el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, tras la reagrupación de las causas del Caso Convenios dispuesta en diciembre por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

De modo que fue el persecutor de la Patagonia quien encabezó el jueves 13 de este mes una serie de "allanamientos e incautaciones en varios servicios públicos, entre esos el Gobierno Regional, Minvu, Serviu y, además, algunos domicilios particulares, de empresas y personas individuales", realizados por efectivos de la PDI, y que según él mismo detalló, se desarrollaron simultáneamente en Valparaíso, Viña del Mar, La Calera, Las Condes y Concepción.

En el caso de la seremi Minvu, el operativo estuvo centrado en los convenios con ProCultura por $248 millones para el diseño de loteo, especialidades, obras de confianza y expediente de expropiación en los campamentos Lomas de Bellavista, Manzana 33 y las Viñas de Irene Frei, de Villa Alemana.

En este caso la Contraloría había cuestionado la transferencia directa y a una fundación de giro distinto a los proyectos encomendados. Y aun cuando el convenio se suscribió en 2023, fue el exdirector regional del Serviu en el segundo periodo de Sebastián Piñera, Tomás Ochoa, quien solicitó los fondos para ProCultura, con la cual una empresa de su propiedad estableció un contrato tras dejar el servicio público.

Luego del primer allanamiento, en diciembre del año pasado, la seremi Minvu, Belén Paredes, sostuvo que "con respecto a ProCultura, la investigación busca esclarecer un posible conflicto de interés del exdirector del Serviu y también de aquellas vinculaciones del Ministerio, a nivel central, de distintas autoridades del gobierno anterior, que estuvieron involucradas en la elección de esta misma fundación".

Además, indicó que el 10 de noviembre de 2023 se inició el proceso de término anticipado de los convenios con ProCultura, con su correspondiente liquidación de fondos, refiriéndose a los $248 millones.

En lo que concierne a otra fundación vinculada a estas investigaciones, EnRed, el 3 de agosto del año pasado la misma seremía la notificó del inicio del proceso para congelar los convenios suscritos -tres contratos por un total de $508.750.000- por no haber cumplido de forma adecuada con la implementación del trabajo, cargos que la entidad respondió. El 12 de septiembre emitió las resoluciones que ordenan la restitución de recursos por un total de $254.375.000.

Gore y procultura

El allanamiento practicado en la sede del Gobierno Regional

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl