El aniversario de una tragedia siempre es triste y emotivo, pero esta fecha particular, el primer año después del megaincendio que terminó con la vida de 137 personas y arrasó con miles de viviendas en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, resulta especialmente amargo y decepcionante. La molestia de los damnificados, que han dicho hasta el cansancio que no pueden aguantar un día más sin sus casas o la certeza de una solución adecuada; las críticas de los parlamentarios, que apuntan principalmente a la inacción del Estado para enfrentar una emergencia que fue anticipada más de alguna vez, pero nunca tomada en serio; la rabia acumulada por la violenta acción de los funcionarios de Conaf, Senapred y Bomberos que iniciaron el incendio con la mezquina ambición de ganarse el pago de unas horas extraordinarias de trabajo, y los pobres argumentos -simples justificativos- dados por las autoridades de Gobierno para explicar el ritmo lento de una reconstrucción que tuvo descoordinaciones desde el inicio, se configuran en un círculo desesperanzador e interminable, que no es capaz de avanzar hacia un estado distinto de las cosas. En este escenario, duele ver la desolación que rodea a los damnificados. Como si no bastara la destrucción de sus viviendas, sus barrios, sus cosas, deben lidiar ahora con el abandono y la "revictimización" terrible que sienten con cada incumplimiento de la autoridad. Ha faltado liderazgo. Uno empático y calificado. Capaz de despegarse de sus lealtades para jugársela por las víctimas y sus familias, pero además dispuesto a arriesgar su capital político para acelerar las soluciones que mañana van a llegar demasiado tarde. El oficialismo, ensimismado desde el inicio en una cacería de brujas que repartiera responsabilidades a cualquier otro, menos a las alcaldesas de comunas afectadas, entendió demasiado tarde que el esfuerzo tenía que estar puesto, desde el día uno hasta hoy, en garantizar que los afectados nunca se sintieran solos. La oposición, en tanto, trató de articular una propuesta de reconstrucción basada en ideas de los exfuncionarios del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pero el intento quedó diluido cuando algunos de esos mismos personeros persiguieron objetivos electorales. A un año de la tragedia, la sensación es que todas esas pugnas fueron inútiles. A un año del megaincendio, el sentimiento que queda es el de una demoledora derrota.

Frustración. Es lo que sentimos los rectores de universidades del Estado cuando llega el momento de discutir sobre el financiamiento de nuestras instituciones, ya que el propio Estado parece amarrarnos al suelo con cadenas que nos impiden avanzar. Estamos conscientes de que las necesidades del país son múltiples y todas las reparticiones públicas se ven obligadas a trabajar con presupuestos menores a los que desearían o deberían tener. ¿Pero por qué solamente las universidades se ven obligadas a competir en desventaja con sus similares privadas, que también reciben financiamiento estatal?

Llevamos décadas discutiendo sobre la necesidad de cambiar el modelo de financiamiento, en que los aportes del Estado a sus universidades dependen de la matrícula que tengan. Un sistema que perjudica más a las universidades pequeñas y a las de zonas extremas. Lo sabe muy bien el Presidente de la República, nacido en Punta Arenas y egresado de la Universidad de Chile. Lo entienden ministros, subsecretarios, superintendentes, contralores… todos los que de alguna manera supervisan minuciosamente nuestros actos. Lo saben y entienden diputados y senadores. Muchos nos expresan su solidaridad y apoyo, prometen soluciones. Pero la discusión llega al Congreso Nacional, en la discusión presupuestaria, y todo se esfuma. Frustrante.

Pero no es solo que tengamos recursos limitados e insuficientes. Luego nos ordenan implementar la Ley de Inclusión, sin asignar fondos para los gastos extra. Nos exigen una Dirección de Género, que demanda equipos grandes de profesionales: ni un peso extra. Aprueban un reajuste de remuneraciones para el sector público y a otras instituciones se les asigna el presupuesto necesario, pero a las universidades no. Se trata de políticas justas, que apoyamos plenamente, pero afectan al ya exiguo presupuesto universitario. Frustrante.

Como en toda organización, en la universidad hay un compromiso para pagar regularmente a los trabajadores. Sin embargo, una y otra vez, el Estado retrasa los pagos correspondientes, lo que nos obliga a contraer deudas para cumplir ese compromiso con nuestro personal. Los fondos llegan finalmente, pero para entonces ya hay una deuda generando intereses y tampoco hay recursos adicionales para cubrir ese gasto. Resultado: la universidad pierde dinero todos los años. Frustrante.

Podríamos seguir con muchos ejemplos.

El Estado nos exige muchísimo para el tamaño que tenemos, nos controla demasiado, nos pone demasiadas restricciones. No sería negativo si no fuera porque, al mismo tiempo, nos obliga a competir con universidades privadas que no tienen ninguna de esas limitaciones.

Todas las universidades del Estado tenemos un compromiso social, de vinculación con nuestros territorios, de entregar cultura, desarrollar investigaciones y mucho más. No es necesario obligarnos, queremos hacerlo. Pero el Estado tiene que apostar por sus universidades y darles financiamiento suficiente y oportuno, ojalá mediante fondos basales que permitan responder a todas las exigencias que plantea una educación superior de calidad.

Recientemente la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en su cuenta pública sobre el año que recién pasó, dio a conocer cifras complejas desde el punto de vista de la región, especialmente en tres ámbitos: denuncias delictuales en general, homicidios y protección de víctimas.

En lo que respecta a las denuncias de delitos en general, la referida Fiscal Regional hacer ver algo que ha pasado inadvertido. En efecto, no solo lo negativo del incremento de denuncias (+13% del 2024 respecto del 2023), sino también 2024 es el año con el mayor número de denuncias (175.112) desde el inicio de la reforma procesal penal en la región. Si consideramos el cambio de Gobierno, el 2024 fue un 38% mayor en denuncias delictuales que el 2021, más de 48.000 en incremento.

Desde que llegó el Presidente Boric al poder, la Región de Valparaíso solo ha visto incrementar sustantivamente las denuncias por delitos. A lo anterior hay que agregar la cifra negra de delitos no denunciados por miedo a represalias o simplemente por desconfianza en el sistema. Sin lugar a dudas, no solo el Ministerio Público, sino que el Gobierno en particular, debe tener un foco especial en esta dramática realidad de la región.

Consecuencia evidente de lo anterior, los homicidios representan el más crudo impacto del incremento de la crisis de seguridad en la región. Según el Sistema Táctico de Operación Policial, el 2024 es el año a nivel nacional con mayor número de asesinatos desde el inicio de la medición (2017). En su cuenta pública, la Fiscal Perivancich nos informa que el 2024, hay un incremento de homicidios en la región de un 9,3%, 25 personas asesinadas más que el año 2023.

Por último, la protección de víctimas y testigos, analizando solo la arista presupuestaria, es completamente insuficiente. Desde la Fiscalía Regional se señala que se ejecutaron 320 millones de pesos en esta materia en Valparaíso. Si lo dividimos por el total de denuncias ingresadas solo el 2024, significa que el presupuesto para la protección de víctimas y testigos en la región es de $1.827 por denuncia. Aquí también hay un desafío del Estado de tomarse en serio a las víctimas y testigos resguardándolas integralmente, poco o nada hay de ello.

Así las cosas, de la cuenta pública rendida por la Fiscal Regional, hay al menos tres alertas relevantes en que el Gobierno debe poner atención, de manera de resguardar adecuadamente los derechos y las libertades fundamentales de las personas en la región, cuyo rol esencial de protección recae precisamente en el propio Estado.