vive en una residencia, comete un delito y le asignan una pena para cumplir en medio libre. Es decir, tiene que ir durante el día a rehabilitación, reinserción. Pero también están en programas ambulatorios. Siguen siendo adolescentes que tuvieron una trasgresión a sus derechos y ahí el desafío clave es que lleguemos antes".

Mirada de colaborador

Para el director general de la Fundación Refugio de Cristo, sacerdote Enrique Opaso, el sistema de protección a menores vulnerados en sus derechos está viviendo "una crisis muy grande" en financiamiento y capacidad de residencias para acoger a los NNA que lo requieren, que en el caso de la institución son poco más de cien.

"Hablo no solo de la crisis de los niños de 4 a 12 años, sino que también de adolescentes que están con problemas de consumo grave de drogas, que se escapan, a veces roban y vuelven, entonces cómo lo manejamos", plantea el también asesor eclesiástico de la Fundación, organismo colaborador acreditado que al describir su misión con los menores indica que "abordamos complejidades de acuerdo a nuestro modelo de residencia y capacidad de atención, por medio de un servicio integral y personalizado".

Con respecto al financiamiento Opaso señala que en el caso del Refugio de Cristo la subvención del Estado "nos cubre el 62% pero el porcentaje restante hay que pagarlo. A veces tenemos 300 ó 400 millones de pesos de deuda y tenemos que buscar cómo pagarla con los socios, con los padrinos, con la gente que nos ayuda, pero llega un momento en que la situación es muy difícil".

También menciona que "en la actualidad la condición económica está muy estrecha, y muchos empresarios nos han dicho que este año no nos van a poder ayudar", lo que torna más compleja la realidad de la Fundación en lo que respecta a la atención de menores vulnerados en sus derechos.

Niños fuera de la escuela

Al profundizar en las causas de la sobredemanda y los problemas que experimenta el sistema de protección, el sacerdote apunta a la reforma de la educación "que fracasó el primer año", puesto que "tenemos más de 47 mil niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar, que era el gran apoyo que tenía la familia, muchas veces una familia débil, vulnerable".

Se pregunta dónde están esos niños. "¿Están como coleros en las ferias, en la calle, están participando en algunos grupos que los entrenan para delinquir?, porque se conocen muchos casos de niños de 15, 16 años que han en situaciones de delitos graves", por lo cual plantea que espera que "para el próximo gobierno, sea cual sea su sello, la educación de los niños sea la prioridad".

De todos modos, indica como una urgencia de hoy generar soluciones "para que esos niños no queden a la deriva, porque de lo contrario no se sabe dónde van a terminar, y ya sabemos que tantos niños son parte de bandas; en estos días descubren grupos que robaban autos, ¿y quiénes eran? Eran niños de 12 ó 13 años, que a veces tienen a sus padres presos" y de quienes hay que hacerse cargo, recalca.

Crisis de vacantes

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expone que con la creación del SPE en 2020 y la promulgación de la Ley de Garantías en 2022, se busca una transición hacia un modelo con enfoque de derechos, donde el Estado asuma un rol más activo en la regulación, supervisión y garantía de la calidad de los servicios, y se han introducido estándares de acreditación más exigentes y nuevos modelos de residencias. Pero "persisten desafíos en la planificación territorial, financiamiento insuficiente y falta de incentivos para nuevos operadores, lo que ha generado una crisis de vacantes y dificultades en la implementación de estos cambios".

De acuerdo a los últimos datos disponibles, remitidos por el Poder Judicial y el SPE, en la Región de Valparaíso se informó un total de 4.928 NNA en lista de espera para el año 2023 y a nivel nacional esa cifra ascendió a 151.641, detalla Quesille.

"Pero esto no es todo, porque a pesar de existir NNA en lista de espera, en la Región de Valparaíso, así como en otras regiones, se puede ver un incremento de los sobrecupos en el ámbito residencial y en el porcentaje de residencias con ocupación máxima. Es así como en la Región de Valparaíso para el año 2023 un 43% de las residencias tenía sobreocupación y un 20% de ellas se encontraba trabajando con su capacidad máxima de ocupación".

También la Defensoría ha detectado que las situaciones problemáticas de oferta van variando según la ubicación geográfica. "Desde el interior de la región, por ejemplo en Los Andes, se nos ha informado por parte del Tribunal de Familia los problemas de lista de espera de los programas de maltrato grave (PRM) y los de Acompañamiento Familiar Territorial (AFT), lo que claramente impacta en esas niñeces que no pueden recibir su proceso de intervención de forma oportuna".

Aumento de la violencia

Respecto del acceso regional a los programas ambulatorios del sistema, que en 2022 motivó a nivel nacional la presentación de un recurso de protección por parte de la Defensoría, el titular de la corporación expresa que a pesar del fallo favorable, la situación persiste y la entidad sigue siendo notificada por los Tribunales de Familia en diversos casos de niños, niñas y adolescentes que no han obtenido el cupo que requieren.

Consultado acerca de si en este contexto el sistema de protección está cumpliendo con uno de sus objetivos que es lograr la interrupción temprana de trayectorias transgresoras de ley, Anuar Quesille responde:

"Lamentablemente los indicadores demuestran cada vez aumento en las violencias hacia la niñez y adolescencia. Según datos de la Subsecretería de Prevención del delito, 5.922 niñas y adolescentes mujeres y 4.495 niños y adolescentes hombres fueron víctimas de algún delito en la región durante el 2023; 377 niñas y adolescentes mujeres y 268 niños y adolescentes hombres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el mismo periodo, así como 697 niñas y adolescentes mujeres y 109 niños y adolescentes hombres fueron víctimas de delitos sexuales. Según datos recopilados por la Defensoría de la Niñez entre los años 2022 y 2023 existieron 311 niñas, niños y adolescentes víctima de explotación sexual".

Plantea que esos datos demuestran al menos dos aspectos no menores. "Por una parte, la importancia de erradicar la violencia de género desde la niñez, ya que los datos nos presentan que las niñas y mujeres adolescentes son las principales víctimas de los delitos en la región. Y en segundo lugar, presentan la importancia de generar instancias de prevención y promoción de derechos y de buen trato, que la Subsecretaría de la Niñez tiene el mandato legal de generar todas las instancias necesarias para que los derechos de niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados".

Como se puede ver, resume, "el tema de la prevención escapa de ser solo una materia del Servicio de Protección Especializada, que es quien recibe a las niñeces que ya han sido vulneradas, pero la gran deuda del Estado es generar las instancias para que esas vulneraciones no ocurran. Si no se invierte en esta materia, continuarán las niñeces vulneradas y continuarán niñeces transgresoras de ley". 2

En términos de cifras, el comportamiento de las infracciones a la ley penal cometidas por menores de entre 14 y 17 años, como ocurre con los delitos en general, varía de un periodo a otro, también cambia según los años con que se comparan y según la forma en que los distintos ilícitos se agrupan.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Zona Valparaíso de Carabineros, que consideran a los detenidos de ese rango etario en la región por los delitos de robos y homicidios entre 2023 y 2024, los robos con violencia aumentaron 66,3% el año pasado en comparación con el periodo anterior, mientras fueron a la baja en 26,6% los robos por sorpresa, y cayeron asimismo un 22,7% los robos con intimidación. Si se incluyen en el análisis los tres tipos de robos, este delito disminuyó un 1,8% en ese lapso.

En lo que respecta a los homicidios, al comparar la cifra de menores detenidos en el mismo periodo por ese delito, ésta disminuyó un 25% en la región. Asimismo, el 85,7% de quienes cometieron estos crímenes son hombres, y el 14,3% mujeres. También la autoría de robos apunta mayoritariamente al género masculino, con un 92,8%, muy superior al 7,2% del género femenino.

Las cuentas públicas de la Fiscalía Regional también aportan cifras sobre el total de las causas ingresadas correspondientes a casos de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), sin mención específica a los tipos de delitos. De ese modo, en el año 2022, en la región ingresaron al Ministerio Público 3.003 causas, un 33% más que las 2.251 que lo hicieron en 2021.

En 2023, del total de causas ingresadas, 3.602 correspondieron a casos de RPA, lo que representó un aumento de 22% de casos respecto del año anterior, y en que los infractores fueron imputados, en su gran mayoría, por faltas, lesiones, amenazas y hurto.

En 2024, ingresaron a la Fiscalía Regional 3.516 causas de esta categoría etaria, cifra que representó una disminución de un 1,6% en comparación al año anterior y se refiere a casos en los cuales hay al menos un imputado menor de 18, no al número total de imputados. En su gran mayoría correspondieron a delitos de lesiones, amenazas, faltas, porte de arma cortante o punzante y hurtos.

Otra fuente de estadísticas son los boletines anuales del Ministerio Público. En el ítem "Delitos ingresados por región y categoría de delitos", correspondiente a casos de RPA, la Región de Valparaíso registra en 2022 un total de ocho por homicidio. Al año siguiente suben a 10. Y en 2024 totalizan 17.

En el mismo ítem, pero esta vez en referencia a robos, el año 2022 la región tiene 222 ingresos de casos correspondientes a RPA. En 2023 son 318 y en 2024 suben a 353.

En la categoría "Infractores menores de edad sometidos a internación provisoria", el Boletín Anual 2022 del Ministerio Público indica que ese año en la Región de Valparaíso hubo 76 casos. Al año siguiente subieron a 110, y en 2024 a 120.

También la Fiscalía publicó el "Informe estadístico de homicidios Responsabilidad Penal Adolescente 2022", que aborda la tasa y frecuencia de homicidios de NNA, además de la participación de adolescentes como imputados/as de homicidios consumados a nivel nacional, en el periodo 2018-2022. Algunas cifras: del periodo analizado, 2020 es el año con menor cantidad de imputados adolescentes por este delito (40), con una tasa de 4,1 por cada 100.000 menores, mientras que la mayor cantidad de imputados se registra en 2022 (80), con una tasa de 8,1 por cada 100.000 menores. 2