Cristián Rojas M.

La Corte Suprema resolvió que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) deberá entregar la documentación relacionada con la ejecución de los recursos que le fueron transferidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para realizar programas de participación ciudadana de la Convención Constitucional. Dicha transferencia de recursos se materializó a través de la suscripción de un convenio entre ambas instituciones el 29 de diciembre de 2021.

La resolución se produce luego de que en noviembre de 2022 el Consejo para la Transparencia (CPLT) solicitara al CUECh acceso a la información señalada y este se negara a entregársela, argumentando que el CPLT carecía de competencias para ello y que la Ley de Transparencia no era aplicable a dicho consorcio. Asimismo, y en lugar de responder, la agrupación universitaria interpuso una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se declarara que el CPLT había actuado fuera de sus competencias y, en definitiva, se impidiera la entrega de los antecedentes requeridos. El tribunal, sin embargo, desestimó la acción, confirmando la competencia del CPLT.

Sujeto a las obligaciones

El CUECh apeló ante la Corte Suprema, tribunal que volvió a desestimar su posición, confirmando que el consorcio -en tanto organismo que administra fondos públicos y que cumple una función pública como "cooperador de la función Estatal"- está sujeto a las obligaciones de transparencia activa y pasiva establecidas en la Ley de Transparencia, y, en definitiva, debe entregar la información requerida.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, valoró esta decisión subrayando que "este fallo es sumamente relevante, pues confirma el criterio jurisprudencial que el CPLT ha venido aplicando. Si hay fondos públicos involucrados y se cumple una función pública administrativa, independiente de la forma jurídica que tenga la entidad privada, no hay excusa para el control social".

Por el apoyo que prestó el CUECh a la Convención Constitucional recibieron cerca de 1.000 millones de pesos de recursos fiscales.

El rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECh, Osvaldo Corrales, planteó que "este fallo obedece a un recurso de protección presentado por el CUECh cuyo propósito final era establecer que, en materia de transparencia, exista ley pareja, es decir, que todas las instituciones que reciben recursos públicos estén sujetas a esta ley. En el caso del sistema universitario esto es particularmente relevante, porque hay universidades privadas que manejan tantos o más recursos públicos que las estatales y, hasta ahora, han estado excluidas de la aplicación de la ley de transparencia".

"incluir a entes privados"

"En ese sentido, el fallo contiene elementos interesantes, puesto que en su parte resolutiva señala que la función pública no es exclusiva de órganos estatales tradicionales, sino que puede incluir a entes privados que colaboran en funciones públicas o que se financian significativamente con fondos públicos, los cuales, consecuentemente, quedan sujetos a las normas de la ley de transparencia", puntualizó Corrales.

En esa línea, añadió que "entendemos que, de ahora en adelante, la ciudadanía podrá pedir información a las universidades privadas a través del Consejo para la Transparencia y estas se verán obligadas a entregarla en función del razonamiento de la Corte Suprema. Suponemos que el CPLT hará valer el criterio contenido en este fallo".

Información disponible

Por otra parte, aseguró que "esa información ha estado siempre a disposición de la ciudadanía, primero a través del sitio web que en su día elaboró la propia Convención Constitucional y, luego, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es la entidad con la que el CUECh firmó el convenio en virtud del cual se ejecutaron esos fondos y a la que le correspondió aprobar la exhaustiva rendición que fue presentada respecto de ellos".

"Aclarado lo anterior, en este momento nos encontramos estudiando la mejor forma de dar cumplimiento al fallo, cuestión que debiera ocurrir dentro de los próximos días", adelantó.

Consultado sobre si la UV o la UPLA fueron parte de ese programa, Corrales indicó que "no. Los fondos fueron ejecutados directamente por la secretaría ejecutiva del CUECh, siempre a solicitud de las autoridades de la Convención. Es muy importante aclarar que era dicho órgano el que definía las actividades a las que debían destinarse esos recursos".

"Independiente de la forma jurídica que tenga la entidad privada, no hay excusa para el control social".

Bernardo Navarrete, Presidente del CPLT

"Entendemos que, de ahora en adelante, la ciudadanía podrá pedir información a las universidades privadas a través del CPLT".

Osvaldo Corrales, Rector UV y presidente CUECh

La comisión especial creada por la Cámara de Diputados para investigar los problemas surgidos con las listas de espera realizará una sesión especial en las dependencias del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el próximo lunes 5 de mayo.

Se trata de la última reunión programada por la instancia que se encuentra en su fase final de trabajo. El presidente de la comisión, diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), expuso que en la recta final del proceso ya se observan dos factores clave en este tema: sistemas informáticos antiguos y problemas en la formación de los profesionales de la salud.

Agregó que en la tarde del mismo lunes, en el edificio del Congreso, la comisión se reunirá con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para discutir los detalles del problema que aqueja a gran parte de los hospitales en el país.

Mínimo común

Respecto al trabajo de la instancia, el diputado indicó que "durante estos ya casi 75 días hemos recorrido gran parte del país. Hemos visitado el Hospital de Arica, donde sesionamos, así como Antofagasta, el Hospital de Coyhaique, Osorno, Temuco, el Hospital Sótero del Río y el Hospital El Carmen de Maipú". "Hemos tenido audiencia dentro del Congreso, donde hemos podido ver, por un lado, los problemas que son un mínimo común en materia de listas de espera en todo el país, así como problemas locales en hospitales muy importantes de Chile", agregó.

En ese sentido, adelantó que "esperamos tener sendas conclusiones que van de la mano, en primer lugar, desde la perspectiva de los sistemas informáticos que maneja el Ministerio de Salud, los Servicios de Salud, así como los hospitales, para manejar la lista de espera; lo precario que son, lo antiguo que son, lo desactualizados que están y cómo deben ser modernizados".

Política pública

Asimismo, se esperan "sendas conclusiones en materia de política pública, de especialistas, cómo y dónde se deben formar, cómo avanzar en la formación de estos y una serie de regulaciones que creo que deberían modificarse para que estos no puedan renunciar tan fácilmente a las devoluciones de sus especialidades en hospitales de nuestro país".

El parlamentario manifestó que esperan también "pronunciarnos respecto a que se debe avanzar en el proyecto de ley de GES automático para que este sea una realidad, así como otras iniciativas".

"Esperamos tener sendas conclusiones que van de la mano, desde la perspectiva de los sistemas informáticos".

Tomás Lagomarsino, Presidente de la comisión