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Contraloría aconseja iniciar un sumario contra DOM de Quillota

INFORME. Ente detectó irregularidades en permiso de obras entregado a la Sudmedica. Alcalde Mella evaluará investigación; no obstante, defiende al director.
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Irregularidades en la entrega de un permiso de obras, aprobado en 2019, a la clínica Sudmedica de Quillota fueron detectadas por la Contraloría General de la República, entidad que solicitó, a través de un oficio enviado al alcalde Luis Mella, evaluar el inicio de un sumario administrativo contra el director de Obras Municipales, Manuel Merino.

El oficio, al que pudo acceder este Diario, fue enviado el viernes 21 de marzo por parte de la contralora regional, María Soledad Pérez, con destino al alcalde de Quillota, Luis Mella.

En el escrito la funcionaria da respuesta a una denuncia presentada por Andrey Moil Rojas, quien sostiene que la Municipalidad de Quillota permitió "la construcción de una clínica sin permiso de edificación, en circunstancias que el predio donde se emplaza no cuenta con obras de vialidad y se emplaza en la zona comercio servicios -ZCS- del Plan Regulador Comunal (PRC)", zona que permite construcciones de un máximo de 5 pisos.

La denuncia hace alusión a la clínica Sudmedica, ubicada en calle Teniente Ignacio Serrano n° 102, cuya construcción fue aprobada por el DOM mediante el permiso de edificación N° 90, de 2019.

El proyecto, que ya se encuentra en su etapa final de construcción, cuenta con una superficie de 4.751,03 m2, distribuidos en 6 niveles.

Cuestionamientos a dom

Tras la revisión de los antecedentes, la contralora regional ratificó la irregularidad del permiso, concluyendo que el predio no permite el uso de equipamiento de salud ni de "comercio", tal como catalogó el jefe de la DOM al proyecto.

"El referido centro de salud se ubica en una zona de industrias inofensivas y que, a diferencia de lo que interpreta el director de Obras Municipales (...) no se permite la clase de equipamiento tipo comercio".

"Del mismo modo, no se advierte sustento normativo que permita asimilar la clase de uso equipamiento comercial al de equipamiento de salud", agregó la Contraloría, asegurando que el director Manuel Merino "excedió sus facultades" en su interpretación.

En este contexto, la Contraloría instruyó que la Municipalidad de Quillota, "si procede, deberá iniciar un sumario administrativo contra el director de Obras Municipales", con el objeto de que "los permisos de edificación se ajusten estrictamente a los usos de suelo previstos en el PRC y que las interpretaciones acerca de sus normas sean efectuadas por la Seremi Minvu, conforme a la ley, evitando que la cuestionada actuación de la DOM en tal sentido se repita".

Además, la CGR subrayó que "se trata de una conducta del director de Obras Municipales que ha sido objetada en más de una ocasión", puesto que el mismo personero ya había sido cuestionado en un informe de Contraloría de 2023 por la entrega de un permiso de obras al mall de Quillota.

Consultado por este medio, el alcalde Luis Mella aseguró que "el municipio acatará la recomendación de la Contraloría y evaluará los antecedentes para determinar si corresponde iniciar un proceso administrativo de mayor alcance". No obstante, defiende que esta "no fue una decisión arbitraria del director de Obras, sino una línea técnica que ha sido aplicada también por sus predecesores, permitiendo, pese a lo antiguo de nuestro Plano Regulador (vigente desde 1966), impulsar el desarrollo, la inversión y el empleo".

"No vemos ningún indicio de beneficio personal o municipal en estas actuaciones, por lo que el proceso buscará aclarar los hechos y definir las medidas necesarias", finalizó.

"No vemos ningún indicio de beneficio personal o municipal en estas actuaciones, por lo que el proceso buscará aclarar los hechos".

Luis Mella, Alcalde de Quillota

Presentan querella contra alcalde de Llay Llay y funcionaria por cuestionados contratos

JUDICIAL. Core y concejala del Partido Republicano impulsan acción.
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El consejero regional Fernando Astorga y la concejal de Llay Llay Solange Pizarro presentaron una querella por fraude al fisco y omisión de denuncia en el Juzgado de Garantía de San Felipe, en contra del alcalde de esa comuna, Edgardo González, y su directora de Finanzas, Jasna Elkins, denunciando presuntas irregularidades en contrataciones municipales que habrían favorecido a la Sociedad Servicios y Construcciones Ibamat Ltda.

Según la querella, Elkins habría participado en licitaciones que beneficiaron a Ibamat Ltda., pese a que es cuñada de uno de sus socios, lo que configuraría un conflicto de interés, según los denunciantes. En total, la empresa se adjudicó contratos con el municipio por más de $415 millones entre 2023 y 2025, algunos de ellos a través de trato directo.

Asimismo, los denunciantes apuntan contra el alcalde González de no haber denunciado los hechos, lo que podría configurar el delito de omisión de denuncia.

"Es impresentable"

El abogado que lidera la acción y presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, aseguró que "es impresentable que autoridades se escuden en desconocimiento de las normas que los rigen y con ello tener banda ancha para realizar fechorías que el legislador castiga al tipificar esas conductas como delitos".

Por su parte, el consejero regional Fernando Astorga (Partido Republicano) advirtió que "aquí podemos estar en presencia de hechos que pueden revestir el carácter de delito y por eso la gravedad de esta situación".

Responde con querella

Consultado por estas acusaciones en su contra, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González, contó que el 27 de febrero pasado su director Jurídico le informó "de un potencial conflicto de interés o infracción al deber de abstención de parte de la directora al participar de comisiones evaluadoras en que era socia de la empresa participante un familiar directo de la respectiva funcionaria".

"Como corresponde, de oficio, sin que mediara requerimiento alguno, instruí un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, y el abogado de la municipalidad remitió los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes", explicó. Anunció que "debido a esta acción legal vacía y sin sustento, interpondré una querella por calumnias en contra de la diputada Chiara Barchiesi, la concejala Solange Pizarro y el core Fernando Astorga, todos del Partido Republicano, por tratar de involucrarme en hechos de gravedad y sin presentar ninguna prueba que dé sustento a esto".

"Aquí podemos estar en presencia de hechos que pueden revestir el carácter de delito".

Fernando Astorga, Consejero regional

Software identificará patentes robadas y clonadas en Valparaíso

SEGURIDAD. Este sistema se implementará mediante a un convenio con la Municipalidad de Valparaíso y la AACH.
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La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y la Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) firmaron un convenio para que la comuna disponga de "Safe by Wolf", un sistema informático chileno que transforma un teléfono en un lector automático de patentes.

"Tenemos cinco patrullas que estarán circulando en el plan de Valparaíso con este programa, el cual, además de identificar las patentes clonadas y robadas, contará con un sistema interconectado de vigilancia con Carabineros. Igualmente, seguimos trabajando en seguridad vial y cámaras de vigilancia, con el fin de contar con un sistema renovado en esta área", afirmó Nieto.

El software y los equipos necesarios para esta función serán entregados sin costo al municipio, ya que esto forma parte de un convenio público-privado entre la AACH y la Asociación Chilena de Municipales. Actualmente, 240 municipalidades han implementado el mecanismo con resultados positivos, generando un mayor control de la delincuencia en sus comunas.