Cristián Rojas M.

Un verdadero drama es el que están viviendo quienes compraron departamentos o hicieron promesas de compraventa con la inmobiliaria Florida Oriente para su proyecto Condominio Barrio Parque Curauma, ubicado en Cardenal Samoré 1246, Placilla, Valparaíso, dado que la empresa se declaró en quiebra y las compañías de seguros se han negado a restituir el dinero en la mayoría de los casos, argumentando reclamos fuera de plazo.

Se trata de un proyecto de 165 departamentos, los cuales saldrán a remate pese a no tener la recepción municipal de obras. Según informó La Segunda, el 28 de noviembre próximo se rematarán 15 departamentos de manera individual, con precios que fluctúan entre 1.342 UF (casi $51 millones) y 3.084 UF ($117 millones). La mayoría de ellos cuenta con bodega y estacionamiento.

El segundo remate se hará al día siguiente y consiste en un paquete de 150 departamentos, 115 estacionamientos y 62 bodegas, todo en una superficie superior a los 16 mil m2 y a un precio mínimo de UF 272.230 ($10.338 millones) más IVA.

Afectada con depresión

Una de las afectadas es Alejandra Lobo, cuya madre, Cecilia Romo, relató que "mi hija ahorró durante mucho tiempo para su vivienda en Curauma y dio un pie de $5 millones, ella estaba embarazada el año pasado y por correo electrónico le empezaron a decir que la entrega en octubre, después que iba a ser en noviembre y así la fueron estirando y estirando hasta que se declararon en quiebra, y la aseguradora tampoco se hizo cargo, porque según la aseguradora, mi hija no se preocupó lo suficiente de estar preguntando todos los días cuándo iban a entregar".

Frente a ello, agregó, "estamos en una demanda que se va a hacer en diciembre contra la aseguradora. Mi hija tuvo un estrés severo por esta situación, y como estaba embarazada, tuvo a su bebé prematuro, y el costo emocional de esto ha sido muy grande, porque mi hija tuvo una depresión postparto muy severa, mi nieto hasta el día de hoy está con plagiocefalia, usa un casquito, teniendo actualmente 11 meses".

Agregó que "ella volvía a trabajar a los seis meses, pero no pudo, le rechazaron la licencia y ha tenido un costo económico, no sólo contratar un abogado y los viajes, sino que ver a su bebé con kinesioterapia, es muy duro el tema, como familia ver un bebé así por culpa de esta gente ha sido muy duro, ya que el bebé al final asume los costos de una sociedad tan corrupta. Mi hija está con depresión, así que estamos luchando por una indemnización también, por todos los daños que esto ha provocado".

Adultas mayores

Uno de los casos más dramáticos es el de la adulta mayor Lia de la Fuente, cuya hija, Mariella Buzeta, relató que "mi mamá tiene 84 años, vendió la casa que dejó mi papá y compró el departamento al contado, pagó 80 millones de pesos, entonces nosotros hicimos la demanda en Santiago contra la inmobiliaria. Ahora estamos pagando arriendo y andamos al tres y al cuatro, y con todo esto puede que a ella le pase algo en el sistema nervioso, porque ella está mal psicológicamente".

Otro caso similar es el de Emilia Carrasco, también adulta mayor, quien relató que "estoy peleando la póliza, para que me la paguen, yo pagué completo el departamento. Este mes tenemos una audiencia en el Segundo Juzgado de Policía Local de Valparaíso, donde mi abogada puso la demanda. Yo vendí una casa que teníamos en común con mi exmarido, puse toda esa plata en ese departamento y ahora estoy arrendando en un cerro de Viña del Mar".

Aseguró que "no ha sido fácil todo este tiempo, me estoy comiendo parte de lo que me queda y no tengo otra entrada, entonces estoy en una situación difícil, y mi salud también se ha ido deteriorando".

La abogada que representa a Alejandra Lobo, a Emilia Carrasco y a otras cuatro personas afectadas es Susana Tarjizan, quien detalló que "me hice parte verificando el crédito en la causa civil en el juicio de quiebra en contra de la inmobiliaria, y se presentó una querella infraccional con demanda civil por infracción a la Ley del Consumidor, en el Segundo Juzgado de Policial Local de Valparaíso. Esas están en tramitación todas, en contra de la compañía de seguros".

Esto último, explicó, es porque "cuando se firma un contrato de compraventa con la inmobiliaria, se exige que se contrate también un seguro, en caso de que la inmobiliaria no cumpla. Y en este caso lo que ocurrió fue que las personas, una vez que fueron informadas de la quiebra de la inmobiliaria, hicieron las gestiones pertinentes para poder cobrar su seguro, pero una vez hecho el procedimiento en forma oportuna, la compañía de seguros se negó a devolver los fondos, esgrimiendo que las personas lo hicieron fuera de plazo. Y por este incumplimiento, nosotros estamos demandando a la compañía aseguradora por infracción a la Ley del Consumidor, para efectos de que cumpla el contrato y les devuelva la el monto que ellos dieron de abono para comprar su casa".

Al final de la lista

Por otra parte, la jurista indicó "lo que uno espera en un juicio de quiebra que se pueda pagar a todos los acreedores de la inmobiliaria, entre ellos mis representados, pero por la condición de valistas no tenemos ninguna preferencia en el pago. De acuerdo a la ley, los que tienen preferencia son los que tienen garantía, por ejemplo, los bancos que tienen hipoteca, o los trabajadores, pero los acreedores valistas son los que no tienen ninguna preferencia, que es el caso de todas las personas que firmaron promesas de compraventa, a los que no se les cumplió ninguna".

Por su parte, la abogada Jeanette Bruna, académica de Derecho Urbanístico de la PUCV, hizo notar que "las bases señalan que se somete a remate un inmueble que coincide con aquel en que se emplaza una edificación (edificio 1) que no cuenta con recepción municipal y, por tanto, no está legalmente autorizada la enajenación de sus unidades (departamentos, estacionamientos). Extraña que no se haga mención a esta situación, dado que normalmente las transferencias de inmuebles con permisos no recepcionados incluyen la identificación de dicho acto y el estado de las obras y partidas, entre otros aspectos, en especial porque se expresa liberación de toda responsabilidad respecto a antecedentes municipales o de recepciones".

"contratos vigentes"

Asimismo, advirtió que "además de lo anterior, quien pretenda adjudicarse inmueble debe considerar que, respecto al edificio no recepcionado, existen promitentes compradores con contratos vigentes, que al recepcionar pueden exigir que se haga el traspaso de los departamentos al valor que promesaron".

"Desde todas las perspectivas, los promitentes compradores son las grandes víctimas, dado que el seguro con que la Ley General de Urbanismo y Construcciones buscó resguardar a los consumidores inmobiliarios se niega a pagar los montos que ya cancelaron las personas, no son acreedores preferenciales, y corren riesgo que no se les entreguen sus viviendas, situación que viene a agravar la crisis de acceso a la vivienda", advirtió Bruna.

"Vendí una casa que teníamos en común con mi exmarido, puse toda esa plata en ese departamento y ahora estoy arrendando".

Emilia Carrasco, Afectada

"No cuenta con recepción municipal y, por tanto, no está legalmente autorizada la enajenación de sus unidades".

Jeanette Bruna, Abogada, académica Derecho Urbanístico PUCV

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