Gian Franco Giovines D.

Tras largos tres años de espera para la familia de Alejandro Correa Uribe, la Seremi de Vivienda de Valparaíso notificó este miércoles el desalojo de las 43 viviendas instaladas de la toma ilegal asentada en los terrenos propiedad de la viuda y las hijas del empresario conconino, asesinado en 2020 a manos de un sicario, contratado por los usurpadores del predio.

Fue el 18 de junio de 2021 cuando la repartición regional del Minvu, mediante la Resolución Exenta N° 1.000, ordenó la demolición de las viviendas instaladas en el terreno ubicado en el sector de Pompeya Sur, en Quilpué. Sin embargo, nunca notificó a los ocupantes para concretar el proceso de desalojo. Eso hasta ayer, puesto que, tras acatar un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Seremi de Vivienda finalmente notificó a los ocupantes que sus viviendas serán demolidas mediante una publicación en el Diario Oficial.

Junto con ordenar la paralización de las obras en el asentamiento ilegal, la Seremi Minvu notificó a los ocupantes que las 43 viviendas identificadas en la toma por la Dirección de Obras de Quilpué, serán destruidas.

"Demuélase toda edificación emplazada en los inmuebles indicados (...), actuación que deberá ser realizada por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, con cargo al presupuesto anual asignado a éste", consigna el decreto, publicado ayer.

Cabe precisar que los ocupantes de la toma cuentan con un plazo de 10 días hábiles para impugnar la orden en la Corte de Apelaciones. De vencer este plazo sin reclamaciones, "el Servicio Regional respectivo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo procederá, sin más trámite, a la demolición", aseguró la publicación.

Construcciones ilegales

Es relevante mencionar el Ministerio de Vivienda no pondera el hecho de que se trata de terrenos privados usurpados por terceros, sino que fundamenta la orden de demolición en que se trata de 43 viviendas construidas ilegalmente, sin permisos de obras, violando el uso de suelos del Plan Regulador de Quilpué para esta zona, y al estar asentadas en un terreno que, además, presenta riesgo de remoción de masas, tal como lo advirtió un informe de la Dirección de Obras de Quilpué al Minvu, en 2021.

"La orden de demolición fue decretada por el incumplimiento a la legalidad urbanística y el peligro que corren las familias al estar emplazadas en zona de riesgo", explicó la seremi de Vivienda, Belén Paredes, tras conocerse el decreto.

Expuso además la autoridad que se han sostenido dos reuniones con los ocupantes ilegales del terreno. La primera, desarrollada el 27 de septiembre, "en que se dio a conocer la resolución y fecha de notificación". Asimismo, el 8 de octubre "se realizó una mesa de trabajo intersectorial, con las familias, municipio y Serviu de Valparaíso, con la finalidad de conocer la situación de las familias ocupantes y vías de solución", detalló Paredes.

"es EL PUNTAPIÉ INICIAL"

Aunque la espera para la familia Correa ha sido extenuante, su representante legal, la abogada Jeanette Bruna, valoró la notificación del Minvu.

"Esto es el puntapié inicial para concretar una demolición, dado que pasados los 10 días que existen, para que quienes tengan derechos legítimos de reclamar pudiesen ir a la justicia, debe ejecutarse de manera inmediata, sin más trámite, como dice la ley", señaló la jurista, especialista en derecho urbanístico.

Con miras a poder coordinar la ejecución de las demoliciones, la abogada de la familia Correa solicitó esta semana una reunión mediante Ley de Lobby con la delegada presidencial, Sofía González. Esto, explica, "para ver cuál es el procedimiento en que ellos van a facilitar el auxilio de la fuerza pública autorizada por ley para la demolición, en caso de que al momento de la demolición hubiesen personas".

Si bien los ocupantes cuentan con el derecho de apelar a la orden del Minvu, Bruna considera que, dado que estas construcciones se levantaron sin permiso de la DOM, contraviniendo además el Plan Regulador, no tienen ningún fundamento jurídico para contradecir a la cartera de Vivienda.

Compromiso de montes

Y si bien no es un tema que sea ponderado en el decreto emanado por el ministerio, la abogada llama a no olvidar que esta pugna causó el asesinato del empresario Alejandro Correa.

"Esta no es una situación de problema de acceso a la vivienda, sino que aquí estamos hablando simplemente de delitos, de personas que tienen construcciones ilegales en un terreno que fue objeto de dicho delito y del asesinato de Alejandro Correa", subrayó.

"Acá se trata de un terreno objeto de un delito, y eso lo tiene muy en claro el ministro de Vivienda. Nuestra expectativa es alta, porque hemos comprobado que existe un compromiso del ministro Montes para no ser partícipe de actos ilegales", concluyó la profesional.

"La orden de demolición fue decretada por el incumplimiento a la legalidad urbanística y el peligro que corren las familias al estar (...) en zona de riesgo".

Belén Paredes, Seremi de Vivienda

"Nuestra expectativa es alta, porque hemos comprobado que existe un compromiso del ministro Montes para no ser partícipe de actos ilegales".

Jeanette Bruna, Abogada de familia Correa Uribe

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