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Ados semanas de las violentas manifestaciones que los enfrentaron a Carabineros en Valparaíso y San Antonio, varios sindicatos de pesca artesanal anunciaron ayer que este martes volverán a las calles para realizar una marcha al Congreso, con el objetivo de presionar a la Comisión de Haciend del Senado por mejores cuotas de pesca.

"La manifestación busca revertir la injusta distribución actual de las cuotas pesqueras, especialmente para la merluza común y la jibia", expresó Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer, que agrupa numerosas caletas de San Antonio a Quintero. Agregó que este martes 25 de marzo, más de mil pescadores artesanales de la Quinta Región y diferentes lugares de Chile se congregarán a las 9 horas, en Valparaíso, marchando desde Caleta Portales hacia el Congreso Nacional.

Gestión sustentable

El presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Caleta Diego Portales, Pedro Tognio, resumió el sentimiento general: "Nos movilizaremos no sólo para corregir esta injusticia, sino también para asegurar la sustentabilidad de nuestro mar que ha sido gravemente depredado", asegura.

Los pescadores exigen que el 70% de la cuota pesquera de la merluza común y el 90% de la jibia sean asignados a la pesca artesanal, cifras que consideran justas.

"La prohibición del arrastre ha mostrado resultados positivos en la conservación de los recursos marinos", agregó Tognio, enfatizando la importancia de una gestión pesquera equilibrada.

El conflicto entre los pescadores artesanales y la pesca industrial se centra en la distribución de las cuotas pesqueras, reguladas por la llamada "Ley Longueira". Esta ley, vigente desde el 9 de octubre del 2013, ha sido criticada por los pescadores artesanales, por beneficiar al sector industrial, concediendo un "65% de la cuota de la merluza a la industria y solo un 35% a los artesanales", sostiene Hernández. Esta distribución, considerada desfavorable, genera gran preocupación debido a su impacto en las comunidades costeras, cuya economía depende principalmente de la pesca de la merluza.

"La concentración de recursos en manos de un reducido número de empresas ha incrementado la desigualdad entre los distintos actores del sector pesquero, intensificando la crisis que enfrentan los trabajadores de caletas y aumentando su vulnerabilidad económica", continúa Hernández. Además, la presión ejercida por la pesca industrial ha contribuido a una sobreexplotación de recursos, lo cual afecta la sostenibilidad de las especies marinas y pone en riesgo el futuro de la actividad pesquera artesanal.

"Las comunidades locales, que históricamente han dependido de la merluza y otros recursos marinos, se ven obligadas a luchar por su supervivencia ante un marco legal que parece favorecer los intereses económicos de las grandes corporaciones en detrimento de la viabilidad y el sustento de los pescadores", afirma el dirigente social.

Miguel Ángel Hernández indicó que la industria pesquera ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento de reforma significativa. "Con el lobby de grandes empresas y la negativa de algunos senadores dentro de la Comisión de Hacienda, la demanda de un fraccionamiento más equitativo enfrenta serios desafíos. Sin embargo, mantenemos la esperanza de que el gobierno finalmente escuche nuestras voces", manifestó Hernández.

Las negociaciones en el Congreso avanzan lentamente, con un proyecto de nuevo fraccionamiento actualmente en la Comisión de Hacienda luego de pasar por la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos.

En enero, tras escuchar a 21 organizaciones de la pesca artesanal y 19 vinculadas a los trabajadores de la industria pesquera y a la industria propiamente tal, esta comisión respaldó la idea de legislar sobre el proyecto.

En dicha oportunidad, Juana Silva, presidenta del sindicato de trabajadores industriales, calificó como demoledor el panorama si es que esta nueva legislación termina siendo aprobado, emplazando a los parlamentarios a pensar en los puestos de trabajo que se podrían perder en dicho sector, afectando principalmente a jefas de hogar.

En tanto, el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, afirmó en dicho momento que "lo central es resolver la constitucionalidad del proyecto. Esperamos que durante la revisión en particular se corrijan estos aspectos, ya que como está hoy la norma, tiene un serio riesgo de judicialización, pues desconoce derechos de las empresas pesqueras vigentes hasta 2032".

El proyecto debe ser visto ahora por la Comisión de Hacienda. Ángel Hernández calificó este paso de "crucial", ya que "es imperativo que el proyecto logre pasar al pleno del Senado para su discusión y votación". La urgencia del asunto radica en la presión económica sobre los pescadores, quienes sostienen que las actuales regulaciones los han dejado en una situación precaria.

La falta de una readecuación en las cuotas pesqueras ha llevado a muchas caletas a enfrentar también dificultades operativas.

"La prohibición de la pesca de arrastre ha mostrado los resultados positivos en la conservación de los recursos marinos"

Pedro Tognio, Presiende del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales.

"La concentración de recursos en manos de un reducido número de empresas ha incrementado la desigualdad entre los distintos actores del sector pesquero"

Miguel Ángel Hernández, Presidente de Nuevo Amanecer.

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