Los últimos sucesos policiales ocurridos en Viña del Mar, y que tuvieron como corolario la muerte de un joven de 24 años en la intersección de las calles Von Schroeders y Valparaíso, colmaron la paciencia del comercio establecido de la Ciudad Jardín, que ve cómo la inseguridad se apodera de una zona que antes fue la más bullante de la comuna.

"La verdad que es un problema muy grande el que tenemos, porque se hace muy compleja la actividad para el sector", dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas.

"En las galerías tradicionales, como el Paseo del Mar o Cristal, la vacancia llega casi al 30% porque, sencillamente, los comerciantes no pueden competir contra la actividad ilegal donde, asimismo, hay bandas organizadas actuando", agregó el líder gremial, quien anunció la gestación de una mesa multipartita para enfrentar el problema tras reunirse con la alcaldesa Macarena Ripamonti.

"Van a estar presentes además de la Cámara y la municipalidad, las policías, el Juzgado de Policía Local, el SII, la Seremi de Salud y el SNA para ir coordinando las acciones a realizar con vistas a poder solucionar el tema. Eso es esencial", indicó.

Subrayó que "la idea es que las reuniones sean de carácter semanal para hacer un seguimiento exhaustivo de los temas que vamos a conversar en el marco de esa instancia".

Eso conlleva, además, campañas de concientización para evitar las compras al comercio ilegal y aplicar multas a quienes lo hagan, tal como establece una ordenanza existente.

Acciones inmediatas

El presidente de la Cámara Regional de Comercio (CRCP), Javier Torrejón, indicó que "exigimos acciones inmediatas frente a la grave crisis de seguridad que afecta a Viña del Mar, cuyo último hecho, un brutal asesinato de un joven en pleno centro, no puede ser un episodio más en la larga lista de violencia que ya normalizamos".

"Hoy, comerciantes, trabajadores y turistas viven con miedo, y el abandono es evidente, con calles tomadas por el comercio ambulante ilegal, que no sólo ocupa espacios públicos, sino que genera focos constantes de inseguridad, matando, matando al comercio formal", agregó, remarcando que es parte de una crisis nacional que exige respuestas más que discursos o promesas, sobre todo del Ministerio de Seguridad Pública. "Esperamos medidas concretas, visibles y contundentes", dijo.

En tanto, la seremi de Seguridad Pública, Paula Gutiérrez, señaló que actualmente se desarrolla un trabajo coordinado entre Carabineros y el equipo municipal de despliegue en la avenida Valparaíso, el cual se va a intensificar con los servicios públicos en materia de fiscalización que "permitan también tener mayor presencia del Estado en este territorio".

Por su parte, el concejal José Tomás Bartolucci indicó que han aumentado todo tipo de delitos en la comuna, incluyendo "un comercio ambulante desatado". Agregó que "es necesario aumentar la dotación de funcionarios de seguridad ciudadana en la comuna y tener adjudicado durante el primer semestre el proyecto que eleva el número de cámaras en la ciudad".

"La idea es que las reuniones sean de carácter semanal para poder hacer un seguimiento exhaustivo".

Rodrigo Rozas, Presidente Cámara de Turismo y Comercio de Viña del Mar

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra 12 empresas, entre ellas las distribuidoras regionales Chilquinta, Litoral y Edecsa, por no atender los llamados de tutores o pacientes electrodependientes que estuvieron sin suministro eléctrico durante el apagón del 25 de febrero, que dejó a cerca el 90% del país sin energía.

La investigación del regulador detectó que fueron, al menos, 782 los pacientes electrodependientes que realizaron 2.309 llamadas a sus respectivas empresas para informar que estaban sin suministro, sin lograr dicho objetivo. En el caso de Chilquinta, se trata de 65 clientes, siendo la segunda a nivel nacional tras Enel (666).

En lo que respecta a Chilquinta y Litoral también, junto con otras cuatro compañías a nivel país, fueron objeto de cargos por el mismo motivo, pero en el marco del sistema frontal que afectó a la zona centro sur, en agosto del año pasado.

En este punto, la SEC enfatizó que la Ley de Electrodependientes señala que las empresas eléctricas deben disponer de canales de contacto preferenciales para este tipo de pacientes. "Es lamentable que nuevamente estemos dando a conocer incumplimientos de las empresas con estos pacientes, los que deben ser prioritarios. (...) Estos procesos administrativos buscan generar un cambio de conducta en las empresas para que sus operaciones cumplan con las necesidades vitales de los electrodependientes", dijo la Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza.

Las empresas infractoras se exponen a multas que pueden llegar hasta las 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales), es decir, casi $8.200 millones para cada empresa, aunque el monto final de cada multa dependerá del mérito de la respectiva investigación.

Descargos de chilquinta

Desde Chilquinta comentaron que "hemos cumplido con toda la normativa supuestamente infringida. Estamos reuniendo todos los antecedentes para responder, a la brevedad, a la autoridad competente. Tenemos protocolos que se han cumplido, estrictamente, para atender a nuestros clientes con la premura necesaria, resguardando los requerimientos de la legislación vigente".

"Hemos cumplido con toda la normativa supuestamente infringida. Estamos reuniendo todos los antecedentes".

Chilquinta

El pasado 30 de abril se realizó la apertura económica de las ofertas en el marco de la licitación del estudio integral del proyecto de tren a Santiago.

Tras este nuevo filtro siguen en carrera las propuestas realizadas por cuatro empresas y consorcios. Ellos son Consultrans S.A., Agencia en Chile -Pini Group S.A. Agencia En Chile - Sustentable S.A., que presentó una oferta de $ 6.995 millones; IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.-Systra Agencia en Chile, con un monto de $ 14.179 millones; Técnica y Proyectos S.A. Agencia en Chile (Typsa), con $14.277 millones, y WSP Chile S.A.-Ingeniería y Economía Del Transporte S.A. Agencia en Chile (INECO), con $ 13.544 millones.

Hay que recordar que el monto máximo para este proceso es de $ 15.270 millones. Ante esto, ahora sólo queda ponderar las ofertas técnicas y económicas para adjudicar el estudio. Este análisis se complementará con la consultoría que se encuentra ya desarrollando el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).