En noviembre vencería el plazo para ejecutar orden de demolición de toma
QUILPUÉ. Familia de Alejandro Correa confía en que el Minvu cumplirá con la disposición.
El 23 de octubre pasado venció el plazo para que los habitantes de las casas construidas en la toma de Quilpué, en terrenos del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario frente a su casa en Concón, presentaran algún recurso legal contra la orden de demolición publicada en el Diario Oficial el 9 de octubre.
Al respecto, Valentina Correa, hija del empresario asesinado, señaló que "como familia estamos plenamente confiados en que el ministro Montes va a cumplir su palabra y se va a ejecutar la orden de demolición. No hay que olvidar que este es un caso que se origina por un terrible asesinato, por un sicariato, mataron a nuestro padre; y hoy en día, nosotros como familia esperamos justicia, pero también la ciudadanía espera que se restablezca el Estado de derecho".
Por su parte, la abogada de la viuda e hijas de Alejandro Correa, Jeanette Bruna, explicó que por parte de los ocupantes del terreno "no se admitió a tramitación ninguna demanda dentro de los diez días que tenían para hacerlo, por lo tanto, la Seremi tendría que esperar los últimos diez días para ver si le notifican algo. Como no presentaron nada, entonces no tienen nada que notificar. Los diez primeros días que tenían se vencían el 23 de octubre, y desde ahí están corriendo diez días hábiles más para notificarles algo".
La jurista detalló que ayer se iba a reunir con Carabineros y el 5 de noviembre con la delegada presidencial regional, "básicamente para que ellos entiendan que, a diferencia de lo que ocurre con los desalojos con fuerza pública y tal como lo dijo la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, Rosa Gómez, en El Mercurio de Santiago, para la demolición con fuerza pública la ley ya se puso en la hipótesis de que haya gente al momento de hacer la demolición, entonces no se requiere una orden de desalojo adicional, porque la fuerza pública es precisamente para el caso en que haya gente al momento de la demolición".
"Digo esto porque el abogado de los ocupantes dijo en El Mercurio de Santiago que da lo mismo casi, porque como no hay orden de desalojo adicional, entonces no hay para cuándo hacer la demolición. Y queda claro que eso no es así", puntualizó Bruna.
"no se requiere"
En ese sentido, preguntó "¿para qué podríamos querer fuerza pública en una demolición si no es porque hay gente? La demolición con fuerza pública es mucho más que el solo desalojo con fuerza pública, es un paso más allá, por eso es que no se requiere de una autorización adicional. Por ley está considerada la fuerza pública en estos casos, y en el mismo decreto que la ordenó, la misma resolución 1.000 de la Seremi, también dice 'con auxilio de la fuerza pública'".
La abogada remarcó que "lo que más ha llamado la atención es que aún no hagan un llamado a que la gente haga abandono voluntario de las construcciones ilegales, o sea, un actuar responsable de cualquier autoridad sería decir públicamente 'llamamos a que la gente haga abandono voluntario de estas construcciones, porque la demolición va'".
Bruna advirtió que "desde que pasen los diez días sin que le notifiquen nada, la seremi tendría que decirle al Serviu, y si no hacen nada, tendrían que considerar que están incurriendo en desacato, y es algo que yo voy a reclamar".
Pedirá que se coordinen
En ese sentido, puntualizó que "el 8 de noviembre vencen los últimos diez días. Una de las cosas que pediré a la delegada es que tengan con urgencia una reunión de coordinación entre Serviu y Carabineros tan pronto venza el plazo el 8 de noviembre".
Desde el Serviu, en tanto, señalaron que están "a la espera de ser notificados que la resolución se encuentra en estado de ejecutarse porque no se presentaron reclamaciones en el tiempo establecido para ello. Una vez notificados, se debe generar un proyecto de ingeniería de desarme y buscar presupuesto para tal efecto, dado que no tenemos un ítem definido para desarme en terreno de privados".
"Como familia estamos plenamente confiados en que el ministro Montes va a cumplir su palabra y se va a ejecutar la orden de demolición".
Valentina Correa, Hija del empresario asesinado
"No se requiere de una autorización adicional. Por ley está considerada la fuerza pública en estos casos".
Jeanette Bruna, Abogada de la viuda e hijas de Alejandro Correa
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