La furiosa reacción del municipio viñamarino ante la solicitud de Enjoy para abandonar la concesión del Casino Municipal no solamente es un aviso claro sobre el descalabro que significa dicha renuncia a las arcas consistoriales, sino también una preocupante evidencia de que no existe un "Plan B" para una situación que pudo anticiparse de mejor manera. La petición hecha por Enjoy S.A. a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) surge en medio de su segundo proceso de reorganización judicial, luego de que el primero no lograra que la firma fundada por la familia Martínez superara su delicada situación financiera. En paralelo, Enjoy se encuentra sometido a un procedimiento en el Tribunal de la Libre Competencia, debido a una acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que ubica a la empresa como parte de una colusión de la industria de casinos en el país para repartirse la adjudicación de licencias. Una tercera derivada de este problema surge de la larga historia que existe entre los antiguos dueños de Enjoy S.A. y la ciudad. La familia Martínez llegó a la concesión del Casino Municipal de Viña del Mar en 1975 y se mantuvo ligada estrechamente a las actividades de la ciudad durante todo este periodo; incluso después que el fondo de inversiones norteamericano Advent International entrara a la propiedad de Enjoy en 2017. Para Viña del Mar se trata de una profunda pérdida financiera (por una modificación legal de enero de este año, Enjoy puede seguir operando por tres años sin que se cobren boletas de garantía) y un vacío simbólico que se parece mucho al cierre de un largo ciclo.

Lo fundamental ahora es que la SCJ entregue claridad sobre los tiempos que puede demorar en decidir la petición de renuncia y, más clave aún, qué pasos siguen en este proceso. Una prioridad de todas las autoridades debería ser resguardar los ingresos del municipio viñamarino, pero también actuar con transparencia y celeridad, para evitar que la incertidumbre carcoma las confianzas y termine por afectar aquellos ámbitos más relevantes de la vida viñamarina. Un cierre eventual del Casino, aunque sea por un tiempo acotado y reducido, sería un impacto enorme a la industria del turismo en Viña y, por lo mismo, su eventual aplicación futura debe quedar despejada lo antes posible.

Hace algunos días circuló por redes sociales un video que mostraba una brutal paliza propinada a un presunto delincuente por parte de algunos guardias de seguridad del municipio viñamarino. Para quienes hemos sido víctimas de algún delito violento, es probable que en los primeros momentos pensemos: "Bueno, merecidos serán un par de palos", ya que nuestra confianza en las instituciones nos lleva a una gran frustración y, en cierta medida, aceptamos algo de justicia en ello. Sin embargo, el "escarmiento" se transformó en una inusitada violencia física, o mejor dicho, en una brutalidad que se aleja de todo canon civilizado.

La ocurrencia de esta brutalidad es una manifestación de una respuesta absurda que, lamentablemente, parece ser efectiva al incluir como medida de seguridad a personas que carecen de criterio y formación adecuados, y cuyo único fin es responder con una violencia desmedida ante cualquier situación que ellos puedan interpretar como delito o transgresión. Más grave aún, muchos de estos personajes, vestidos con atuendos oscuros y rostros cubiertos para asegurar su anonimato, con algunas insignias y armados con bastones, los denominados "guardias ninjas", parecen ser una evolución criolla de los tristemente célebres "Tonton Macoutes" que conocieron algunos inmigrantes haitianos.

La proliferación del comercio ambulante, totalmente descontrolado, en los espacios públicos de nuestra ciudad, controlado por mafias, está acabando con nuestro comercio formal y creando núcleos donde la violencia campea. Los "emprendedores callejeros" no juegan bajo las mismas leyes; y al sentirse libres de control, imponen una verdadera ley de la selva. La sensación de inseguridad se incrementa con la proliferación de rucos y verdaderos guetos de indigentes en los bordes del estero y bajo los puentes, lo cual representa además un desafío para la salubridad de la ciudad.

¿Serán los guardias ninjas municipales una manifestación de la ley de la selva, donde el municipio intenta dar manotazos de ahogado mientras recoge cañuelas, tras la tremenda e irresponsable permisividad que ha tenido con el espacio público en los últimos años? Esta situación ha dañado al comercio y el turismo en nuestra ciudad, haciéndola menos vivible. La ciudadanía demanda su derecho a la seguridad, al respeto por las leyes y al orden, elementos que permiten una convivencia armónica.

Cabe preguntarse si estos guardias ninjas u otros medios cuestionables que se salen de madre pretenden aplicar una justicia al estilo Superman, exhibiendo elementos de fuerza y violencia, mientras reemplazan a los verdaderos encargados de la prevención, que son los Carabineros. Los municipios están en deuda; no cumplen con sus normativas y son excesivamente tolerantes, por no decir indolentes, frente a muchas incivilidades y transgresiones a sus propias ordenanzas, lo cual termina degradando la calidad de vida de los ciudadanos.

Queremos una mejor ciudad, y para ello los ciudadanos demandan salir de la anomia en la que parece estamos inmersos.