Bullados fraudes y casos vinculados al mal uso de recursos públicos se han registrado en la zona en estas casi dos décadas.

En marzo de 2009, la Corte Suprema confirmó las condenas en el escándalo por el desmalezado de la ex Refinería de Petróleos de Concón, que en 1992 pagó $381 millones por el despeje del exterior de la planta.

Fueron condenados a 541 días remitidos el exsecretario general de la ex RPC, Claudio Soto, y el excontratista Francisco Zárate, por estafas reiteradas, como también al pago de una multa de más de $16 millones. Se investigó si el dinero había sido usado en campañas políticas de la DC, pero un recurso de protección acogido en favor de los indagados impidió que el tribunal accediera a la totalidad de sus cuentas bancarias.

En otro caso, el Tribunal de Juicio Oral de Valparaíso absolvió en agosto de 2008 a la exdiputada PPD Laura Soto del delito de estafa, en una investigación por el desvío de fondos públicos del orden de $9 millones del Programa de Generación de Empleos (PGE) a su campaña parlamentaria 2005. Culpables por fraude al fisco y estafa resultaron el exseremi del Trabajo, José Manuel Mansilla, y los contratistas Sergio y Luis Vargas.

Fraudes a la intendencia

Entre 2008 y 2019 se conocieron tres casos. El primero correspondió a delitos por más de $1.200 millones en el periodo del exintendente Iván de la Maza (DC), en que los responsables creaban proyectos falsos de hasta $80 millones, a nombre de municipalidades de la zona, suma que cobraban terceros.

Fueron condenados a 10 años de prisión el exjefe de Finanzas del Gobierno Regional (Gore), Lorenzo Leiva, y a ocho años el excontador auditor del Gore, Jaime Lorca. Con cinco años quedaron Julio Medina, exjefe de Planificación y Gestión del Gore, así como Eugenio Aubele, y con cuatro años Marcelo Urzúa, los dos últimos contratistas, en calidad de cómplices.

En Fraude a la Intendencia 2, el 12 de agosto de 2014 el Tribunal Oral de Valparaíso dio a conocer la sentencia contra el exjefe de Administración y Finanzas del Gore, Sergio Núñez, a más de ocho años de cárcel, principalmente por malversación de caudales públicos. A quien fuera jefe de gabinete del exintendente Raúl Celis, Enrique Kittsteiner, lo condenó a ocho años por el mismo delito y por fraude al fisco. Y Claudio Uribe, excoordinador regional de elecciones, recibió la pena de cinco años por malversación y 541 días por fraude al fisco. Además los tres fueron condenados a pagar los más de 134 millones en que se vio afectado el fisco por los delitos perseguidos.

En el tercero, vinculado a la elaboración fraudulenta de programas de Desarrollo Territorial para Petorca por una consultora contratada por el Gore, el 18 de enero de 2019 la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía llevó a procedimiento abreviado por un perjuicio de $48 millones a la exfuncionaria del Gore, Nelda Garcés, y a los representantes de la empresa Haza Eduardo Jorquera y Marcela Cartagena, quienes fueron condenados por fraude al fisco y soborno.

Deuda y horas extra

EL 21 de enero de 2019, la Contraloría General informó de un déficit municipal de más de $17 mil millones en Viña del Mar y excesivo pago de horas extras, luego de que en su cuenta pública de 2018 la alcaldesa Virginia Reginato (UDI) no informara de esa situación financiera, a raíz de lo cual fue acusada por notable abandono de deberes.

El 20 de Julio de 2021 el Tribunal Calificador de Elecciones acogió el requerimiento y resolvió su cesación de la concejalía que a esa fecha ejercía, inhabilitándola para desempeñar cargos públicos por cinco años. El fallo dice que más allá de la forma en que la Contraloría llegó a definir el déficit de 2017, "es cierto que la propia requerida reconoce que la situación deficitaria es distinta a la que informó en su cuenta pública".

En julio de 2022, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar condenó en procedimiento abreviado al exadministrador municipal, Pablo Staig, y al exdirector de Finanzas, Manuel Echeverría, como autores de fraude al Fisco cifrado en alrededor de $9,4 millones, a 541 días de presidio, pena que pudieron cumplir en libertad. Ello, luego de ser querellados también por el Consejo de Defensa del Estado por pago de horas extra.

La Municipalidad, dirigida ahora por la alcaldesa del Frente Amplio Macarena Ripamonti, encargó una auditoría de la situación financiera, presupuestaria y forense de la corporación entre 2016 y 2021, cuyo informe se conoció en septiembre de 2022. Detectó 63 anomalías, entre irregularidades en el control financiero, control de presupuestos, contratación de funcionarios y adquisición de bienes, y cifró en $100 mil millones los daños al patrimonio y pérdidas.

La alcaldesa ha emprendido varias acciones judiciales contra su antecesora, tanto por la situación financiera como por su responsabilidad en el pago de horas extra, en el no pago de cotizaciones a los trabajadores de la Corporación Municipal, que derivó en intereses y multas por más de $273 millones, al igual que en el pago de cuantiosos finiquitos a exdirectivos de ese organismo, todo lo cual está en investigación.

Alcaldes bajo la lupa

En prisión preventiva está el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y su expareja, Belén Carrasco, en arresto domiciliario, por malversación de caudales públicos por más de $1.163 millones, y en el caso del exjefe comunal también por cohecho. En junio Yáñez fue formalizado además por lavado de activos junto a otros siete imputados.

En Casablanca, el alcalde Francisco Riquelme se querelló contra su antecesor, Rodrigo Martínez, a quien acusa de comprar un terreno por más de tres veces su valor, a través de trato directo; en Rinconada, el Ministerio Público investiga el posible pago con sobreprecio de terrenos por la Municipalidad que conduce Juan Galdames; y en La Calera, el uso de maquinaria destinada a tareas municipales en recintos privados con los cuales podría tener conexión el alcalde, Johnny Piraino.

Alcaldesa osorio

En 2022 fueron formalizados por estafas reiteradas contra integrantes de comités de vivienda de Cabildo y El Melón, la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio; la exconcejal de la primera comuna, Juana Zamora, y el arquitecto Mauricio Torres, imputados por engañar a los comités sobre la existencia de proyectos habitacionales y pedirles dinero para tramitación.

La Fiscalía ha cifrado el monto en unos $160 millones en el caso de Cabildo y en cerca de $60 millones en el de El Melón, mientras las víctimas serían unas 400 personas.

Caso convenios

A un año del Caso Convenios, en junio, la Fiscalía investigaba transferencias de recursos públicos a fundaciones y entidades similares sin fines de lucro por más de $2.400 millones en la Región de Valparaíso.

En traspasos desde el Ministerio de Vivienda, es la tercera en el país, con $1.853.575.397. Y en cuanto a transferencias desde el Gobierno Regional, es la novena de las 12 regiones investigadas, con $562.164.689. 2

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl