Gian Franco Giovines D.

Con nueve votos a favor y una abstención, el pasado lunes la comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado aprobó en general la Ley de Seguridad Municipal, proyecto que busca reconocer y fortalecer los departamentos de seguridad de los municipios, a través de medidas como la eliminación del límite máximo de dotación de inspectores para cada comuna, el endurecimiento de las penas contra quienes cometan delitos contra los funcionarios y, también, la entrega de financiamiento a las 346 comunas del país.

Pese a que la idea de legislar es apoyada de forma transversal, la sesión dejó en evidencia las discrepancias entre los parlamentarios respecto al rol que deben tener los municipios en materia de seguridad. Y es que si bien buena parte de los alcaldes han exigido mayores facultades para enfrentar a la delincuencia y las incivilidades, por otro lado existen dudas de qué tan seguro es que los inspectores municipales cuenten con facultades que hoy son conferidas a Carabineros y la PDI.

Uno de los puntos de conflicto en la cita, que se extendió por dos horas y media, fue el grado de autonomía que se les busca dar a los municipios a través de esta ley y la necesidad de que sus proyectos (y recursos) deban ser aprobados previamente por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El senador Esteban Velásquez (FRVS) se mostró en contra de incorporar pistolas táser, afirmando que el proyecto "nunca tuvo la intención de crear policías municipales (...), ni mucho menos instrumentos hoy día conocidos como armas no letales".

Al respecto, el senador Manuel José Ossandón (RN) cuestionó que "aquí hay un tema ideológico: se le teme al uso de armas no letales".

Escaso financiamiento

Sin embargo, otro de los temas de la sesión fue el ínfimo financiamiento que contempla por ahora el proyecto de ley: apenas $5 mil millones en tres años, es decir, una asignación anual de $1.666 millones a repartir entre 346 municipios, dejando un margen de $4,6 millones para cada comuna.

"Con esa plata, da apenas para comprar cuatro chalecos antibalas y un chicle", criticó el senador Iván Flores (DC). No obstante, votó a favor, puesto que espera que al final de la discusión "podamos tener un proyecto mucho más sólido en lo financiero, que permita generar un sistema que tenga responsabilidad autónoma, y también como coadyuvante de las policías".

Tras la sesión, el alcalde de Zapallar y presidente de la Amuch, Gustavo Alessandri (UDI), lamentó el bajo financiamiento del proyecto. "Tememos que termine siendo la 'ley de las manos peladas', sin garantías para los funcionarios municipales ni protección para quienes nos protegen", aseguró el líder comunal.

Exigen más facultades

Entre los alcaldes de la Región existe consenso respecto a que se deben aumentar las facultades de los municipios.

Para el alcalde de Concón y presidente de la Asomunis de Valparaíso, Freddy Ramírez (indep.), los municipios deben estar facultados a realizar controles de identidad.

"Nosotros como alcaldes y alcaldesas de Chile, creemos que hay facultades que debemos tener. Entre ellas, por ejemplo, los controles de identidad, el control de medidas cautelares, las multas por consumo de alcohol y otros estupefacientes", expuso el jefe comunal, apuntando además a la necesidad de establecer un nuevo reglamento de flagrancia, que permita a los municipios realizar detenciones. "Algo tan sencillo como poder llevar o conducir a detenidos a la comisaría", ejemplificó.

En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), exige mayor autonomía y recursos para los municipios en seguridad, dado que sus facultades en esta materia, subraya, son "absolutamente ínfimas".

"Hoy, tal como está el proyecto, es una ley vacía porque no tiene financiamiento. Un arma disuasiva no letal cuesta del orden de los 10 millones de pesos, un chaleco antibalas casi un millón. Es evidente que, si entregan $1.700 millones, en un año no alcanzará", subrayó.

Corti coincide con Ramírez en que los municipios deben apoyar a Carabineros y la PDI en tareas como la realización de alcotest y controles de identidad, "por eso me parece relevante que puedan acogerse las indicaciones que van dirigidas en ese punto y que, finalmente, la iniciativa avance en ese sentido", expresó.

Su par de Villa Alemana, el alcalde Nelson Estay (RN), expone que, tras la administración de Javiera Toledo (FA), "recibimos un municipio con menos del 0,5% del presupuesto destinado a seguridad y un sistema de cámaras casi inoperante". En ese complejo escenario, afirmó que la comuna ha avanzado, "pero necesitamos respaldo estatal". "Sin autonomía ni financiamiento, la ley será sólo una falsa promesa para la ciudadanía", aseveró.

En tanto, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela (Ind.-Chile Vamos), cree que un aspecto clave de la ley es "aumentar la dotación de nuestros funcionarios de seguridad pública", precisando que "la ley tiene que contemplar que podamos, ya sea mediante Código del Trabajo, ampliar la responsabilidad administrativa". De lo contrario, recalcó, "vamos a seguir teniendo vehículos (de seguridad ciudadana) detenidos, porque no tenemos personal".

Uso de pistolas táser

Respecto al uso de pistolas táser, el alcalde Valenzuela se muestra "totalmente de acuerdo", enfatizando que "es fundamental avanzar en poder dotar de herramientas para el trabajo que hacen los funcionarios de seguridad pública".

"Me preocupa el retraso que hemos tenido con Carabineros, que Carabineros no la pueda portar ni utilizar, cuando están más que utilizadas en países desarrollados", indicó.

En contraste, el alcalde Ramírez cree que el uso de este tipo de armas "puede abrirnos un flanco bien delicado".

"Si aprobamos el uso de pistolas eléctricas, lo que estamos abriendo también es que se generen enfrentamientos, donde vamos a estar en una clara desventaja", advirtió.

"Hoy, tal como está el proyecto, es una ley vacía porque no tiene financiamiento. Un arma disuasiva no letal cuesta del orden de los 10 millones".

Carolina Corti, Alcaldesa de Quilpué (RN)

"La ley debe aumentar la dotación de nuestros funcionarios de seguridad. De lo contrario, vamos a seguir teniendo vehículos detenidos".

Luciano Valenzuela, Alcalde de Limache (indep.-ChV)

"Si aprobamos el uso de pistolas eléctricas, lo que estamos abriendo es que se generen enfrentamientos, donde vamos a estar en clara desventaja".

Freddy Ramírez, Alcalde de Concón (indep.)

Cuarenta y cuatro familias, de un total 118, recibieron las llaves de sus nuevos departamentos ubicados en la primera etapa del proyecto habitacional Los Alerces, en Concón, conjunto de vivienda sociales cuya inauguración se convirtió en un verdadero un hito, ya que es la primera iniciativa de este tipo que construye en la comuna en 25 años.

Se trata de un proyecto que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) construyó en el sector Vista al Mar bajo el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49 y que se emplaza en las cercanías de Bosques de Montemar.

Son departamentos que tienen una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y que cuentan con tres dormitorios. El conjunto está distribuido en dos torres de cuatro y cinco pisos y posee equipamiento comunitario, sala multiuso y estacionamientos para vehículos y bicicletas.

Plan de emergencia

La seremi Minvu, Belén Paredes, dijo que "acá se ha dado testimonio de 25 años de espera y eso no puede ser posible en un país justo. Es por eso que el Plan de Emergencia Habitacional ha sido una herramienta que ha hecho posible proyectos como el que nos encontramos, el proyecto Los Alerces, que está en dos etapas de entrega".