Claudio Ramírez

Uno de los aspectos que ha sido objeto de críticas de varios sectores en los últimos años es la demora en la concreción de proyectos. En ese plano, uno de los blancos a los que se apunta es la tramitación ambiental, la que suele presentarse en algunos casos como un freno a la inversión.

Sin embargo, las cifras parecen ir en otra dirección. "El año pasado tuvimos un récord de ingreso de proyectos en cuanto a montos, que fue de 71 mil millones de dólares de inversión. Nunca había ingresado tanta inversión al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que da cuenta de que somos un país serio, con instituciones que funcionan y que hay confianza en nuestros mecanismos", comentó la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán.

- Usted señaló que no le gusta la palabra permisología, ¿por qué?

- Porque la palabra permisología desdeña un poco aquellos valores y bienes jurídicos que los permisos cuidan y que son aquellas decisiones que ha tomado el país para cuidar el medioambiente, la salud y la seguridad de las personas. Finalmente, cuando algo sale mal, todo el mundo se pregunta quién lo autorizó. Entonces, si bien es importante lograr mayor agilidad en el proceso de otorgamiento de permisos, tales como la resolución de calificación ambiental, no debemos olvidar lo que están cuidando los permisos, que son decisiones que ha tomado el Estado de Chile a través de sus distintos mecanismos.

- ¿Hay una inquietud de que por acelerar los proyectos se descuide el tema ambiental?

- La función de la evaluación de impacto ambiental es asegurar que los proyectos cumplan con la normativa ambiental que nos hemos dado como país y que adopten las mejores medidas posibles para mitigar, compensar o reparar los impactos significativos. Esto, porque somos un país abierto al comercio internacional, porque somos un país confiable, serio y que tiene una institucionalidad y una normativa ambiental que nos comprometemos a cumplir. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay consensos de Estado en que no podemos retroceder en la protección ambiental, lo cual no obsta a que podamos avanzar en términos de buscar mayores espacios de eficiencia en los procesos, de reducción de plazos, de racionalización de los distintos procedimientos. (...) Hay que decir que en promedio, de los proyectos que llegan a ser calificados, aproximadamente el 95% son aprobados finalmente.

- Pero hay proyectos que han demorado mucho su tramitación, como la expansión portuaria de Valparaíso, que empezó su tramitación ambiental hace más de una década.

- La experiencia nos muestra que los proyectos cuya presentación es precedida de buenos espacios de diálogo público-privado, de proceso de participación ciudadana temprana, tienden a fluir de manera adecuada en su evaluación de impacto ambiental. Ahora, en ese caso específico, hay una decisión judicial que hizo que se retrotrajera la evaluación del proyecto. Esos son casos excepcionales, pero sucede a veces. (...) En el SEIA no se diseñan los proyectos, sino que se reciben con un diseño determinado y ahí se ve si se ajustan o no a la normativa ambiental.

SE CUMPLEN LOS PLAZOS

- ¿Cómo recibe los comentarios cuando se señala que hay demora, que son muchos plazos o que hay poca certidumbre?

- Para nosotros es importante que se sepa que el servicio cumple siempre con los plazos legales de evaluación en el 100% de los casos y estamos además buscando generar las condiciones para que se presenten proyectos más sólidos y más robustos. Por eso que ofrecemos capacitaciones a los titulares de proyecto y también a la ciudadanía para que esos proyectos consideren las guías y los documentos técnicos que elabora el Servicio de Evaluación Ambiental. Igualmente estamos buscando distintas medidas de gestión para mejorar la eficiencia de los procesos de evaluación de impacto ambiental.

- ¿Qué avances hay en ese sentido?

- Hemos reducido los tiempos de tramitación en las reclamaciones, en los tiempos de espera del Comité de Ministros, del cual nosotros somos secretaría técnica. En la última sesión se vieron, por ejemplo, tres proyectos y ya no es como antes que a veces podían esperar uno, dos o tres años antes de ser visto por el comité. Ahora, ya no pasa más de un año hasta que son examinados por el Comité de Ministros. También estamos tomando distintas medidas de gestión para, a través de la tecnología, optimizar y automatizar determinados procesos para también tener un ahorro significativo de tiempo, por ejemplo, en la forma en que procesamos las observaciones ciudadanas de los proyectos. (...) Además, hay dos proyectos de ley importantes que está llevando adelante el Gobierno y tramitándolos en el Congreso, que son el proyecto de ley de reforma del SEIA y el proyecto de ley que lidera el ministro Grau relativo a los permisos sectoriales.

- ¿Cuán responsables son los propios titulares de que los proyectos demoren en su tramitación?

- Los proyectos fluyen y tienden a tener una evaluación más ágil y más rápida en la medida en que ingresan bien completos. O sea, a veces los proyectos deciden hacer modificaciones sobre la marcha en una Adenda y eso puede implicar, eventualmente, tener un nuevo proceso de participación ciudadana cuando hay modificaciones a lo largo del proyecto. Así que sí, hay extensiones que piden los distintos proyectos que van alargando los procesos.

- En esa línea, ¿es importante es que los proyectos sean sociabilizados con anticipación?

- Nuestra experiencia es que los proyectos que desarrollan, previo a su ingreso, procesos de participación ciudadana temprana, tienen también una evaluación más fluida porque se hacen cargo de las inquietudes de la comunidad y, eventualmente, pueden ofrecer medidas adecuadas de compensación o tener otros espacios de diálogo que les permiten también habilitar luego una mejor evaluación y una relación de mejores vecinos también con las personas y comunidades con las que se van a relacionar.

"No hay un país hostil"

- Se señala que la excesiva tramitación aleja las inversiones.

- No hay falta de inversión. Vemos que hay 71 mil millones de dólares ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental y de los proyectos que se llegan a calificar, cerca de un 95% se aprueban. Asimismo, no más de un 5% de los proyectos aprobados son judicializado. Por tanto, creo que es importante también tener estas cifras a la vista para darnos cuenta de la realidad. Yo diría que no hay un país hostil a la inversión, sino que por el contrario, lo que estamos haciendo es promover una inversión sostenible y sostenible también en el tiempo, con autorizaciones que se puedan mantener. Y también es muy importante el cumplimiento ambiental y el compromiso de los titulares de los proyectos de cumplir con las condiciones de sus autorizaciones. Y eso es lo que va finalmente construyendo las confianzas.

" No podemos retroceder en la protección ambiental, lo cual no obsta a que podamos avanzar en buscar mayores espacios de eficiencia, de reducción de plazos, de racionalización de los distintos procedimientos".