Un reportaje del youtuber italiano Zazza no solo retrata un Valparaíso golpeado por el narcotráfico, el abandono y el miedo. También desnuda la inacción crónica de un Estado que, pese a las alertas previas, ha dejado que la joya patrimonial de Chile se transforme en un botín en disputa del crimen organizado. No se trata de exageración mediática. Se trata de testimonios crudos, armas al cinto y redes de narcotráfico operando a plena luz del día en el corazón del plan porteño.

Que un extranjero haya tenido que mostrarle al país lo que muchas autoridades locales y nacionales han preferido minimizar, es señal de un colapso institucional en cámara lenta. No basta con diagnósticos ni con frases bien intencionadas. Valparaíso se cae a pedazos, no solo por falta de inversión, sino por el descontrol territorial que se vive en sectores como la Plaza Echaurren, el Muelle Prat o la población La Copa.

La alcaldesa Camila Nieto reconoce haber heredado una situación de inseguridad grave, pero su respuesta -ocupación cultural del espacio público y funcionarios municipales- es absolutamente insuficiente frente a bandas armadas, tráfico y amenazas. La coordinación con Carabineros es necesaria, pero no puede seguir siendo reactiva ni decorativa.

Tampoco basta con el despliegue intermitente de "rondas impacto" o promesas de "copamiento". Si el Estado no es capaz de garantizar el control soberano del territorio, lo ocupan otros. Y esos otros hoy operan con contactos en San Antonio, Bolivia y Colombia, como revela el reportaje. La criminalidad ya no se esconde en los cerros: bajó al plan, se instaló, y ahora impone sus reglas.

Valparaíso no necesita más diagnósticos ni mesas técnicas. Necesita una intervención integral, sostenida, sin complejos ni cálculos políticos. La ciudad no puede seguir siendo una postal para turistas y una trinchera para quienes viven en ella. Y si el Gobierno no actúa ahora con decisión, lo que fue patrimonio de la humanidad terminará siendo patrimonio exclusivo del crimen.

Abril es el mes de la convivencia, y como Ministerio de Educación estamos comprometidos con promover en jardines, escuelas y liceos, ambientes basados en el respeto, la participación y libres de violencia para el bienestar de las comunidades educativas. Porque aprender a convivir -desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida- es la base de una ciudadanía activa y una sociedad democrática.

Desde 2022 a la fecha, como parte del Plan de Reactivación Educativa, hemos impulsado diversas iniciativas que apuntan a este objetivo, como el programa A Convivir se Aprende, la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030 y las jornadas de revisión de reglamentos internos, instancia en la que nos desplegamos con toda la institucionalidad de la región para acompañar a los establecimientos en la actualización de sus protocolos, incorporando principios orientados a la prevención y erradicación de la violencia de género.

Del mismo modo, hoy escuelas y liceos disponen de más información para gestionar la convivencia. Además del Diagnóstico Integral de Aprendizaje Socioemocional y de Convivencia, hemos implementado el Sistema de Monitoreo de la Convivencia de la Agencia de la Calidad de la Educación, herramientas que permiten identificar fortalezas y desafíos en la materia, brindando a las comunidades educativas datos clave para diseñar Planes de Gestión pertinentes y efectivos, que respondan a las realidades locales de cada comunidad.

En paralelo, avanzamos en la tramitación del proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que busca fortalecer el enfoque formativo sobre la convivencia, robusteciendo las estructuras existentes y que, entre otros elementos, contempla medidas de promoción y protección del bienestar de los equipos educativos. Confiamos en que este proyecto proporcionará las condiciones necesarias para implementar cambios eficaces y sostenibles en el tiempo.

Finalmente, dado que una buena convivencia requiere espacios seguros, recientemente constituimos la Mesa Regional del programa Comunidades Educativas Protegidas. Esta medida busca fortalecer entornos escolares protectores y garantes de derechos para niñas, niños y adolescentes, a través de acciones concretas e interinstitucionales a nivel regional, provincial y comunal, que apunten a prevenir y eliminar hechos de violencia tanto dentro como fuera de los establecimientos.

Abril es el mes de la convivencia, pero nuestro llamado y compromiso es a cultivarla todos los días. Porque una buena convivencia no se decreta: se construye con trabajo colectivo, compromiso y diálogo, cimientos de una sociedad democrática, inclusiva y pacífica.