Equipo de Crónica

Una nueva arista judicial suma la Fundación ProCultura y quien la lideraba, el psiquiatra Alberto Larraín, al conocerse la presentación de una querella por estafa que interpuso la minera Anglo American por la no rendición de gastos de cinco proyectos comunitarios que la entidad financió a través de donaciones, para que la entidad las desarrollara en igual número de comunas, cuatro de ellas de la Región de Valparaíso.

La acción legal se presentó en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y es patrocinada por los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila, quienes, a través de la querella, precisan que se desconoce "cuál es el destino que la fundación le dio a fondos por la suma de $471.824.412".

A juicio de los juristas, lo que aquí se produjo, en base a una relación de confianza entre las partes forjada desde el año 2017 mediante la realización de 28 proyectos que involucraron la donación de $2.462.227.701, fue un aprovechamiento por parte de ProCultura. "Engañó a mi representada (Anglo American), acordando la realización de determinados proyectos con el fin de que esta última le donara determinadas sumas de dinero, para luego apropiárselo y ocuparlos en fines que hasta el momento se desconocen", puntualiza el escrito, según consignó el diario La Segunda.

Irregularidades

Los juristas adjuntaron correos electrónicos que dan cuenta de reiteradas peticiones de la minera a ProCultura para que enviara las respectivas rendiciones de cuentas faltantes, lo que no tuvo una respuesta satisfactoria, aduciendo la fundación que a raíz del caso Convenios se redujo su personal, lo que imposibilitó la rendición de los gastos a tiempo. En noviembre de 2023, la entidad comunicó el cierre de sus funciones.

Los proyectos pendientes de rendición fueron firmados por la minera y ProCultura entre 2021 y 2023, y según informó la empresa, a través de un comunicado, "ante la evidencia recopilada en nuestro proceso de investigación interna, se estableció que existían irregularidades en la rendición de cuentas y trazabilidad en los últimos proyectos entregados a la Fundación ProCultura", situación que, indican, debe ser investigada por el Ministerio Público.

Proyectos

Las iniciativas no rendidas son cinco proyectos que se desarrollaron en Til Til, Región Metropolitana, como también en Rinconada, Catemu, Llay Llay y Nogales, en la Región de Valparaíso. Estos cuatro últimos totalizan transferencias por $355.434.412.

En Nogales el proyecto se denominó "Reparación biográfica comunitaria de la catástrofe del pueblo de El Cobre", firmado en 2023 y cuyo objetivo era poner en valor la tragedia ocurrida el 28 de marzo de 1965, cuando a raíz de un terremoto 7,4° Richter, dos tranques de relaves que provenían de la mina El Soldado colapsaron, causando la muerte de unas 200 personas. La iniciativa tuvo un costo de $95.146.310.

A partir de 2021, en Rinconada, Catemu y Llay Llay se llevó a cabo el proyecto "Puesta en valor de la identidad y el patrimonio como eje de desarrollo sostenible", que se desarrolló en cada comuna y que involucró transferencias por parte de Anglo American a ProCultura de $86.989.826, $87.163.450 y $86.134.826, respectivamente.

La quinta iniciativa no rendida es el "Programa de bienestar y salud mental perinatal integral en la comuna de Til Til", cuyo valor alcanzaba los $356.120.000, monto de cual se transfirió sólo una cuota por $116.120.000, de acuerdo a lo informado por La Segunda.

Fiscalización

En su comunicado, Anglo American señaló que las iniciativas "tuvieron por objeto beneficiar a comunidades en las zonas donde la compañía tiene operaciones, con foco en las áreas de medios de vida (turismo y patrimonio), plan de montaña, salud y bienestar. Todas las donaciones efectuadas por Anglo American a ProCultura fueron donaciones destinadas a proyectos específicos que la donataria debía ejecutar. Anglo American nunca entregó libertad a la fundación para el destino de los fondos donados".

Ante este nuevo episodio que involucra a ProCultura, el diputado Hotuiti Teao (indep.-Evópoli), crítico del cuestionado proceder que tuvo la fundación y sus lazos con el oficialismo, precisó que "el 2022 solicité que las autoridades nacionales de Cultura explicaran su vínculo con la Fundación ProCultura, una solicitud que reiteré en 2023 y que hoy insisto en que se debe abordar en la Comisión de Cultura como una instancia fiscalizadora".

Agregó que "a raíz de la querella por estafa que presentó Anglo American contra la fundación, relacionada con cinco proyectos no rendidos, cuatro de ellos en nuestra región, es crucial que las autoridades transparenten su relación con ProCultura. Aunque se trata de un acuerdo entre privados bajo la Ley de Donaciones, debemos asegurarnos de que estos fondos se manejen de manera correcta, sobre todo cuando afectan el patrimonio de nuestras comunidades".

"Ante la evidencia recopilada en nuestro proceso de investigación interna, se estableció que existían irregularidades en la rendición de cuentas".

Anglo American, Comunicado

"Aunque se trata de un acuerdo entre privados, bajo la Ley de Donaciones, debemos asegurarnos de que estos fondos se manejen de manera correcta".

Hotuiti Teao, Diputado (indep.-Evópoli)

Las aristas levantadas en el denominado caso Audios, que dejan en evidencia los peligros de la corrupción a través de las redes de poder que se tejen dentro del aparato del Estado para cooptarlo con fines privados, es un tema que preocupa a los funcionarios del Ministerio Público, entidad que este 2024 cumple 25 años de existencia.

En conversación con este Diario, Enrique Fernández, abogado asistente de la Fiscalía de Curicó y presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur (Affremsur), quien permanentemente se traslada desde Santiago a regiones para conversar con los trabajadores y conocer en terreno sus demandas, no ocultó su preocupación los antecedentes surgidos.

"Tenemos una profunda preocupación y rechazamos tajantemente los actos de corrupción que, eventualmente, pueden afectar a fiscales del Ministerio Público. Estamos llamados a perseguir los delitos y la ciudadanía ha depositado la confianza en nosotros y es un tema delicado. Los funcionarios del Ministerio Público son comprometidos, no son sujetos a actos de corrupción y esto nos está enlodando como funcionarios y, además, a nuestra institución", expuso el dirigente.

Fernández manifestó que "nos preocupa, incluso en los círculos en los que uno se desenvuelve, que se critique a la institución, porque somos la fuerza viva de la misma. En este momento nos vemos obligados a alzar la voz, justamente en el período de aniversario y ocurren todos estos hechos. No hay nada que celebrar y creemos que todos estos hechos han empañado a nuestra institución, estamos afectados por lo mismo".

Maltrato laboral

El presidente de Affremsur manifestó que, junto a la preocupación que hay entre los funcionarios de la Región por los hechos de corrupción, se suman otros problemas. "Tenemos constante comunicación con nuestros asociados (de Valparaíso) y hemos levantado situaciones de maltrato que han ocurrido en la Región. Incluso hemos apoyado a funcionarios que han realizado denuncias de maltrato laboral, algunos han sido desvinculados y siguen estas demandas en los tribunales".

Fernández asegura que la Fiscalía de la V Región (como a nivel nacional) está sobrepasada en cuanto a la recarga laboral. "Hay problemas de infraestructura, los espacios no son los adecuados para que la gente pueda ejercer sus labores, faltan estacionamientos", concluyó.

"Tenemos una profunda preocupación y rechazamos los actos de corrupción".

Enrique Fernández, Presidente Affremsur