La publicación de conversaciones de WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco -en los que se revelan favores entre ambas partes-, provocó un verdadero terremoto: el máximo tribunal decidió suspenderla y abrir un cuaderno de remoción por seis cargos; la Fiscalía abrió por oficio una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial; y fue suspendida de su actividad docente en la Universidad Católica.

A su vez, en el parlamento se anunció una acusación constitucional en su contra, así como contra los ministros Jean Pierre Matus -también involucrado con Hermosilla-, y Sergio Muñoz, quien habría pasado información a su hija en una causa.

¿Es la peor crisis del Poder Judicial? "Éste es el inicio. Tenemos que estimar en los meses que vengan, y quizás años que vengan, si efectivamente ésta es una de las crisis más graves del Poder Judicial. Pero es algo que no había ocurrido antes con esta fuerza, desde los hechos que se están investigando, hasta la reacción del Poder Judicial y del sistema político en su conjunto", asegura Alberto Precht, abogado experto en corrupción, profesor adjunto en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, exdirector ejecutivo de Chile Transparente y parte del directorio de la corporación Transparencia Internacional.

- La Suprema decidió abrir un cuaderno de remoción con seis cargos, no sólo por lo de Hermosilla ¿Por qué no lo hizo antes?

- Por una parte, tenía ya abierta una investigación por parte de la Comisión de Ética del Poder Judicial por antecedentes previos que vinculaban a la pareja de la ministra Vivanco con los audios, y ya habían salido algunos indicios de estos otros puntos. Y luego estos se unen a lo que está en los audios y en las conversaciones de los WhatsApp entre Vivanco y Hermosilla, por eso se llega a estos seis. ¿Por qué no se hizo antes? Entiendo que es porque estaban esperando la resolución del Comité de Ética para poder actuar. Como los WhatsApp se filtran anteriormente, los da a conocer Ciper, evidentemente al Poder Judicial no le queda otra que actuar con mayor celeridad a lo que quizás tenía planteado.

- La Fiscalía decidió actuar por oficio, además.

- Así es. Cosa que parece muy positiva. (...) No sólo estamos hablando de falta de deberes de los jueces, que es lo que está viendo la Corte Suprema, sino también de la posible comisión de delitos. Podría haber soborno/cohecho, tráfico de influencias, violación de secreto, prevaricación. Varias hipótesis penales se abren ante lo que hemos ido conociendo. Obviamente, la ministra Vivanco goza de absoluto principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

- ¿Esto también afecta a otros nombramientos?

- Algunos han querido señalar que éste es un problema del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. No, éste es un problema de los nombramientos en general. El sistema que tiene Chile está muy reglado, pero en las sombras ocurre una serie de prácticas que uno llegaría a pensar que casi son transversales en todo tipo de nombramientos, que tienen que ver con esto que se denomina el besamanos o muchas veces el tener que llamar o el tener que recurrir a intermediarios como lo hace Vivanco con Hermosilla. Por eso, creo que en este caso tenemos que separar muy bien dos cosas: el sistema de nombramientos y estos espacios de opacidad o de falta de sinceridad del sistema -porque se podría señalar abiertamente que éste es un sistema de denominación política y no técnica, como se hace en otras partes del mundo-; y la discusión que tiene que ver con la comisión de delitos de personas que han accedido a determinados cargos de poder. Si mezclamos las dos conversaciones podemos llevar a una confusión de que aquí todos los nombramientos fueron espurios, mal hechos, etc. Y evidentemente no todas las personas que fueron nombradas con este sistema han cometido delitos.

- Parece de perogrullo tener que cambiar el sistema de nombramiento. ¿Cómo se puede hacer?

- No necesariamente hay que cambiarlo. Hay que sincerarlo y dejar que estas posibilidades de interacción que hoy día ocurren en la opacidad sean transparentadas. Algunos dicen, 'acá hay que sacar a los políticos del sistema de nombramiento', como si los técnicos no fueran corrompibles. (...) Lo importante es que el sistema sea uno donde todos los que intervengan sepan cuáles son las reglas del juego. O sea, que si yo quiero llegar a un determinado cargo, tengo que pasar por determinadas etapas y esas sean iguales para todos. Y eso, claramente, es algo que no sólo en el caso Vivanco, sino que en muchos nombramientos -conservadores, notarios, grupos colegiados, etc., donde intervienen cientos de poderes públicos- está en cuestionamiento hoy día. Eso es lo que efectivamente hay que modificar. Pero, ojo, porque en Chile muchas veces hemos tenido el problema de que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. No cualquier modificación al sistema de nombramiento va a ser una buena.

- En México está en trámite una reforma para que los jueces sean elegidos por voto popular. ¿Usted cree que es una buena medida?

- No. Soy de los que cree que la judicatura es más bien un desarrollo técnico y, por lo mismo, siempre privilegiaría la carrera dentro de la judicatura y perfeccionar a la academia judicial, etc. ¿Qué cosa sí haría? Creo que la figura de los abogados integrantes va en contra de eso, por ejemplo, y debiese modificarse. O el exceso de poder que pueden tener algunos parlamentarios para los nombramientos en las Cortes de Apelaciones. Todas esas interferencias, creo que efectivamente hay que eliminarlas. Pero ir al voto popular, la verdad es que no nos aseguraría tener mejores jueces, al revés. Podría llevar a un decaimiento de la calidad de la justicia y politizar aún más, porque, ¿quiénes van a ser esos candidatos? Candidatos que van a provenir de los partidos políticos, y con financiamiento de estos.

- Tanto el Congreso como el Poder Judicial no tienen fiscalización externa. ¿Usted cree que a través del Consejo de Transparencia, u otro ente, debería existir esta supervisión?

- Claramente. No el Consejo para la Transparencia que goza de una autonomía muy limitada, pero sí otro tipo de organismo que se pueda crear ad hoc, o la Contraloría General de la República. Esto ha estado en la discusión de la ley orgánica del Congreso en muchos años. Está detenido un proyecto en el Senado que crea efectivamente una comisión con mayor grado de autonomía que esta autofiscalización que hoy día tienen estos poderes públicos. Creo que siempre es muy importante que existan controles cruzados, sin duda, porque uno no es un buen juez de uno mismo; y, por lo mismo, es importante que sea también un tercero el que pueda mirar con mayor distancia lo que ocurre en casos tan extremos como los que estamos viendo en estos días.

- ¿Qué le parece el anuncio de las acusaciones constitucionales a Matus, Vivanco y Muñoz?

- Es lo que tiene que hacer la clase política y son las herramientas que entrega nuestra Constitución. Si no hay acusaciones constitucionales en casos como estos, uno no entendería para qué se ocupan. Estos son los casos para acusaciones constitucionales, no todos los que vimos contra ministros durante los últimos diez años, que fueron un bochorno y que destruyeron en parte del sistema de acusaciones constitucionales.

- Los senadores actúan como jueces en este tema, algunos de los cuales votaron por Vivanco. ¿Eso complica el escenario?

- No, uno siempre podría empezar a hacer conjeturas de que los senadores pierden una determinada imparcialidad. Los senadores, cuando votaron por Ángela Vivanco, votaron por una negociación, como lo han hecho por todos los jueces históricamente. "Voto por un juez favorable, voy a irme al pasado, a la Concertación, y tú me apoyas mi candidato a contralor; tú me apoyas mi candidato al Tribunal Constitucional y yo te apoyo tu nombramiento en TVN". Estoy inventando. Pero la lógica de nombramientos en Chile es una transaccional de acuerdos políticos. Y por lo mismo los senadores que votaron por Ángela Vivanco, votaron bajo esa lógica, más allá de los discursos y de los méritos propios que tiene la profesora Vivanco, tampoco es cualquier persona, es alguien que tiene una trayectoria académica importante. Entonces, yo no veo que esto le reste imparcialidad al Senado. Porque si así fuera, el Senado no podría nunca votar una acusación constitucional. Porque, por ejemplo, ¿podría votar con imparcialidad contra un ministro de Estado que fuera de tu coalición? No (...). No va a haber ningún problema en que el Senado vote favorable o desfavorablemente una acusación de una ministra que haya nombrado. 2

No necesariamente hay que cambiar (el sistema). Hay que sincerarlo y dejar que estas posibilidades de interacción que hoy día ocurren en la opacidad sean transparentadas".

Flor Arbulú Aguilera

flor.arbulu@mercuriovalpo.cl

Según dice, "estos son los casos" que merecen Acusaciones constitucionales del parlamento.

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La publicación de conversaciones de WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco -en los que se revelan favores entre ambas partes-, provocó un verdadero terremoto: el máximo tribunal decidió suspenderla y abrir un cuaderno de remoción por seis cargos; la Fiscalía abrió por oficio una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial; y fue suspendida de su actividad docente en la Universidad Católica.

A su vez, en el parlamento se anunció una acusación constitucional en su contra, así como contra los ministros Jean Pierre Matus -también involucrado con Hermosilla-, y Sergio Muñoz, quien habría pasado información a su hija en una causa.

¿Es la peor crisis del Poder Judicial? "Éste es el inicio. Tenemos que estimar en los meses que vengan, y quizás años que vengan, si efectivamente ésta es una de las crisis más graves del Poder Judicial. Pero es algo que no había ocurrido antes con esta fuerza, desde los hechos que se están investigando, hasta la reacción del Poder Judicial y del sistema político en su conjunto", asegura Alberto Precht, abogado experto en corrupción, profesor adjunto en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, exdirector ejecutivo de Chile Transparente y parte del directorio de la corporación Transparencia Internacional.

- La Suprema decidió abrir un cuaderno de remoción con seis cargos, no sólo por lo de Hermosilla ¿Por qué no lo hizo antes?

- Por una parte, tenía ya abierta una investigación por parte de la Comisión de Ética del Poder Judicial por antecedentes previos que vinculaban a la pareja de la ministra Vivanco con los audios, y ya habían salido algunos indicios de estos otros puntos. Y luego estos se unen a lo que está en los audios y en las conversaciones de los WhatsApp entre Vivanco y Hermosilla, por eso se llega a estos seis. ¿Por qué no se hizo antes? Entiendo que es porque estaban esperando la resolución del Comité de Ética para poder actuar. Como los WhatsApp se filtran anteriormente, los da a conocer Ciper, evidentemente al Poder Judicial no le queda otra que actuar con mayor celeridad a lo que quizás tenía planteado.

- La Fiscalía decidió actuar por oficio, además.

- Así es. Cosa que parece muy positiva. (...) No sólo estamos hablando de falta de deberes de los jueces, que es lo que está viendo la Corte Suprema, sino también de la posible comisión de delitos. Podría haber soborno/cohecho, tráfico de influencias, violación de secreto, prevaricación. Varias hipótesis penales se abren ante lo que hemos ido conociendo. Obviamente, la ministra Vivanco goza de absoluto principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

- ¿Esto también afecta a otros nombramientos?

- Algunos han querido señalar que éste es un problema del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. No, éste es un problema de los nombramientos en general. El sistema que tiene Chile está muy reglado, pero en las sombras ocurre una serie de prácticas que uno llegaría a pensar que casi son transversales en todo tipo de nombramientos, que tienen que ver con esto que se denomina el besamanos o muchas veces el tener que llamar o el tener que recurrir a intermediarios como lo hace Vivanco con Hermosilla. Por eso, creo que en este caso tenemos que separar muy bien dos cosas: el sistema de nombramientos y estos espacios de opacidad o de falta de sinceridad del sistema -porque se podría señalar abiertamente que éste es un sistema de denominación política y no técnica, como se hace en otras partes del mundo-; y la discusión que tiene que ver con la comisión de delitos de personas que han accedido a determinados cargos de poder. Si mezclamos las dos conversaciones podemos llevar a una confusión de que aquí todos los nombramientos fueron espurios, mal hechos, etc. Y evidentemente no todas las personas que fueron nombradas con este sistema han cometido delitos.

- Parece de perogrullo tener que cambiar el sistema de nombramiento. ¿Cómo se puede hacer?

- No necesariamente hay que cambiarlo. Hay que sincerarlo y dejar que estas posibilidades de interacción que hoy día ocurren en la opacidad sean transparentadas. Algunos dicen, 'acá hay que sacar a los políticos del sistema de nombramiento', como si los técnicos no fueran corrompibles. (...) Lo importante es que el sistema sea uno donde todos los que intervengan sepan cuáles son las reglas del juego. O sea, que si yo quiero llegar a un determinado cargo, tengo que pasar por determinadas etapas y esas sean iguales para todos. Y eso, claramente, es algo que no sólo en el caso Vivanco, sino que en muchos nombramientos -conservadores, notarios, grupos colegiados, etc., donde intervienen cientos de poderes públicos- está en cuestionamiento hoy día. Eso es lo que efectivamente hay que modificar. Pero, ojo, porque en Chile muchas veces hemos tenido el problema de que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. No cualquier modificación al sistema de nombramiento va a ser una buena.

- En México está en trámite una reforma para que los jueces sean elegidos por voto popular. ¿Usted cree que es una buena medida?

- No. Soy de los que cree que la judicatura es más bien un desarrollo técnico y, por lo mismo, siempre privilegiaría la carrera dentro de la judicatura y perfeccionar a la academia judicial, etc. ¿Qué cosa sí haría? Creo que la figura de los abogados integrantes va en contra de eso, por ejemplo, y debiese modificarse. O el exceso de poder que pueden tener algunos parlamentarios para los nombramientos en las Cortes de Apelaciones. Todas esas interferencias, creo que efectivamente hay que eliminarlas. Pero ir al voto popular, la verdad es que no nos aseguraría tener mejores jueces, al revés. Podría llevar a un decaimiento de la calidad de la justicia y politizar aún más, porque, ¿quiénes van a ser esos candidatos? Candidatos que van a provenir de los partidos políticos, y con financiamiento de estos.

- Tanto el Congreso como el Poder Judicial no tienen fiscalización externa. ¿Usted cree que a través del Consejo de Transparencia, u otro ente, debería existir esta supervisión?

- Claramente. No el Consejo para la Transparencia que goza de una autonomía muy limitada, pero sí otro tipo de organismo que se pueda crear ad hoc, o la Contraloría General de la República. Esto ha estado en la discusión de la ley orgánica del Congreso en muchos años. Está detenido un proyecto en el Senado que crea efectivamente una comisión con mayor grado de autonomía que esta autofiscalización que hoy día tienen estos poderes públicos. Creo que siempre es muy importante que existan controles cruzados, sin duda, porque uno no es un buen juez de uno mismo; y, por lo mismo, es importante que sea también un tercero el que pueda mirar con mayor distancia lo que ocurre en casos tan extremos como los que estamos viendo en estos días.

- ¿Qué le parece el anuncio de las acusaciones constitucionales a Matus, Vivanco y Muñoz?

- Es lo que tiene que hacer la clase política y son las herramientas que entrega nuestra Constitución. Si no hay acusaciones constitucionales en casos como estos, uno no entendería para qué se ocupan. Estos son los casos para acusaciones constitucionales, no todos los que vimos contra ministros durante los últimos diez años, que fueron un bochorno y que destruyeron en parte del sistema de acusaciones constitucionales.

- Los senadores actúan como jueces en este tema, algunos de los cuales votaron por Vivanco. ¿Eso complica el escenario?

- No, uno siempre podría empezar a hacer conjeturas de que los senadores pierden una determinada imparcialidad. Los senadores, cuando votaron por Ángela Vivanco, votaron por una negociación, como lo han hecho por todos los jueces históricamente. "Voto por un juez favorable, voy a irme al pasado, a la Concertación, y tú me apoyas mi candidato a contralor; tú me apoyas mi candidato al Tribunal Constitucional y yo te apoyo tu nombramiento en TVN". Estoy inventando. Pero la lógica de nombramientos en Chile es una transaccional de acuerdos políticos. Y por lo mismo los senadores que votaron por Ángela Vivanco, votaron bajo esa lógica, más allá de los discursos y de los méritos propios que tiene la profesora Vivanco, tampoco es cualquier persona, es alguien que tiene una trayectoria académica importante. Entonces, yo no veo que esto le reste imparcialidad al Senado. Porque si así fuera, el Senado no podría nunca votar una acusación constitucional. Porque, por ejemplo, ¿podría votar con imparcialidad contra un ministro de Estado que fuera de tu coalición? No (...). No va a haber ningún problema en que el Senado vote favorable o desfavorablemente una acusación de una ministra que haya nombrado. 2

No necesariamente hay que cambiar (el sistema). Hay que sincerarlo y dejar que estas posibilidades de interacción que hoy día ocurren en la opacidad sean transparentadas".

Flor Arbulú Aguilera

flor.arbulu@mercuriovalpo.cl

Según dice, "estos son los casos" que merecen Acusaciones constitucionales del parlamento.

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