Con un proyecto que contempla $ 6 mil millones de inversión, el municipio de Viña del Mar busca renovar la operación de las 122 cámaras municipales actualmente distribuidas en distintos puntos de la ciudad y ampliar dicha red de televigilancia para llegar a cerca de 240 dispositivos. La empresa que se adjudique este nuevo sistema integrado, explicó la administración que lidera la alcaldesa Ripamonti, deberá asegurar la implementación de cámaras con una resolución mínima de 2 megapixeles a 15 FPS (cuadros por segundo), grabaciones capaces de almacenar 60 días continuos de registro y equipos con un zoom óptico de 30x, además de "visión nocturna avanzada", es decir, con un rango de visión de 150 metros en condiciones de baja luminosidad. Todas estas exigencias buscan convertir el sistema viñamarino en uno de los más avanzados y producir material que sirva como pruebas en los tribunales que tramiten los delitos que se produzcan en la ciudad y en los cuales las cámaras pueden tener un rol clave como prueba condenatoria.

Incluso más, porque este ambicioso proyecto permitirá a Viña del Mar superar los cuestionamientos hechos por Contraloría, que en una fiscalización detectó que 66 de las 122 cámaras dependientes de la casa consistorial no se encontraban en funcionamiento al último trimestre de 2023. Por tanto, el proyecto que impulsa el municipio avanza en la línea correcta; primero, dando solución a un grave problema de operación en el sistema actual y, segundo, aumentando la inversión al nivel que exige la ciudadanía y sus preocupaciones en torno a los problemas de seguridad público.

Tras la traumática relación con Ingesmart S.A., cuyo contrato fue terminado anticipadamente por parte del municipio en 2024 pese a estar facultado para hacerlo dos años antes, se llamó a una nueva licitación por más de $10 mil millones que fracasó tras rechazarse la oferta de la única empresa postulante. Por lo mismo, concejales de oposición dudan de que esta vez sí se licite.

Para que esta planificación funcione adecuadamente, el municipio debe incluir los mecanismos de fiscalización más frecuentes y exhaustivos posibles, con el objetivo de evitar que en el transcurso de la concesión las cámaras caigan otra vez en el abandono e inoperancia que caracterizaron sus últimos años.

En la vida escolar, los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y una herramienta fundamental para proteger a las y los estudiantes frente a estas situaciones es el Seguro Escolar. Este derecho, que es otorgado por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), junto al Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), resguarda la salud y seguridad de niños, niñas y jóvenes, garantizando la atención médica y económica necesaria en caso de accidentes relacionados con el ámbito educacional.

El ISL, como organismo administrador de la Ley 16.744, cumple un rol esencial en la entrega de las prestaciones económicas que contempla este seguro. En conjunto con el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), encargado de las atenciones médicas, trabajamos para que ninguna y ningún estudiante quede desprotegido frente a un accidente. Esto, por medio de una coordinación integral entre ambas instituciones, para que reciban una atención oportuna y de calidad, sin costo alguno para sus familias.

El Seguro Escolar ampara a todas y todos los estudiantes regulares de establecimientos reconocidos por el Estado, desde la educación parvularia hasta la educación superior. Su cobertura incluye los accidentes ocurridos dentro del establecimiento o durante las prácticas profesionales, además de aquellos sucedidos en el trayecto directo entre el domicilio y el centro educacional. Asimismo, contempla atención médica gratuita que cubre hospitalizaciones, medicamentos, prótesis, traslados y rehabilitación; convirtiéndose en una herramienta clave para la tranquilidad de las familias y el bienestar de las y los estudiantes. Cabe destacar que, en casos graves, también considera pensiones por incapacidad o cuotas mortuorias, asegurando un respaldo integral ante situaciones adversas.

Sin embargo, para que esta protección sea efectiva, es vital que las y los estudiantes, junto a sus familias y comunidades educativas, conozcan sus derechos y los pasos a seguir en caso de accidente. Por ello, hemos desarrollado una campaña en la Región de Valparaíso que se concentra en informar sobre estos beneficios en los distintos establecimientos educacionales. A través de charlas, material informativo y jornadas de orientación, buscamos acercar la información a la comunidad y resolver dudas frecuentes, como los procedimientos para hacer efectiva la cobertura o los plazos para realizar la denuncia del accidente. La respuesta oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y complicaciones prolongadas.

Como Instituto de Seguridad Laboral, creemos firmemente que garantizar el acceso a este beneficio no sólo es una cuestión legal, sino un compromiso con la dignidad y el cuidado de quienes representan el futuro de nuestro país.