"Los rectores tenemos una opinión muy crítica de la propuesta de presupuestos del Gobierno"
Una intensa semana tuvo el rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Osvaldo Corrales, ya que el miércoles fue reelegido por cuatro años más en el cargo, al que esta vez postuló como candidato único y obtuvo el 52,2% de los votos. Ese mismo día encabezó en la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) una reunión del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), que él preside; y al día siguiente, también en la USM, participó en la reunión del Consejo de Rectores de las Universdades Chilenas (CRUCh).
- ¿Cuál es el balance que hace de la gestión que hizo en estos cuatro años al mando de la UV?
- Nosotros hacemos un balance muy positivo de lo que fue la gestión en este tiempo. Nos tocó asumir en pandemia, una situación muy difícil y que sorteamos con mucho éxito; fuimos, de hecho, la primera universidad de la región que anunció el retorno a la presencialidad plena. Durante estos 4cuatro años, logramos recuperar la matrícula que se vio afectada por la pandemia, y nos transformamos en la universidad más postulada de la región. Logramos una acreditación institucional por seis años, alcanzando por primera vez ser reconocida como una universidad de excelencia por la Comisión Nacional de Acreditación. Hemos logrado mejorar sostenidamente la acreditación o certificación de nuestras carreras, algunas están acreditadas o certificadas por siete años, que es el número máximo de años que se considera para este tipo de programa. Aumentamos también, de modo muy significativo, nuestra matrícula de posgrado, y hemos tenido una mejora muy sustantiva en nuestros indicadores de investigación, particularmente en innovación y transferencia tecnológica, que era algo que nos habíamos puesto como objetivo, dado que nuestra universidad, en su calidad de universidad estatal y regional, tiene un compromiso también con las problemáticas de la región. Hicimos nosotros una revisión de los compromisos que hicimos al momento de presentar nuestra candidatura hace cuatro años atrás, y el porcentaje de cumplimiento de esos objetivos supera el 80%.
- ¿Qué temas se abordaron en la reunión del CUECh que hubo el miércoles en la USM?
- Hemos analizado la propuesta de presupuestos que entregó el Gobierno, tanto para educación superior, como para ciencias, tecnologías, conocimiento e innovación. Las universidades del Estado, los rectores y rectoras tenemos una opinión muy crítica de lo que es esta propuesta de presupuestos, porque cuando uno analiza el conjunto de partidas, finalmente lo que observamos es una disminución en el financiamiento a la educación superior, y también una suma cero en lo que se refiere al presupuesto de ciencia, tecnologías, conocimiento e innovación. Nuestras instituciones, como es sabido, producto de las políticas de financiamiento están pasando por una situación de gran estrés que les impide cumplir con sus roles misionales. Una promesa del Gobierno había sido desarrollar políticas específicas para fortalecerlo, y vemos que los sucesivos presupuestos que hemos conocido no responden a esa promesa, y eso, por supuesto, es algo que nos preocupa y es algo respecto a lo cual tenemos hoy día una posición muy crítica.
- Este jueves, también en la USM, hubo reunión del CRUCh. ¿Qué temas se trataron?
- También se analizó la propuesta de presupuesto que ha hecho el Gobierno en materia de educación superior, y también de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y del mismo modo que se analizó en el Consorcio de Universidades del Estado, por supuesto que tenemos una opinión crítica respecto de esa propuesta, porque en términos reales los aportes para las instituciones, y particularmente para las universidades del Estado, tienden a decrecer, no logran implantarse en el IPC, y eso por supuesto que afecta al desarrollo de nuestras instituciones. De modo que estamos en un periodo que yo llamaría de reflexión crítica respecto de ese presupuesto y construyendo un posicionamiento institucional.
- ¿Cuál es su visión sobre el proyecto de ley para reemplazar el CAE por el FES?
- Respecto del proyecto que ingresó el Gobierno, que nosotros conocimos hace un par de semanas, el Consorcio de Universidades del Estado ha comenzado a desarrollar también una reflexión crítica. Hemos reconocido que ese proyecto aborda algunas cuestiones importantes, como por ejemplo, la situación de aquellos deudores que se encontraban más afligidos por el CAE, especialmente aquel grupo de jóvenes que vio frustrados sus sueños de convertirse en profesionales, por ejemplo, porque las universidades donde estudiaban quebraron o no pudieron continuar entregándoles el servicio, y sin embargo, ellos se quedaron con esas deudas y no han tenido mejoras en sus ingresos que les permitan pagarlas. Nos parece que ese proceso de condonación progresiva se hace cargo de una situación respecto de la cual el Estado tiene un deber, un deber incluso moral. También se hace cargo de algo que nosotros hemos venido reclamando como universidades del Estado, que es que haya normas comunes allí donde hay recursos públicos, porque hemos visto que universidades privadas que en principio parecían no recibir aportes del Estado, en definitiva sí reciben importantes aportes públicos y están sustraídas de normas que a nosotros nos parecen muy importantes, como por ejemplo, las de transparencia. Ahí hay dinero que es de todos los chilenos chilenas, y sin embargo, no sabemos exactamente en qué se ocupan esos dineros.
- Está fresco en la memoria el caso de la Universidad San Sebastián...
- Lo que ocurrió en la Universidad San Sebastián a nosotros nos parece que dejó bastante en evidencia la necesidad de que existan normas comunes, y el proyecto que ha presentado el Gobierno se hace cargo de eso y exige la aplicación de normas de transparencia pública a las instituciones que reciban aportes públicos. Luego hay detalles en el proyecto que a nosotros nos parece que tienen que solventarse y discutirse sobre la base de datos, pero una cosa que también nos parece especialmente valorable es que se ponga término al CAE como política pública, porque es una política pública que se ha vuelto insostenible en el tiempo, porque el Estado tiene que irrogar un gran gasto público para poder garantizar ser aval de esos créditos. En el año 2023 el Estado tuvo que pagar cerca de 450.000 millones de pesos por la recompra de la cartera vencida; son recursos que pudieron haber sido utilizados para mejorar la calidad de la educación superior. De modo que respecto a ese proyecto, como Consorcio de Universidades del Estado estamos hoy día haciendo el análisis porque probablemente construiremos algunas propuestas también de mejora que incorporaremos en el proceso de discusión parlamentaria.
- ¿Cuál es la visión que tienen sobre el caso que ocurrió con Marcela Cubillos?
- Lo que hemos dicho respecto de ese caso es que es un síntoma de las asimetrías que existen en el sistema de educación superior, porque la Universidad San Sebastián, de conformidad con lo que aparece reflejado en sus estados financieros del 2023, recibía algo así como 37.000 millones de pesos por concepto de becas fiscales, es decir, dinero que el Estado le traspasaba directamente. Esos 37.000 millones de pesos son equivalentes a lo que la Universidad Valparaíso, que es una universidad del Estado, recibe por concepto de gratuidad, y sin embargo, nosotros respecto de los dineros de gratuidad tenemos que rendir cuentas, aplicar normas de transparencia, y la Universidad San Sebastián ha estado sustraída de todas esas obligaciones, y por lo tanto, a nuestro juicio el caso de la señora Cubillos es un síntoma precisamente de esas asimetrías, y por otra parte, pone de manifiesto la necesidad de que existan normas iguales allí donde haya dinero público. Para nosotros el problema es fundamentalmente ese, porque casos como el de la señora Cubillos, por supuesto que erosionan la confianza de la sociedad en el destino que se le está dando a los recursos que, se supone, van dirigidos a fortalecer a la educación superior.
" Nos parece especialmente valorable que se ponga término al CAE como política pública, porque es una política pública que se ha vuelto insostenible en el tiempo, porque el Estado tiene que irrogar un gran gasto público para poder garantizar ser aval de esos créditos".