Cristián Rojas M.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió a tramitación un recurso de protección interpuesto contra Enap por el abogado ambientalista Christian Lucero, en representación de 9 dirigentes vecinales y sociales de Puchuncaví y Concón, a raíz de los diversos episodios de intoxicaciones ocurridos en julio y agosto de 2024.

En su escrito presentado al tribunal de alzada, el jurista expone que "en julio y agosto de 2024 se han registrado varios episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, con cientos de personas con síntomas de intoxicación, como cefalea, náuseas, vómitos, mareos, hipertensión, desvanecimiento, parestesia, disminución de fuerza en sus extremidades inferiores entre otros, lo que se produjo luego de que inhalaran gases de olor nauseabundo que circulaban por el aire mientras se encontraban cumpliendo con su jornada escolar o en sus labores habituales en la ciudad de Quintero y Puchuncaví".

Y agrega que "por dicha razón el Ministerio de Salud decretó a partir del día 3 de agosto y hasta el 30 de septiembre, Alerta Sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, hasta el próximo 30 de septiembre, debido al aumento de atenciones de salud producto de la contaminación que afecta a la zona".

Medidas "insuficientes"

Luego detalla que "las medidas adoptadas consisten en aumentar la fiscalizaciones en el área sanitaria ambiental y en ordenar la suspensión o disminución de las emisiones contaminantes en las industrias de la zona".

"Sin embargo, las medidas han resultado absolutamente insuficientes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, ya que han continuado los episodios de contaminación y las empresas recurridas han continuado contaminando, esto es, generando emanaciones de gases contaminantes a la atmósfera, limitándose a excusarse señalando que el problema del aumento de los episodios de contaminación se debe a las condiciones climáticas adversas, más que a la actividad de las empresas contaminantes, argumentos que resulta contrario a la razón, considerando que existen antecedentes fundados que el almacenamiento inadecuado de sustancias nocivas por parte de al menos una de las empresas contaminantes, la recurrida, lo que creemos ha sido la causa determinante y basal de estos tristes y vergonzosos hechos", advierte el recurso.

"miedo a vivir ahí"

Y subraya que "los efectos físicos y mentales contrarios a la salud son evidentes en lo físico. El miedo a vivir ahí o a mandar a los hijos al colegio sin saber que habrá que retirarlos a media jornada en un hospital es indescriptible".

Frente a ello, solicita a la Corte que ordene a Enap que informe en detalle sobre las medidas adoptadas para evitar que los episodios de contaminación sigan ocurriendo y "la suspensión de las faenas en Terminal Enap de la Bahía de Quintero mientras no existan garantías suficientes que no volverá a ocurrir una fuga de gases tóxicos y/o de hidrocarburos a la atmósfera, en niveles superiores a los permitidos por la OMS".

Oficiar a organismos

Asimismo, solicita que el tribunal de alzada oficie a la Seremi del Medio Ambiente para que "proporcione los datos recogidos por las estaciones de monitoreo de aire en la zona afectada durante el último mes e informe si se ha sobrepasado la norma ambiental vigente".

También pide que la Corte oficie a Seremi de Salud "a fin que proporcione el nombre e individualización de todas las personas afectadas por los eventos descritos en el presente recurso".

Finalmente, solicita que el tribunal oficie a "la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin que informe acerca de los resultados de las fiscalizaciones realizadas a Enap".

Sobre su acción judicial, Lucero destacó que "el punto principal no es cuánta contaminación está permitida de acuerdo a alguna normativa, sino cuánto deben soportar los vecinos, y hoy día los vecinos no tienen por qué soportar que manden a sus hijos al colegio y tener que ir a buscarlos a un centro de salud porque están intoxicados con gases contaminantes. Ahora, se verá, de acuerdo a los informes que se solicitaron al Servicio de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente, que son los órganos que están fiscalizando, qué antecedentes tienen respecto a Enap, que es una de las responsables, pero puede haber otros".

En ese contexto, puntualizó que se trata de "los mismos hechos que denunciamos en el año 2018. Finalmente en los tanques había problemas de almacenamiento cuando se hace el trasvasije de estos productos químicos que tienen que ver con gas, con petróleo, etcétera. Eso es lo que emana a la atmósfera".

Desde Enap señalaron que "nuestra empresa está analizando los antecedentes del recurso de protección y preparando el informe solicitado por la Corte de Apelaciones. Enap está comprometida con la mejora continua en la gestión ambiental y la sostenibilidad de sus operaciones".

"Los vecinos no tienen por qué soportar que manden a sus hijos al colegio y tener que ir a buscarlos a un centro de salud".

Christian Lucero, Abogado que presentó el recurso

"Nuestra empresa está analizando los antecedentes del recurso de protección y preparando el informe solicitado por la Corte".

Enap

A más de dos años de la muerte de la egresada de Derecho, Valentina González Heresmann (27 años), cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 30 de julio de 2022 en uno de los departamentos del motel El Duende, en el sector de Mantagua, en Quintero, el Tribunal de Garantía de dicha comuna acogió la solicitud de la Fiscalía de no perseverar en la causa por obstrucción a la investigación relacionada con este caso, que pesaba en contra de la exjueza suplente y actual secretaria del Primer Juzgado de Letras de Valparaíso, Claudia Reveco Iglesias, y de Álex Olivares Serrano.

La funcionaria del Poder Judicial se vio involucrada en este hecho debido a que, tras el hallazgo del cuerpo de la joven, llegó hasta las dependencias del motel, área que se suponía debía estar aislada como sitio del suceso por parte de personal de la PDI, junto al padre de Felipe Olivares, ya que este último era uno de los acompañantes de la fallecida al momento de desencadenarse los hechos.

Tal situación generó una serie de conjeturas respecto a un eventual ocultamiento de antecedentes para establecer las circunstancias en que se produjo el deceso. Incluso por este hecho la Corte de Apelaciones abrió un expediente, que concluyó con la suspensión por cuatro meses del cargo para la funcionaria del Poder Judicial.

En la audiencia de ayer, el magistrado Patricio Toro Díaz rechazó la solicitud de la parte querellante en la causa, que buscaba la reapertura de dicha investigación.

"La decisión de no perseverar efectuada en esta audiencia por el Ministerio Público tiene respaldo legal y este tribunal la tiene por comunicada", resolvió el magistrado.

Con respecto a la petición de reapertura de la investigación por la acusadora particular que representa a la joven fallecida, el juez Toro estimó que "(…) en orden a que dentro del plazo de 10 días la querellante no realiza una solicitud de reiteración de diligencias que oportunamente hubiese formulado durante la investigación, bastará para que el tribunal entonces deseche la solicitud de reapertura y, en consecuencia, tenga comunicada la decisión de no perseverar, sin más, y sin acceder por tanto a la reapertura".

Origen

Esta causa se originó tras la querella presentada por la abogada que representa a la familia de Valentina González, Cynthia Pérez, en contra de Felipe Olivares, hombre que se encontraba junto a la abogada y otras mujeres en el motel; el padre del mismo y la exmagistrada Claudia Reveco.

A juicio de la familia de Valentina González, la acción de Reveco entorpeció la investigación al mantener diálogo con testigos potenciales del hecho. Incluso se le acusó de borrar evidencia.