Un estudio realizado por los académicos de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela, desnudó esta semana las diferencias que hay entre el discurso que profesan algunos alcaldes y sus acciones concretas para enfrentar los problemas de seguridad pública. Realizada en el marco de un proyecto impulsado por la Fundación Friedrich Ebert, la investigación titulada "Municipios y seguridad pública ciudadana" estableció un marco de referencia para evaluar la gestión municipal en este ámbito y ver con precisión académica los déficits que exhiben algunos municipios del país. Para sorpresa de todos, las principales comunas del Gran Valparaíso -Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué- no aparecen entre las 40 primeras por número de acciones implementadas, en contraste con los dichos permanentes de sus jefes comunales sobre la prioridad que asignan al combate de la delincuencia. Más aún, el informe de Fuentes y Valenzuela advierte que las grandes urbes sufren de carencias importantes en el número de cámaras de televigilancia, patrulleros y vehículos respecto de su número de habitantes. En cambio, los municipios con mayores acciones en seguridad a nivel regional son Casablanca, La Calera, Limache, Los Andes, El Tabo, Zapallar, Concón y Santo Domingo, todas administraciones medianas o pequeñas respecto de las urbes de referencia. Para los especialistas, los obstáculos para optimizar los planes de seguridad comunal no están en los recursos, sino en la voluntad política y la agenda personal del alcalde, que como jefe comunal define gran parte de las prioridades municipales. Con todo, el estudio también tiene una serie de sugerencias cuya implementación ayudaría a mejorar la efectividad y eficiencia de la acción municipal. Una de las más interesantes se refiere a la realización de evaluaciones cualitativas permanentes sobre el impacto que tiene la generación de políticas municipales específicas, como la creación de comités vecinales, en el mejoramiento de las condiciones y percepciones de seguridad en la ciudadanía. Esto permitiría tener información valiosa sobre las acciones que sirven y las que no sirven en este ámbito, pero además serviría para contrastar los dichos de los hechos en un tema usado muchas veces por la autoridad para obtener aplausos.

La reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana se transformó en el nuevo dolor de la región. A pesar de ser anunciada pomposamente con más de 250 medidas, los barrios afectados sólo han sabido de negligencia y demoras que se retratan en viviendas de emergencia que no resistieron la primera lluvia. Junto a las críticas y el cuestionamiento, la municipalidad de la Ciudad Jardín lanzó un proyecto de reconstrucción en El Olivar, el cual, como pocas veces se ha visto, solicita donaciones para concretarse, dando cuenta de lo poco factible que es.

En concreto, la alcaldesa Ripamonti solicitó un proyecto para reconstruir mil departamentos a través de 250 edificios, cada uno con cuatro unidades de 60 metros cuadrados y por un costo de UF 1.500 por vivienda. La propuesta indica tiempos de construcción de dos meses gracias a tecnologías prefabricadas; sin embargo, el golpe de realidad vino rápido cuando se aprobó una sola torre, es decir, cuatro de mil viviendas.

¿Por qué esta diferencia? Según el Gobierno, el financiamiento es la gran duda. Y es que el proyecto es poco factible con los instrumentos actuales, repitiéndose los errores no forzados del plan del gobierno, que lanzó una iniciativa mal pensada y apresurada. Para dar perspectiva a lo anterior, construir las mil viviendas requiere de un presupuesto cercano a UF 1,5 millones, lo que equivale a casi la totalidad de los recursos destinados a la región en un año normal del DS-49 (subsidio aplicable a estos casos). Por otro lado, los montos unitarios de cada subsidio tampoco cuadran. En general, el beneficio ronda las UF 1.000 en vez de los UF 1.500 del proyecto, implicando una brecha cercana a 19 millones de pesos por unidad.

En términos de reconstrucciones previas, los montos tampoco se ajustan. Por ejemplo, para el 27-F se destinaron dos tercios del proyecto actual en toda la Región de Valparaíso. Más aún, los UF 1,5 millones sólo se acercan al total nacional gastado los primeros años posterremoto, lo cual dista sustancialmente de la intervención actual. ¿Es inviable la reconstrucción entonces? No, pero necesita ajustarse a la realidad de nuestra política habitacional. Si bien el proyecto propone arquitectura rápida de construir y de buen estándar, su costo unitario está por sobre lo tradicional para este tipo de construcciones. A diferencia de sus 25 UF/m², las viviendas sociales tienen un índice cercano a 16 y 19 UF/m² en la zona central del país, lo cual involucra pagar por terreno, construcción y gestión inmobiliaria -lo que difiere a este caso donde los terrenos ya están adquiridos-.

¿Sería responsable invertir lo solicitado por la municipalidad? Probablemente no, más aún si el proyecto no representa ni el 25% del stock siniestrado.

Lo anterior no es un llamado ni al pesimismo ni al conformismo, pues las familias afectadas siguen esperando por soluciones concretas con celeridad. Sin embargo, el golpe de realidad nos da cuenta de algo que ningún plan oficialista ha logrado: gestionar y planificar proyectos dentro del marco institucional. Las metas requieren de recursos para lograrse, algo que la municipalidad sabe y que, probablemente, explica la necesidad de hacer una colecta. Al parecer, la historia de una reconstrucción lenta se repetirá nuevamente en Viña del Mar, esta vez producto de una mala gestión.

La transparencia se ha vuelto un valor absolutamente preciado en los tiempos que corren. Tiempos de desconfianza justificada dados los casos de corrupción y falta de probidad en los más diversos ámbitos con que nos desayunamos a diario. Y de falta de confianza condicionada, como vemos en las redes sociales, donde cualquier buena acción humana -un gesto noble, una donación generosa, un apoyo desinteresado, una iniciativa solidaria- puede ser descalificada desde el rumor, la mala intención, el sarcasmo, la teoría conspirativa.

¿Qué han hecho con las platas de la campaña televisiva por los damnificados de los incendios de febrero en Viña del Mar?, dicen los justicieros de la web a la vista de las penurias que representan los fríos extremos y las lluvias y las temperaturas históricamente bajas que muestran los noticieros. Y no faltan los que especulan desde la desconfianza condicionada, haciendo acusaciones al voleo, tan injustas como los daños colaterales que dejó el caso conocido como Convenios o Fundaciones en muchas oenegés que llevamos años trabajando en el ámbito social, rindiendo cada peso recibido.

Malversar fondos, engañar, definitivamente robar, cuando se trata de organizaciones cuya causa es mejorar las condiciones de vida de los más pobres, no sólo es delito, sino que es pecado. Así solía decir una antecesora mía. Y tenía toda la razón, seas o no cristiano, compartas o no la idea religiosa de pecado. Cómo no va a ser pecado ofrecer cursos de capacitación a jefas de hogar de extrema pobreza y entregar una pantomima de enseñanza. ¿O cuatro baldes con arena para prevenir incendios en campamentos paupérrimos? ¿O distribución de agua en asentamientos precarios más cara que la con que ya contaban? ¿O capacitación a niños para el manejo de la violencia? Lo que violenta es seguir con los ejemplos.

El 16 de junio de 2023, el medio digital Timeline reveló que en dos meses la fundación Democracia Viva se había adjudicado 426 millones de pesos en convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y la bola de nieve que se destapó en el desierto empezó a rodar desde el norte hasta el sur del país.

¿En qué van las investigaciones a un año y un mes del escándalo? ¿Pagarán los pecadores? ¿O el caso seguirá dificultando la tarea de las organizaciones que llevamos décadas trabajando por los más necesitados, dando pruebas concretas de experticia, eficiencia y transparencia?

El impacto que tuvo el caso sobre la imagen de las fundaciones fue parejo. No distinguió entre justos y pecadores. Todos pagamos el pato. ¿Lo positivo? Que los que hacemos bien la pega confirmamos que la transparencia es lo único que nos resguarda de la desconfianza. Que debemos seguir avanzado en prácticas que no permitan ningún rincón de opacidad en nuestra gestión.