respecto de tres efectivos -los sargentos Quezada y Rivera, y el cabo Campos-, se pide tres penas de 15 años para los seis imputados, y cinco años para Elizabeth Soto como encubridora.

Por porte ilegal de armas de fuego, las penas solicitadas son de cinco años de presidio para los seis imputados.

Respecto a Matías Peralta y Maximiliano Fuenzalida, el defensor local jefe de Quilpué-Villa Alemana, Sergio Vilca, señala que "a la luz de todos los antecedentes expuestos se plantea falta de participación, debido a la ausencia de pruebas decisivas de su presencia en los hechos. Ambos fueron detenidos en Valparaíso el 28 de marzo, no en el sitio del suceso del 26 de marzo en Quilpué".

5° y último hecho

El 28 de marzo, con una orden judicial de entrada y registro, personal de la PDI ingresó al domicilio de Elizabeth Soto, en población Las Palmas del cerro Los Placeres, donde se hallaban Maximiliano Fuenzalida, Matías Peralta y la dueña de casa.

De acuerdo a la acusación, en ese departamento mantenían una escopeta, dos pistolas, 155 municiones, 180 gramos de cocaína, aparte de moneda chilena y extranjera, joyas, relojes y otros. Por tenencia de arma de fuego prohibida y municiones, Maximiliano Fuenzalida y Matías Peralta arriesgan 20 años de presidio y otros 10 por tráfico, mientras para Elizabeth Soto se piden 25 años.

El defensor de Fuenzalida y Peralta, Sergio Vilca, sostiene que "respecto del supuesto porte de arma de fuego y tráfico de drogas, creemos que es necesario establecer si hubo elementos que estuvieron bajo la esfera de custodia de mis representados mediante pruebas contundentes".

Alta complejidad

Para la fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, éste ha sido uno de los casos más complejos de su carrera de dos décadas, tanto por la naturaleza y cantidad de delitos como por el número de imputados y el gigantesco trabajo desplegado para dar con las pruebas que permitan sustentar la acusación.

"Cada vez que se encontraban teléfonos había que revisarlos; es una cantidad de archivos muy grande y había que buscar los medios para acreditar el hecho y la participación o no de alguna persona", ejemplifica respecto de la investigación en que además de testigos y peritos se contó con diverso material audiovisual, fotografías y georreferenciación de los teléfonos.

Pero también, refiere, hay un aspecto emocional involucrado, porque ella había trabajado con la suboficial Olivares, que a sus 43 años y con 21 de servicio, dejó dos hijos adolescentes cuando le faltaban nueve meses para el retiro. "Fue un aspecto difícil al inicio, durante toda la investigación y durante todo el juicio, porque se trata de alguien que uno ha conocido en su tarea, que ha estado en el turno con uno", subraya.

Destaca igualmente la labor del equipo de la PDI a cargo del subprefecto Rodrigo Gallardo, que efectuó una intensa tarea y quien declaró varios días en el juicio, al cual no ha sido fácil llevar testigos civiles, por el temor que generan las bandas criminales, por lo que "la gente no quiere ir, o pide muchas medidas de protección, que el tribunal ha otorgado para que pueda declarar lo más tranquila posible, resguardada por biombos".

Elementos de prueba

-¿Cómo situaron a los imputados en el lugar y en el tiempo de la comisión de los delitos?

- Al inicio hubo dos detenidos por Carabineros y eso ya nos dio una línea que empezamos a trabajar con la BH. Una testigo que conocía a un imputado aportó datos. Los hechos en que hay robos incluidos están ubicados y geo posicionados de acuerdo a las antenas de teléfonos. También tenemos ubicados por reconocimiento fotográfico en el primer caso del 26 de marzo, y por ADN en el sitio del suceso.

- ¿Si no se pudo establecer quién le disparó a la suboficial mayor, por qué se imputa a los seis la autoría de homicidio consumado?

- Porque ellos formaban parte de una asociación ilícita para cometer delitos, no es una situación al azar en que casualmente coincidieron en un robo. No. Eran una banda organizada, tenían distintas funciones y los delitos que cometieron, los robos, todos son portando armas de fuego. Se preparan para ir al domicilio de Río Toltén, que vigilan antes. Entonces, al concurrir armados y escapar disparando, todos están aceptando las consecuencias del uso de esas armas. Por eso se les imputa a todos. Eso es algo que sostiene la Fiscalía desde un comienzo.

-¿Se ha establecido que todos iban armados?

- Por las declaraciones de los testigos, lo que señaló el imputado durante la investigación y el tipo de evidencia encontrada, nosotros sostenemos que todos van armados al domicilio.

- ¿Alguna de las armas halladas en Las Palmas se usó en alguno de estos delitos?

- Sí, una de esas armas. Lo señaló el prefecto Rodrigo Gallardo en el juicio. Se posicionó una de esas armas en los hechos del 26, por una de las evidencias balísticas que quedaron en el suelo.

- ¿Al final ellos niegan la participación en los homicidios?

- Los que declararon niegan la participación, salvo Martínez Conde-Riesco, que en la investigación declaró que el que disparó había sido Maximiliano Fuenzalida y ahora señala que fue él, y que probablemente uno de sus disparos habría matado a la suboficial mayor, y por eso pidió disculpas. Pero obviamente me reservaré para el alegato de clausura la argumentación sobre las declaraciones en juicio de ese imputado.

-¿Finalmente cuáles son las expectativas de la Fiscalía respecto de este caso?

- Lo que esperamos es poder presentar la prueba que dé cuenta de toda la investigación que se hizo, de manera que el tribunal pueda también captar la intensidad de ella. Con esos antecedentes la Fiscalía estima que el tribunal tendría todos los elementos para condenar. Eso es lo que nosotros esperamos. Como señalé en el alegato, tengo el convencimiento de que tenemos una prueba contundente y espero que así lo considere también el tribunal. 2

Eran una banda organizada, tenían distintas funciones y los delitos que cometieron, los robos, todos son portando armas de fuego".

Se plantea falta de participación, (de M. Fuenzalida y M. Peralta) debido a la ausencia de pruebas decisivas de su presencia en los hechos".

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La noche que lo iban a herir de muerte, Stephano Hernández Urizar (28) se dirigió en su camioneta al pasaje Volcán San Pablo, en el sector Los Pinos de Quilpué, para entregarle a un amigo la billetera que se le había quedado en el vehículo, y regresó de inmediato al domicilio que compartía con sus padres, Iván y María Luisa, ubicado en la calle Contramaestre Brito de la villa Teniente Serrano.

Serían pasadas las 23 horas del sábado 18 de marzo de 2023 y no sospechaba que tres integrantes de la banda, según consigna la investigación de la Fiscalía, habían elegido su camioneta Mitsubishi de color rojo para sustraerla. Ni menos que esa noche, en el auto MG robado días antes, lo habían comenzado a seguir desde la casa de su amigo en Los Pinos.

De modo que cuando entró en el vehículo al antejardín de su casa y estaba esperando el cierre del portón electrónico, los sujetos armados también entraron y trataron de quitarle la camioneta, pero las puertas estaban con seguro y el joven retrocedió para repeler el robo, y en esa maniobra chocó con el portón y el muro, momento en que le dispararon en la cabeza.

Sus padres en shock y varios vecinos lo socorrieron y lo llevaron al hospital, donde fue sometido a un escáner que horas después confirmó su muerte cerebral. A las 6 de la mañana del domingo lo condujeron a la UTI, lo intubaron y sus padres no se separaron de él hasta que falleció, el lunes 20 a las cinco de la tarde.

El joven técnico de nivel superior en Matricería en la Universidad Federico Santa María -que además era pescador deportivo y practicaba motocross- era hijo único y sus padres lo tuvieron a contrapelo de todos los diagnósticos que les indicaban que, tras un serio accidente automovilístico, no podrían procrear, como relataron a Domingo de Reportajes el año pasado en su casa de Quilpué.

Iván fue contador en la casa central de la USM durante más de cuatro décadas y había jubilado en enero del año pasado para dedicarse a su familia. María Luisa trabajó en la Corte de Apelaciones, pero su proyecto de vida estuvo centrado en su hijo Stephano.

"Lo esperamos durante seis años. Entonces, cuando lo tuve, no quise perderme ni un minuto de mi hijo y me dediqué cien por ciento a él", relató su madre. A partir de su especialidad, Stephano montó una empresa en la casa. "Le gustaba la computación y diseñaba productos, tenía sus negocios, sus boletas, su contadora, su empresa en orden", contó su padre.

"Dios me lo prestó 28 años. No quiso que sufriera y se lo llevó, habría quedado en cama como un vegetal. Pero un individuo le quitó la vida, un bandido que está libre planeando quizás qué mal para otra gente, y yo quiero justicia", dijo entonces María Luisa.

Su hogar recibió otro golpe: 28 días después de la muerte de Stephano, falleció su padre. La madre quedó sola, pero ya declaró en el juicio y nunca ha cejado en su afán de que se haga justicia. 2