Redacción / Matías Gatica

El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a la solicitud del Ministerio Público y extendió en 45 días el plazo de investigación por fraude al Fisco y otros delitos del Caso Convenios de las fundaciones Democracia Viva, Fusupo, Fibra y TomArte.

En la audiencia de reformalización y cierre de la investigación de estos casos, el Ministerio la Fiscalía argumentó que aún restan 12 diligencias, entre las cuales están un informe de la Bridec y de Migraciones de la PDI; un ejercicio contable solicitado por la defensa de Daniel Andrade; el vaciado telefónico del exseremi de Vivienda Carlos Contreras; la declaración de la imputada Paz Fuica; y la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex FA), que se realizará el 10 de febrero.

De esta manera, la audiencia de cierre de la investigación quedó fijada para el 10 de marzo a las 08:30 horas.

"Una vergüenza"

Conocidas las nuevas fechas del caso, la propia diputada oficialista ayer salió a comentar la revelación de nuevos mensajes de chat que la involucrarían en el caso y en una supuesta trama de protección de los implicados, a pesar de que el viernes de la semana pasada había criticado la filtración de los textos de la carpeta investigativa y había dicho que todo se trataba de una maniobra política.

Fue "uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida", reconoció ayer a CNN. "Hay mensajes en la carpeta investigativa, posteriores a la suscripción a los convenios, que son horribles. Me da vergüenza. Fue un error", añadió, argumentando que lo hizo por "una búsqueda desesperada por proteger a alguien que estaba en el corazón de una polémica", en ese caso su ex pareja, Daniel Andrade, en ese tiempo representante legal de la fundación Democracia Viva.

"Tenía temor. Sentía que se me estaba involucrando en algo en lo que yo no tenía nada que ver. Yo no sabía de qué estábamos hablando. Creo que no hay manera de justificar o de explicar los mensajes de ese tiempo", indicó la legisladora.

Pérez, según el mismo relato a CNN, aseguró que nunca pensó que "fuese un error que Daniel Andrade y Carlos Contreras, dos personas que se conocían por Revolución Democrática, estuvieran generando un vínculo, por la vía que fuera, que pudiese tener una repercusión tan importante".

"Ese error de ponderación ha sido de lo más importantes de mi vida porque me ha valido una sanción política muy, muy grande", agregó.

Finalmente, Pérez reconoció que borró conversaciones de WhatsApp a pesar de que sabía que estaban bajo investigación de la justicia: "Yo tomé la decisión de borrar mensajes porque entregué el único celular que tengo y donde están todas las conversaciones y situaciones íntimas que uno tiene con una pareja. Entregué así mi celular y efectivamente borré registros, imágenes íntimas, conversaciones personales que yo tenía con mi pareja y que no tenían nada que ver con el caso".

"Lo hice, a propósito del festival de filtraciones, y creo que fue una medida acertada de mi parte, porque todo lo que hay en la carpeta de investigación, vinculado o no con el caso, se ha filtrado", dijo.

Un día después de que el fiscal Héctor Barros dijera que con los antecedentes que tiene hasta el momento todo apunta a que "el gobierno venezolano está detrás" del crimen el exteniente de ese país Ronald Ojeda, su versión fue criticada por el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona.

A 11 meses de que Ojeda fuera secuestrado y hallado enterrado en una toma en Maipú, Barros reiteró que el crimen lo cometió el Tren de Aragua, sosteniendo que lo habría contratado el régimen de Nicolás Maduro, dado que era parte de un plan para derrocarlo.

Carmona le demandó ayer en T13 Radio a Barros que "tenga el máximo rigor y proceder, digamos, en los espacios que están hechos para eso (...) Le digo (al fiscal) que tenga rigor, que no nos vayamos de tesis, porque no es un tema de tesis ni de hipótesis, es un tema de rigor investigativo".

A ello añadió que es "una afirmación de máxima gravedad, no solo es puntualmente la relación entre un Gobierno y otro Gobierno, es entre un Estado y otro Estado (...) Ya habrá tiempo para que alguien se haga famoso".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó la tesis de Barros pues, a su juicio, "cualquier otro elemento que no sea el político no tiene sustento" en este caso.

Los hechos son flagrantes y nadie los ha desmentido: Carabineros de Chile ve reducidos sus recursos en 2.339 millones y la PDI en 500 millones de pesos. Se suma a ello la rebaja que experimentaron las fiscalías.

Y todo ello -no vale la pena ocultarlo- cuando la persecución del crimen es más urgente que nunca.

Pero lo peor -si lo hubiera- provino de las explicaciones que se formularon. No se trata, se dijo, que se haya decidido disminuir los recursos a las policías, como ya se hizo con la fiscalía, sino que se trata de un "rebote", o, más precisamente, de un "recorte rebote". Lo que se quiso decir por la ministra es que la partida rebajada pertenecía o estaba alojada en el Ministerio del Interior y al verse expuesto este Ministerio a rebajar su presupuesto, esa rebaja habría recaído finalmente sobre las policías porque los ítems destinados a estas últimas estaban en las partidas ministeriales. Así nadie quiso rebajar el presupuesto policial, solo se trata de un "rebote".

Si hubiera que ejemplificar en qué consiste una cantinflada, habría que escoger esta: la del efecto rebote.

La policía en su conjunto puede estar perfectamente tranquila, no ha visto disminuir sus recursos. Es apenas un malentendido. La repartición que vio disminuido sus recursos fue el Ministerio del Interior, lo que las policías experimentaron ¡fue apenas un "rebote"! La explicación resulta así lo más parecido a una prestidigitación verbal si algo así existiera: el Ministerio del Interior no experimentó rebaja puesto que los menores recursos eran para la policía, y esta última tampoco experimentó merma financiera alguna puesto que lo que padeció fue simplemente un rebote. Mutatis mutandis: Si usted ve disminuidos su recursos como consecuencia de que su empleador recibió menos dinero, no se preocupe, ni se alarme: es solo un rebote.

Hasta ahora se pensaba que una forma de rehuir la realidad, escamotear sus aspectos incómodos, eran la ideología, esos grandes relatos que, al subsumir los acontecimientos en un gran proyecto histórico, acababan licuando las dificultades al presentarlas como simples tropiezos en la gran marcha de la historia. Pero ahora que las ideología están a la baja -en buena hora- hay un sucedáneo más bien vulgar que también cumple la función de ocultar las dificultades: se trata de la cantinflada, la expresión disparatada, rocambolesca, que toma a la audiencia por tonta o por estúpida, que desvía el significado de los hechos hasta hacerlos casi desaparecer. Si las policías dispondrán de menos recursos no hay que preocuparse puesto que ello no es producto de menores recursos, es solo un efecto rebote de lo que ocurrió al Ministerio del que dependían.

Esto del recorte rebote -esta cantinflada- es un nuevo signo de una cierta degradación del espacio público y del discurso. La racionalidad funciona sobre la base de enunciados que pretenden ser verdaderos (cuando el hablante quiere ser honesto) o falsos (cuando quiere mentir). Y el oyente puede discutir la verdad o acusar la mentira y en eso consiste la deliberación y el diálogo, en convenir en lo que se escucha o se lee o, en cambio, refutarlo.

Pero lo que no puede ocurrir es que los enunciados que profieren los funcionarios públicos, menos la ministra del interior, renuncien a esos valores (los valores veritativos, el viejo mandato de llamar pan, al pan, y vino, al vino) y en vez de ellos prefieran usar expresiones que no alcanzan ni siquiera la estatura del eufemismo o la mentira puesto que son simplemente cantinfladas que escamotean los hechos.